"No quisisteis buena madre; pues tendréis mala madrastra". El núcleo duro del Gobierno en funciones; esto es, los principales responsables de la política económica de Mariano Rajoy, llevan días empaquetando entre sus pertenencias el amargo sabor de la decepción que han generado sus complejas relaciones de poder con los grandes empresarios del país. La probabilidad de que buena parte de la ciudadanía rechazase las medidas de ajuste formaba parte del guión, pero lo que nunca cabía imaginar era el afán de revancha y oportunismo con que la clase dirigente del mundo de los negocios estaba dispuesta a neutralizar las opciones del Partido Popular para renovar con garantías el mandato legislativo.
La maldición gitana se entona a medias como resentido epitafio y cruel testamento ahora que parece llegado el momento de pasar a la oposición. Aunque los milagros también caben en política, y más en la estrafalaria situación actual, la mayor parte de ministros y responsables económicos del PP llevan descontando desde hace días el escenario que casi todos provisionaron al cierre de la pasada legislatura, cuando decidieron incorporarse, por si acaso, en los primeros lugares de las candidaturas provinciales al Congreso. El único que no se apuntó a las listas fue Luis de Guindos, pero sabido es que el reino del todavía ministro de Economía nunca ha estado en el mundo de la política.
Pasar del banco azul al escaño de diputado raso debe resultar muy frustrante cuando se ha gobernado cuatro años con una mayoría absoluta, pero la travesía verdaderamente insólita por el desierto van a sufrirla todas esas terminales nerviosas del poder económico amparadas por un derecho consuetudinario que les ha permitido arrimar el ascua de la alta política a la sardina de sus particulares empresas. Muchos de ellos habían pinchado en hueso con Rajoyy no pocos se hicieron los dedos huéspedes pensando en el juego de futuras alianzas parlamentarias que obligarían a los inquilinos de Moncloa a salir de su torre de marfil permitiendo a la vez que los cortesanos de antaño pudieran renovar su tarjeta de acceso a Palacio.
La ronda con los lobbies más importantes del país ha servido para detectar la capacidad de influencia ejercida por diversos estamentos corporativos sobre el programa económico con que Ciudadanos ha concurrido a las elecciones. La luna de miel entre algunos empresarios de tronío y la formación que encabeza Albert Rivera se da por descontada en medios del Gobierno saliente. En el PP están convencidos de que algunos damnificados de la política reformista de estos últimos años han estado cebando la bomba para que el partido emergente de origen catalán saliera la mar de guapo en las encuestas de opinión, insuflando así el ánimo de los electores por subirse a un caballo que se suponía ganador.
Los responsables en funciones de la política económica reprochan la actitud pactista de la CEOE en sus últimos convenios con los sindicatos
La corriente de simpatía hacia Ciudadanos ha sido la factura que ha tenido que pagar el Gobierno en las urnas, pero que ahora puede ser peloteada otra vez a sus propios emisores si finalmente toma cuerpo el llamado 'Pacto de los Picapiedra'. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ya sea juntos o más bien revueltos, constituyen una amenaza insufrible para los mayores gestores financieros que han decidido, por lo pronto, paralizar sus decisiones de inversión hasta que se despejen las incertidumbres. Peor será si una vez aclarado el panorama el remedio se demuestra peor que la enfermedad y el grito de socorro termina produciendo una estampida económica ahora que los principales agentes sociales se las prometían tan felices con sus recientes y más generosos acuerdos salariales.
La actitud de la CEOE que preside Juan Rosell tampoco resulta muy edificante para los ideólogos económicos del Gobierno, que estos años se han batido el cobre defendiendo a capa y espada la doctrina de la devaluación interna. La cúpula patronal ha terminado abdicando de la fe ciega que aconsejaba mantener el control salarial como garantía de competitividad y los sindicatos han conseguido finalmente llevar a su terreno a los empresarios en la negociación de los últimos convenios. La UGT no ha tardado en capitalizar el éxito recordando que más de dos millones de trabajadores en España tienen ya garantizadas subidas del 1,22% para este año 2016.
Con la inflación situada en base cero y el escenario de caída en la cotización internacional de los precios del crudo cabía esperar algo más de resistencia por parte de los representantes empresariales. La experiencia demuestra que la burra vuelve al trigal a poco que el ambiente político relaja la tensión económica en un país que se ha mostrado capaz de crear más de medio millón de empleos en un año, pero que todavía tiene una tasa de paro escalofriante de más del 20%. Los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) indican claramente el camino a seguir pero el huracán de cambio que sopla en España está confundiendo la dirección del recorrido.
Al Partido Popular le han fallado los más cercanos, aquellos que se suponían con altura de miras para encarar la salida de la crisis como el objetivo sublime de la acción política. Al final se ha demostrado que no sólo de economía vive el Gobierno y menos si los exámenes electorales llegan cuando todavía no se ha superado del todo la fase de convalecencia. Demasiados resentimientos públicos y no pocos intereses privados se han alineado para castigar la tecnocracia imperante en la España de Rajoy. Queda la inercia de una economía que a duras penas aguantará un año si los vientos de cola persisten en el horizonte internacional. Además, claro está, de la conciencia tranquila por el deber cumplido, pero como diría Elvira Fernández, la mujer del presidente del Gobierno: “Eso, Mariano, de qué nos vale”.
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