El Plan de Rajoy Brey...

Rajoy quiere formar un Gobierno de coalición con el PSOE que incluya a Sánchez +698

Mariano Rajoy contactará a partir de hoy con los líderes políticos —empezando por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez— para sondear su disponibilidad a apoyar o bien abstenerse en su investidura. Su opción preferida sería un Gobierno de coalición con los socialistas —al que Ciudadanos sería bienvenido— y en el que incluiría a Sánchez, según fuentes del Ejecutivo.

En una conferencia de prensa en Bruselas, tras la cumbre europea dedicada al Brexit, Rajoy insistió en que urge formar Gobierno y zanjar la interinidad que ha provocado que durante un año no se haya aprobado ni un solo proyecto de ley. Los problemas apremian, empezando por la propia salida del Reino Unido de la UE y pasando por la elaboración de los presupuestos de 2017, que deberían remitirse al Congreso antes del 1 de octubre. Debe haber Gobierno, asegura, a finales de julio o principios de agosto.
Pero cuatro días después de las segundas elecciones en seis meses se mantienen los mismos vetos: el PSOE no facilitará la investidura de Rajoy y Albert Rivera no apoyará un Ejecutivo presidido por el líder del PP. Los populares creen que tras la constitución de las Cortes, el 19 de julio, será más difícil soportar la presión de aparecer como responsable de una tercera cita con las urnas. En cualquier caso, si no es posible ese Gobierno de coalición, Rajoy insiste en que se le deje gobernar en minoría, ya que ha revalidado su victoria electoral y es la única fuerza que mejora resultados (14 escaños más).
Solo una vez que sondee la actitud de los restantes líderes —tarea que podría repartirse con Soraya Sáenz de Santamaría— y si fuera receptiva, Rajoy formaría una comisión negociadora para discutir un programa de Gobierno para cuatro años y la entrada en el Ejecutivo de representantes de otros partidos. Ya tras las elecciones de diciembre, Rajoy le llegó a ofrecer la vicepresidencia a Sánchez, según fuentes del Gobierno, aunque el PP desmintió un mes después del ofrecimiento público que lo hubiera hecho.

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Rajoy no ha querido adelantar qué concesiones estaría dispuesto a hacer para ganarse el voto, o la abstención, de los socialistas, Ciudadanos o algún otro partido, pero ha reiterado la plena vigencia de la genérica oferta de cinco pactos de Estado que hizo tras las elecciones del 20-D (crecimiento y empleo; pacto social; reforma fiscal y financiación autonómica; educación y fortalecimiento institucional) y está dispuesto a negociar otros asuntos en los que haya margen para el acuerdo.
Reforma constitucional

Ha comentado en más de una ocasión su disposición a “hablar” de la reforma de la Constitución con el PSOE, pero sabiendo por adelantado muy bien “para qué”. El PP teme que al abrir “ese melón” Unidos Podemos plantee un debate sobre monarquía o república. Los populares también ofrecerían la revisión del pacto de Toledo y de la ley de financiación autonómica —el PSOE gobierna siete comunidades—. “Hay que garantizar que el sistema sea lo menos fluctuante posible y a una bajada de ingresos no corresponda una bajada de prestaciones”, explica Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas. Y teniendo en cuenta que las comunidades en las que no gobierna el PP se han rebelado, en mayor o menor medida contra la ley educativa, el partido estaría dispuesto a “buscar un consenso para modificar aspectos” de la norma.
La retirada de Jorge Fernández-Díaz podría ser otra pieza negociadora. El Parlamento catalán destituyó ayer al jefe de la Oficina Antifraude por las grabaciones en las que conversa con el ministro del Interior sobre qué acusaciones pueden hacer “daño político” al soberanismo catalán.
La negociación incluiría la constitución de la Mesa del Congreso y la posibilidad de que vuelva a ser un socialista quien lo presida. Rajoy también ha manifestado su disposición a estudiar “cualquier propuesta” contra la corrupción. El PP está abierto a revisar los aforamientos, aunque sin eliminarlos del todo, porque, explica Levy, “son una forma de evitar que las denuncias se conviertan en un arma política”. Más difícil sería la negociación sobre la reforma laboral, que el PP considera “avalada por los datos de creación de empleo”.