La cantidad exacta que Conde y su entorno familiar recibieron entre 1999 y 2014 fue de 13.062.322,40 euros. Esa suma apareció en cuentas españolas ligadas al exbanquero mediante ingresos en efectivo (2,2 millones) y transferencias bancarias desde el extranjero (10,7 millones). La procedencia de esos fondos era Suiza, Reino Unido, Holanda, Luxembugo, Italia y Emiratos Árabes Unidos, países desde los que ocho sociedades -de las que Conde sería "administrador de hecho"- enviaban el dinero a tres empresas con sede en España regidas por sus dos hijos, Alejandra y Mario, su yerno, Fernando Guasch y otras personas de su máxima confianza. En todo el entramado tenía un papel principal el abogado De la Vega, que actuaba como representante de las firmas extranjeras que inyectaban el capital ya blanqueado.
El auto de Pedraz relata cómo Conde y su entorno actuaban como una organización criminal en cuya cúpula se encontraba el expresidente de Banesto. En un segundo escalón estaba su hija Alejandra, quien, según el juez, "coordinaría con este la operativa desarrollada". Alejandra y el otro hijo, Mario, son titulares al 50% de Black Royal Oak SL, una de las tres empresas españolas que recibían fondos evadidos. Los dos constan como consejeros, administradores y apoderados en otras sociedades controladas por Conde. Las otras dos mercantiles con domicilio en nuestro país usadas para recibir esas transferencias eran Barnacla SL y, a través de esta última, Oleificio Español SA.
Pedraz sitúa también como "persona de máxima confianza" de la trama a Francisco de Asís Cuesta Moreno. Su papel aparece ligado a Barnacla SL, de la que era presidente de la junta general de accionistas. Esa sociedad es fundamental para entender cómo llegaban los fondos a España ya blanqueados. Esa firma española amplió su capital en cinco ocasiones y en todas ellas fue la mercantil suiza Galloix Holding la que adquirió las acciones. Al final, esa sociedad helvética llegó a obtener 99,8% del capital de Barnacla. En total, esta última recibió en divisas 5,6 millones de euros.
Una de las empresas de la que procedían los fondos era la luxemburguesa GI Beteiligung. Se trata de la sociedad a la que Conde vendió en 2002 Can Poletà, el conjunto de tres fincas en Pollença (Mallorca) de las que era propietario y que fueron decomisadas por la Audiencia Nacional en la sentencia del caso Banesto al considerar que las adquiró con dinero distraído del banco. La venta a la firma de Luxemburgo, según Pedraz, tuvo por objeto eludir el embargo judicial. Los Conde siguieron disfrutándolas hasta 2012, cuando el tribunal, finalmente, les privó de ellas. Al hacerlo, la sección primera aseguró que el exbanquero había cometido un presunto alzamiento de bienes con la venta para evitar el pago de indemnizaciones. Sin embargo, los magistrados rehusaron perseguirlo al considerar que había prescrito. Ahora, Pedraz vuelve a imputarle ese delito.
La querella contra Mario Conde y otras 14 personas, presentada por Anticorrupción, tuvo su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales que reveló una operación sospechosa de blanqueo de dinero procedente de Suiza en septiembre de 2014. La fiscalía abrió entonces unas diligencias de investigación. La denuncia se presentó en la Audiencia Nacional el pasado 29 de marzo. Las indemnizaciones a pagar por Conde tras los casos Banesto y Argentia Trust ascendieron a 26 millones de euros de los que ha abonado 11,9 millones. La vuelta del exbanquero a prisión se produce ocho años después de que la abandonara tras cumplir sus condenas, por las que pasó algo más de 10 años entre rejas.
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