Riopedre lo niega todo y solo admite que pidió a Igrafo trabajo para su hijo
"Yo no decidía qué empresas hacían las obras, yo no firmaba los pagos" // "Ninguna empresa me pagó viajes" // "En 22 años en la consejería de Educación nadie se quejó de nada" // "Pedí trabajo para mi hijo pero nunca a cambio de algo"
Lunes 25 de abril de 2016
El banquillo de los acusados por el caso Marea, con Marta Renedo sentada entre María Jesús Otero y José Luis Iglesias Riopedre.
Riopedre lo ha negado todo en su esperada declaración ante el juez. Ha rechazado que él decidiese qué empresas ejecutaban las obras de la Consejería de Educación, ha negado que le pagasen viajes y ha considerado "extraño" que durante los 22 años en los que ocupó cargos en la Consejería no recibiese ni una sola queda de directores de centro. "Algo ha tenido que pasar aquí", ha dicho. Lo único que ha reconocido es que pidió al dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, también procesado, que consiguiera un trabajo para su hijo, "pero nunca a cambio de algo", ha precisado.
"Decidíamos las obras pero quién las hacía lo decidía la mesa de contratación. Yo no firmaba los pagos", ha asegurado el exconsejero de Educación ante el juez del 'caso Marea'. "Quien decidía las obras que había que hacer éramos tres personas, la arquitecta jefa, la jefa de planificación (Otero) y yo como consejero", ha añadido. Riopedre ha considerado "extraño" que durante los 22 años en los que ocupó cargos en la Consejería de Educación (consejero desde 2003 a 2010) no recibió ni una sola queja de directores de centro por supuesto mobiliario comprando a Igrafo y Pumarín que nunca llegaba.
Durante su declaración este lunes en el juicio, Riopedre ha negado todas las irregularidades que se le atribuyen y ha explicado que si se contrataba la provisión de equipamientos a los centros educativos a estas empresas era porque estas siempre ocupaban los dos primeros puestos de los concursos de la Consejería de Hacienda.
Riopedre únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero. Ha afirmado que todos los procesados del caso, solo conoce a María Jesús Otero, a la que adjudicó un cargo en Educación por recomendación de Antonio Trevín, y a Víctor Manuel Muñiz, responsable de Igrafo, y solo "superficialmente" a Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín.
Su abogado ha hecho especial hincapié en las obras de instalación del sistema de calefacción geotérmica del IES de Infiesto, realizadas por Nora empresa también vinculada a Muñiz. El consejero ha explicado que conoció de esa empresa por mediación del director del Campus de Mieres, Antonio Bernardo, por relaciones de asesoramiento en materia geotérmica que había entre la firma y la Universidad.
La empresa posteriormente subcontrató en los mismos trabajos de Infiesto labores de sondeo a la empresa Geogal, del hijo de Riopedre. El consejero se ha desvinculado de la relación entre ambas empresas, que vinculó a la relación de su hijo con el sector de la Geotermia.
"Decidíamos las obras pero quién las hacía lo decidía la mesa de contratación. Yo no firmaba los pagos", ha asegurado el exconsejero de Educación ante el juez del 'caso Marea'. "Quien decidía las obras que había que hacer éramos tres personas, la arquitecta jefa, la jefa de planificación (Otero) y yo como consejero", ha añadido. Riopedre ha considerado "extraño" que durante los 22 años en los que ocupó cargos en la Consejería de Educación (consejero desde 2003 a 2010) no recibió ni una sola queja de directores de centro por supuesto mobiliario comprando a Igrafo y Pumarín que nunca llegaba.
Durante su declaración este lunes en el juicio, Riopedre ha negado todas las irregularidades que se le atribuyen y ha explicado que si se contrataba la provisión de equipamientos a los centros educativos a estas empresas era porque estas siempre ocupaban los dos primeros puestos de los concursos de la Consejería de Hacienda.
Sin sospechas
"Me extraña mucho que en el mundo educativo, tan reivindicativo, cuando un material significativo llegara y se pagara a las empresas, al final no se supiera. En 22 años que yo estuve en la Consejería no se recibió ni una sola queja, ni de eso ni de que se obligara a los directores de los centros a firmar o a poner un sello. Nunca sospeché de ninguna irregularidad", ha recalcado, para añadir que había "contentamiento por parte de los centros con el material que recibían". "Algo ha tenido que pasar aquí", ha añadido.Riopedre únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero. Ha afirmado que todos los procesados del caso, solo conoce a María Jesús Otero, a la que adjudicó un cargo en Educación por recomendación de Antonio Trevín, y a Víctor Manuel Muñiz, responsable de Igrafo, y solo "superficialmente" a Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín.
Relación con Muñiz
Su relación con Muñiz se debe, según Riopedre, a que la firma del empresario trabajaba mucho con la Consejería de Educación, y ha reconocido que en 2009 le pidió trabajo para su hijo "sin ofrecer nada a cambio". Ha dejado bien claro que las únicas contrataciones que firmaba como consejero de Educación eran las de obras superiores a 30.000 euros, y que la única excepción, fueron las obras de limpieza del centro de Arriondas, porque se debió a unas inundaciones. Ha recordado que la Ley de Contratación Pública faculta al consejero para realizar estas contrataciones de urgencia sin concurso público.Su abogado ha hecho especial hincapié en las obras de instalación del sistema de calefacción geotérmica del IES de Infiesto, realizadas por Nora empresa también vinculada a Muñiz. El consejero ha explicado que conoció de esa empresa por mediación del director del Campus de Mieres, Antonio Bernardo, por relaciones de asesoramiento en materia geotérmica que había entre la firma y la Universidad.
La empresa posteriormente subcontrató en los mismos trabajos de Infiesto labores de sondeo a la empresa Geogal, del hijo de Riopedre. El consejero se ha desvinculado de la relación entre ambas empresas, que vinculó a la relación de su hijo con el sector de la Geotermia.
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