"Quien no haya regularizado todavía, que se dé prisa, pagando las sanciones que conlleve, porque no prescribe la obligatoriedad de hacer esa declaración”. Esta reacción de Cristóbal Montoro a la publicación de 'Los papeles de Panamá por El Confidencial y La Sexta en España no puede ser más elocuente porque hace referencia a la regularización extraordinaria que ofreció Hacienda en 2012, es decir, la amnistía fiscal, y a la posterior declaración de bienes en el extranjero que todavía se puede realizar para evitar sanciones. Según consta en estos documentos, el grueso de los implicados en este escándalo se acogieron a dicha medida -de hecho, muchos de ellos lo han admitido al ser preguntados por sus sociedades 'offshore'-, por lo que ahora no afrontan ningún tipo de responsabilidad por la utilización de estos entramados.
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Como se recordará, la aministía fiscal permitió regularizar el dinero negro, tanto el que estaba en España como oculto en paraísos fiscales, pagando simplemente un 10% del patrimonio defraudado (y las ganancias anteriores a 2008 se consideraban prescritas, ya que se aplicó la norma general de prescripcióin a los cuatro años, con lo que el coste real fue mucho menor: en torno al 3% según algunas estimaciones). A cambio, los que se acogieran a esta regularización no podían ser objeto de inspección ni tampoco podían ser acusados de delito fiscal. De ahí que los propietarios de sociedades pantalla en Panamá declararan masivamente el patrimonio que ocultaban a través de las mismas y que, en consecuencia, no tengan cuentas pendientes con Hacienda. Así lo reconoció el jueves el propio Montoro en su comparecencia en el Congreso.
Y, una vez regularizadas las cuentas que ocultaban, no tenía sentido mantener abiertas las sociedades pantalla, así que sus titulares las disolvieron masivamente, tal como se refleja en numerosos de los documentos del despacho Mossack Fonseca obtenidos en la investigación que han liderado el Consorcio internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung'. Como ha explicado El Confidencial, estas sociedades en Panamá y otros centros 'offshore' se usaban principalmente para ocultar los titulares de cuentas bancarias en Suiza, Andorra o Mónaco. Por tanto, una vez que el titular había reconocido que la cuenta era suya, no necesitaba para nada la sociedad intermedia.
Lo habitual -y lo que aconsejaron masivamente los asesores fiscales y bancos especializados en altos patrimonios- fue aprovechar esta oportunidad de oro para ponerse al día con Hacienda sin apenas coste. Aunque también hubo quien pensó que, si no le habían pillado en muchos años, tampoco había razón para que le cogieran entonces.
A esos es a los que se dirigían las palabras del ministro animándoles a darse prisa, puesto que la amnistía se complementó con la obligación de declarar todos los bienes en el extranjero (el famoso modelo 720), que es lo que sigue vigente y que comporta fuertes sanciones de hasta el 150% del patrimonio oculto para quien no lo haga. Evidentemente, al salir en 'Los papeles de Panamá', la Agencia Tributaria ahora sí tiene elementos en su mano para sancionarles. En todo caso, Hacienda sí puede investigar a todos los casos que aparecen en estos documentos y, si encuentra bienes distintos de los regularizados, también puede imponer sanciones.
Cierre masivo de las sociedades
Para esta regularización masiva, Hacienda exigió que el titular real de las cuentas coincidiera con el titular jurídico, según reflejó en la orden ministerial que desarrolló el Real Decreto-ley 3/2012 (el de la amnistía). Eso que obligaba a "levantar el velo", es decir, a que los que tenían sociedades interpuestas reconocieran que eran suyas y se transfirieran los bienes. Para ello, se dio de plazo hasta finales de 2013. Entonces, los españoles que habían utilizado los servicios de Mossack Fonseca se dirigieron masivamente al bufete para solicitarle esa transferencia de las cuentas que estaban a nombre de las sociedades pantalla. Ahora bien, para darle más perentoriedad al asunto ("había que darle dramatismo para que los panameños cumplieran el plazo", según un asesor fiscal conocedor de la situación), muchos les dijeron que la Hacienda española exigía directamente un certificado de cierre de la sociedad, tal como se recoge en numerosos correos objeto de esta investigación.La aministía fiscal impulsada por el Gobierno del PP permitió regularizar el dinero negro pagando menos del 10% del patrimonio defraudado
En todo caso, este experto explica que mantener abiertas estas sociedades, meras carcasas, una vez transferidas las cuentas al verdadero titular, lo único que originaba eran gastos porque había que seguir pagando a los abogados que las habían creado. Además, había ciertos flecos jurídicos, porque en teoría la sociedad tenía un derecho de crédito frente a su dueño, ya que le había traspasado las cuentas sin recibir nada a cambio (y el dueño tenía una obligación frente a la sociedad). Al desaparecer la sociedad, el acreedor pasaba a ser el mismo que el deudor, lo que implica que esa obligación se extingue "por confusión", según el derecho español. Además, en la declaración de bienes en el extranjero había que consignar la sociedad panameña aunque su valor fuera cero.
Sociedades conjuntas por si el titular fallecía
Este proceso no estuvo exento de obstáculos para los implicados en estas prácticas. Por ejemplo, había casos de sociedades conjuntas con hijos o cónyuges, como salvaguarda para que, en el caso de fallecimiento del titular, pudieran retirar el dinero sus herederos. Al regularizar la situación, estos familiares también tuvieron que hacer la correspondiente declaración.En todo este proceso se utilizó el llamado Modelo A, un formulario que mantenían los bancos suizos con los datos del beneficiario real de cada cuenta bancaria más allá de la sociedad interpuesta, y que sirvió para acreditar la verdadera titularidad de las cuentas, algo que ya había ocurrido cuando el Gobierno socialista dio la oportunidad de regularizar a los integrantes de la famosa lista Falciani. Esta relación incluía los nombres de miles de defraudadores de todo el mundo con cuenta en el HSBC de Ginebra, y prácticamente todos los que aparecían tenían sociedades en lugares como Panamá, Islas Vírgenes o Liechtenstein. Muchas de ellas, a través de Mossack Fonseca.
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