¿Quiénes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012? El Congreso debate hoy cambiar la Ley para publicar sus nombres
- Quieren que los nombres de los amnistiados en 2012 se hagan públicos
- Además piden que la UE impulse una "lista negra" de paraísos fiscales
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El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.
El Pleno del Congreso debate este martes si hace falta modificar la Ley General Tributaria para poder publicar el nombre de los beneficiarios de la 'amnistía fiscal' de 2012, tal y como vuelve a solicitar el PSOE en plena polémica por los papeles de Panamá, en los que figuran contribuyentes españoles que, según el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, ya han regularizado su situación con el fisco gracias a dicho procedimiento.
La iniciativa socialista, que se incluyó en la primera batería de propuestas que registraron en la Cámara Baja al día siguiente de su Constitución, hace hincapié en que España "no tiene una elevada presión fiscal agregada" sino que el problema es que el peso de la recaudación tributaria "se concentra mucho sobre pocos contribuyentes y pocas bases imponibles", mayoritariamente las rentas del trabajo medias y bajas.
Por eso, hace falta una "nueva política fiscal que simplifique el sistema, haciéndolo más eficiente, y que promueva la transición hacia un nuevo modelo económico" a la par que se recupera el principio de equidad luchando "de forma decidida" contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal.
Más transparencia
Entre otras medidas, los socialistas plantean diversas líneas de actuación, comenzando por prohibir "de forma absoluta" futuras amnistías fiscales generalizadas o individuales, así como modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, "dentro de los límites constitucionales", para poder conocer los nombres de los defraudadores que se beneficiaron de la regularización extraordinaria de 2012.
En la misma línea, la iniciativa plantea hacer pública la identidad de los contribuyentes beneficiarios de incentivos fiscales a partir de ciertos umbrales, revisando este tipo de beneficios con carácter periódico. Los llamados 'tax ruling', por su parte, y los acuerdos de precios de transferencia fronterizos deberían modificarse a nivel comunitario para acabar con su opacidad.
Además, piden que la UE impulse una "lista negra" de paraísos fiscales, sujetos a sanciones consensuadas, y que se pacte en la OCDE y el G20 una estrategia internacional contra estos territorios. En el ámbito nacional, se debería exigir a los bancos que notifiquen a las autoridades qué clientes tienen cuentas en paraísos fiscales so pena de ser sancionados de no hacerlo, incluso con la retirada de la ficha bancaria.
De hecho, el PSOE plantea toda una revisión de los delitos tributarios para que todos sean considerados graves y estén sujetos, por tanto, a penas de prisión de dos a seis años, con un plazo de prescripción de una década.
También habría que ampliar el límite de efectivo que se puede utilizar en transacciones comerciales, mejorar el control de las Sicav con porcentajes de participación y tiempos máximos de permanencia de las plusvalías sin tributar, o endurecer el régimen de exención tributaria de los beneficios de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE).
Reforma fiscal
Por otra parte, el PSOE recoge en su iniciativa su promesa electoral de crear una comisión de expertos que analicen todo el régimen tributario para que en seis meses puedan presentar una propuesta de mejora que incorpore la riqueza al sistema general de tributación a partir de los Presupuestos de 2017.
Hasta entonces, abogan por aplicar las principales modificaciones del sistema fiscal que aparecían en su programa de las elecciones generales del pasado mes de diciembre, incluyendo un tipo mínimo común en todo el país para Sucesiones y Patrimonio, y un suelo del 15% en Sociedades hasta que sea reformado "en profundidad" para ensanchar las bases imponibles, revisando las exenciones en vigor.
Además, piden rebajar el tipo de IVA cultural, impulsar la puesta en marcha de un Impuesto a las Transacciones Financieras a nivel europeo y aplicar nuevos impuestos 'verdes' sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2), óxidos nitrosos (NOx), emisiones de los vehículos de motor, residuos industriales y peligrosos o tóxicos, y envases y bolsas.
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