Del horror griego al infierno turco
Fotos: Álvaro Ybarra Zavala / reportage by getty images -
XL Semanal
Quinientos refugiados ya han sido
expulsados por Europa de campos como este, en Grecia. Su destino:
Turquía, "un país seguro para ellos", afirma Bruselas. Los primeros
deportados lo desmienten. Aunque el Gobierno de Erdogan veta el acceso
de periodistas, ONG y abogados a sus centros de internamiento, tenemos
sus testimonios.
Hay una cosa por la que Ayasha Nour no quería volver a pasar nunca más: estar encerrada, no saber qué iba a ser de ella.
Esta profesora de francés, oriunda de Damasco, pasó 20 días en Moria, un campamento para refugiados en la isla griega de Lesbos. Dormía en una tienda abarrotada, muerta de hambre y de frío. Cuando preguntaba a los funcionarios griegos sobre su solicitud de asilo, no recibía más que buenas palabras. «Unas veces me decían que en una semana, otras que en un mes, otras que en un año...», cuenta Nour.
A finales de abril, la joven abandonó toda esperanza de llegar al norte de Europa y decidió regresar a Turquía. Agentes de Frontex, la agencia fronteriza europea, acompañaron a Nour y a otros 11 sirios en un vuelo desde Lesbos al sureste de Turquía. Nour cuenta que, antes de emprender viaje, los agentes le habían prometido que en Turquía podría solicitar protección y moverse libremente. Sin embargo, dice Nour, nada más aterrizar, a ella y a los demás retornados los trataron como si fuesen delincuentes.
Ahora lleva más de un mes en un campo de internamiento en Düzici, una ciudad cerca de la frontera entre Turquía y Siria. «Es como en Moria, solo que peor», asegura la joven en conversación telefónica. No quiere que se publique su nombre real por miedo a los guardias turcos. Su intención era reunirse con su marido en Londres. Está embarazada, pero no le permiten abandonar el campo de Düzici; tampoco ver a un médico o a un abogado. «No sé qué haré cuando por fin me dejen libre», comenta.
El
confinamiento de los sirios está planteando nuevas dudas sobre el
polémico acuerdo entre la UE y Turquía para el retorno de los
refugiados. Todo parece indicar que está a punto de romperse tres meses
después de su firma. La UE le prometió al presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, seis mil millones de euros y concesiones políticas a cambio de
que su Gobierno aceptara de vuelta a los migrantes que consiguieran
llegar a Grecia desde Turquía a partir de la madrugada del pasado 20 de
marzo. En una carta dirigida a la Comisión, Ankara se
comprometía, entre otras cosas, a garantizar la seguridad de los
retornados sirios.
La canciller alemana, Angela Merkel, principal impulsora del acuerdo, lo alabó como una alternativa humanitaria al cierre de las fronteras interiores europeas. El hecho de que los primeros sirios devueltos desde Grecia a Turquía en virtud de lo acordado acabaran en centros de internamiento no solo constituye una violación del derecho internacional sobre los refugiados, sino una afrenta contra los líderes europeos.
Hay cientos de refugiados encerrados en Düzici. A diferencia de Nour, muchos de ellos ni siquiera habían conseguido llegar hasta Grecia. Algunos fueron retenidos arbitrariamente en Turquía, otros lo fueron por mendigar o vender pañuelos de papel por las calles, según informa Mülteci-Der, una organización turca de protección de los derechos humanos.
Comida llena de bichos.
Una mujer de Alepo, deportada a Düzici desde Lesbos con sus cuatro hijos, se queja de que las instalaciones están masificadas y la comida, llena de bichos. Su hijo sufre problemas respiratorios. Un recluso intentó quitarse la vida con un cristal. «Düzici es el infierno», remata con voz ahogada. Las autoridades turcas afirman que los sirios serán puestos en libertad una vez concluyan las comprobaciones de seguridad.
Las organizaciones humanitarias advierten de que los derechos de los migrantes que regresan a Turquía desde Grecia no están garantizados. Los pakistaníes, afganos y argelinos que fueron expulsados de Lesbos y Chios a comienzos de abril acabaron casi todos en un centro de expulsión en Kirklareli, en la frontera entre Turquía y Bulgaria.
Periodistas, ONG o abogados tienen el acceso prohibido a estas instalaciones. A muchos de los recluidos solo se les permite salir de sus 'celdas' unos minutos al día. Desde Mülteci-Der critican que se les niegue sistemáticamente el acceso a los procedimientos de solicitud de asilo.
Las recientes informaciones sobre detenciones de sirios hacen dudar incluso a los más firmes partidarios del acuerdo con Turquía. El internamiento de personas demandantes de protección cuestiona una premisa del acuerdo, según sostiene Gerald Knaus, director del think tank internacional European Stability Initiative. Esa premisa es «que los refugiados expulsados de Grecia están más seguros en Turquía». La organización de Knaus tuvo un papel destacado en la elaboración del acuerdo con Turquía y asesora también a varios estados miembros de la UE.
LA 'INOCENCIA' DE BRUSELAS.
La UE pensó que Grecia emplearía procedimientos rápidos para enviar a los migrantes de vuelta a Turquía en cuestión de días, pero en estos momentos nada va rápido. Los funcionarios y jueces encargados de los temas de asilo tienen reservas a la hora de reconocer a Turquía como «país tercero seguro», tal y como exige Bruselas. Comparten las dudas de los defensores de los derechos humanos y expertos juristas, que han denunciado repetidamente las condiciones de vida a las que están sometidos los migrantes en Turquía.
La afirmación de que Turquía es un país seguro para los refugiados resulta cada vez más difícil de sostener. Según Amnistía Internacional, en los últimos meses las autoridades turcas habrían deportado a cientos de refugiados de vuelta a Siria. Human Rights Watch documentó en mayo cinco casos de refugiados sirios abatidos mientras intentaban entrar en Turquía, supuestamente por disparos de tropas fronterizas turcas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado de 16 fallecimientos en la frontera turco-siria entre los meses de diciembre y marzo.
Desde primeros de abril, la UE ha devuelto a Turquía poco más de 400 migrantes desde Grecia, muchos menos de los previstos. Al menos ocho mil refugiados se encuentran todavía en las islas del Egeo; un tercio de ellos son sirios. La Comisión Europea estima que los juzgados de apelación griegos podrían paralizar en torno a un tercio de los procedimientos de expulsión, «lo que afecta al núcleo del acuerdo», como afirma un alto funcionario de Bruselas.
Para Europa, el acuerdo con Turquía tiene fines disuasorios. De hecho, a lo largo de las últimas semanas han sido bastantes los migrantes que han renunciado a viajar a Grecia desde Turquía por miedo a ser devueltos. Pero, si se comprobara que los griegos siguen siendo incapaces de expulsar a los migrantes con la celeridad que se pensaba, es probable que muchos de ellos decidan arriesgarse a cruzar el mar, según predice Metin Corabatir, presidente del IGAM, el Instituto de Investigación para el Asilo y las Migraciones de Ankara.
Los campamentos en las islas griegas siguen llenos a reventar. La comida escasea, los refugiados prenden fuego a los contenedores de basura como protesta por las condiciones de reclusión. «No sabemos qué hacer si vienen más personas», dice un funcionario del Ministerio de Emigración griego. El asesor político Gerald Knaus habla de «una catástrofe anunciada».
A pesar de todo esto, la Unión Europea sigue aferrándose al acuerdo. Al mismo tiempo, las relaciones entre Bruselas y Ankara son cada vez peores. Erdogan amenaza con denunciar el acuerdo si la UE le niega a Turquía la exención de visado. Los europeos replican que Ankara primero debería reformar su ley antiterrorista, según lo acordado.
El presidente turco no desaprovecha ninguna ocasión para evidenciar que la opinión de los europeos le trae sin cuidado; por ejemplo, poniendo en marcha su plan de suspender la inmunidad a parlamentarios incómodos para poder neutralizarlos con ayuda de la justicia. Por otro lado, con la defenestración del primer ministro Ahmet Davutoglu, hace un mes, los europeos se han quedado sin un interlocutor razonable. El hombre designado como su sucesor, el ya exministro de Transportes Binali Yildirim, está considerado un leal seguidor del presidente Erdogan.
LO QUE DIGA ERDOGAN.
Turcos y europeos se enfrentan por otro de los puntos centrales del acuerdo: la selección de los refugiados sirios que pueden pasar a Europa en función del llamado Mecanismo 1:1. Según lo establecido, los estados de la UE se comprometen a aceptar la entrada desde Turquía de un refugiado sirio por cada uno de los llegados por mar a Grecia que Ankara acoja de vuelta. El problema es que la UE reconoció a Turquía unas prerrogativas en el proceso de selección poco habituales en el ámbito internacional. Normalmente, son los expertos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) quienes deciden cuáles son las personas adecuadas para acceder al denominado 'reasentamiento'. Así se ha hecho en los programas de acogida desarrollados en Jordania y Líbano.
Sin embargo, el Gobierno de Erdogan ha impuesto que un organismo del Ministerio del Interior turco pueda llevar a cabo una primera selección para, a continuación, facilitar los nombres de los elegidos a Acnur. Oficialmente, se habla de un procedimiento abreviado que tiene lugar «de acuerdo tanto con las autoridades turcas como con los países de acogida».
Oficiosamente, empleados de Acnur informan de que prácticamente se limitan a ponerle un sello de aprobación a las listas que Turquía les presenta. No tienen derecho de veto y tampoco pueden proponer candidatos propios. Los países de acogida entran en juego al final del proceso y, tras una comprobación de seguridad, solo les queda la opción de decir sí o no a los candidatos. «El procedimiento es totalmente opaco», se lamenta un funcionario.
EXPULSAR A LOS ENFERMOS.
Esta polémica también presenta rasgos de puro cinismo: los países de la UE acordaron con Turquía que la selección debería realizarse de una forma equilibrada, para que entre los elegidos hubiese todo tipo de casos. Las personas traumatizadas y enfermas deberían contar con recibir la autorización, por supuesto, pero no solo ellas, sino también aquellas que ya tengan familiares residiendo en Europa, por ejemplo.
Sin embargo, muchos gobiernos europeos están descubriendo que entre los candidatos que les presentan para autorizar la acogida hay un número especialmente elevado de casos delicados. En una reunión interna de la UE celebrada en Bruselas a finales de abril, el representante de Luxemburgo denunció que las primeras listas de nombres propuestos por Turquía no eran equilibradas, «sino que correspondían a casos médicos graves o a refugiados con un nivel muy bajo de formación».
Por si fuera poco, las autoridades turcas han venido revocando en el último minuto numerosos permisos de salida ya tramitados. Curiosamente, se trata sobre todo de familias cuyos padres son ingenieros, médicos o trabajadores especializados con una excelente formación. Los funcionarios de Berlín, La Haya o Luxemburgo saben de la existencia de estos casos. Mientras, Turquía ha comunicado oficialmente a Acnur que los profesores universitarios y sus familias ya no pueden salir del país a través del Mecanismo 1:1.
Algunos países de la UE ya plantearon su temor ante este escenario cuando se negociaba el acuerdo. En conversaciones internas, Alemania pidió que se introdujera un «límite para casos médicos graves», mientras que Luxemburgo advertía que convendría «supervisar el equilibrio» de las listas. A pesar de ello, al final no se impuso en las negociaciones un límite para este tipo de casos extremos.
Hasta la fecha no llegan a 400 los sirios trasladados de Turquía a Europa, pero esta polémica sobre la selección de los refugiados no presagia nada bueno. Lo previsto era que la UE acogiera hasta 72.000 refugiados sirios en el marco de este acuerdo de reasentamiento. También se contaba con que otros países se mostraran dispuestos a acoger refugiados, pero actualmente solo cuatro de 28 miembros de la UE se han sumado a Alemania. Todos los demás boicotean el acuerdo de la Unión Europea con Tayyip Erdogan.
Refugiados en el limbo
Tras el cierre generalizado de las fronteras europeas a los refugiados hace unos meses, más de 50.000 personas -cifra del Gobierno de Atenas- se han quedado 'atrapadas' en territorio heleno. Malviven repartidas en más de 30 campos como este de Katsikas -uno de los más grandes, cercano a la frontera con Albania-, vigiladas por el Ejército y la Policía y atendidas por ONG. Se encuentran en una especie de limbo, a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo o bien sean enviadas a Turquía o devueltas a sus países de origen.
Promesas que trae el viento
En los campos diseminados por Grecia, los refugiados se sienten abandonados, como si las autoridades ya hubieran hecho bastante con darles un lugar donde quedarse. «Cuando el acuerdo con Turquía funcione, se detenga el flujo y se estabilice la población refugiada promete Dimitris Vitsas, figura clave de Syriza y del Gobierno, podremos atender a esta gente y ver quiénes se quedan en Grecia y en otros países de Europa».
Niños abandonados
El 30 por ciento de la población del campo de refugiados de Katsikas son niños. Como el resto de sus familias, han sido abandonados a su suerte en este antiguo aeródromo militar. Muchos de ellos están solos otros llegan de la mano de algún pariente o con un conocido y son presa fácil para las mafias.
Condenados a salvar la vida
En el campo griego de Katsikas viven más de mil personas entre sirios, iraquíes, afganos y kurdos. Los conflictos entre ellos son frecuentes por sus diferencias culturales, la lucha por el control de los escasos recursos y la poca ayuda humanitaria que llega al campamento. Muchos de los habitantes del campo son médicos, ingenieros, empresarios... Sienten que les han robado la vida; que les han fallado a sus hijos. «No hemos hecho nada malo, tan solo salvar la vida y la de mi familia», es la frase que más se repite cuando llega algún visitante.
Reportaje elaborado por: Riham Alkousaa, Giorgos Christides, Ann-Katrin Müller, Peter Müller, Maximilian Popp, Christoph Schult y Wolf Wiedmann-Schmidt.
Esta profesora de francés, oriunda de Damasco, pasó 20 días en Moria, un campamento para refugiados en la isla griega de Lesbos. Dormía en una tienda abarrotada, muerta de hambre y de frío. Cuando preguntaba a los funcionarios griegos sobre su solicitud de asilo, no recibía más que buenas palabras. «Unas veces me decían que en una semana, otras que en un mes, otras que en un año...», cuenta Nour.
A finales de abril, la joven abandonó toda esperanza de llegar al norte de Europa y decidió regresar a Turquía. Agentes de Frontex, la agencia fronteriza europea, acompañaron a Nour y a otros 11 sirios en un vuelo desde Lesbos al sureste de Turquía. Nour cuenta que, antes de emprender viaje, los agentes le habían prometido que en Turquía podría solicitar protección y moverse libremente. Sin embargo, dice Nour, nada más aterrizar, a ella y a los demás retornados los trataron como si fuesen delincuentes.
Ahora lleva más de un mes en un campo de internamiento en Düzici, una ciudad cerca de la frontera entre Turquía y Siria. «Es como en Moria, solo que peor», asegura la joven en conversación telefónica. No quiere que se publique su nombre real por miedo a los guardias turcos. Su intención era reunirse con su marido en Londres. Está embarazada, pero no le permiten abandonar el campo de Düzici; tampoco ver a un médico o a un abogado. «No sé qué haré cuando por fin me dejen libre», comenta.
La canciller alemana, Angela Merkel, principal impulsora del acuerdo, lo alabó como una alternativa humanitaria al cierre de las fronteras interiores europeas. El hecho de que los primeros sirios devueltos desde Grecia a Turquía en virtud de lo acordado acabaran en centros de internamiento no solo constituye una violación del derecho internacional sobre los refugiados, sino una afrenta contra los líderes europeos.
Hay cientos de refugiados encerrados en Düzici. A diferencia de Nour, muchos de ellos ni siquiera habían conseguido llegar hasta Grecia. Algunos fueron retenidos arbitrariamente en Turquía, otros lo fueron por mendigar o vender pañuelos de papel por las calles, según informa Mülteci-Der, una organización turca de protección de los derechos humanos.
Comida llena de bichos.
Una mujer de Alepo, deportada a Düzici desde Lesbos con sus cuatro hijos, se queja de que las instalaciones están masificadas y la comida, llena de bichos. Su hijo sufre problemas respiratorios. Un recluso intentó quitarse la vida con un cristal. «Düzici es el infierno», remata con voz ahogada. Las autoridades turcas afirman que los sirios serán puestos en libertad una vez concluyan las comprobaciones de seguridad.
Las organizaciones humanitarias advierten de que los derechos de los migrantes que regresan a Turquía desde Grecia no están garantizados. Los pakistaníes, afganos y argelinos que fueron expulsados de Lesbos y Chios a comienzos de abril acabaron casi todos en un centro de expulsión en Kirklareli, en la frontera entre Turquía y Bulgaria.
Periodistas, ONG o abogados tienen el acceso prohibido a estas instalaciones. A muchos de los recluidos solo se les permite salir de sus 'celdas' unos minutos al día. Desde Mülteci-Der critican que se les niegue sistemáticamente el acceso a los procedimientos de solicitud de asilo.
Las recientes informaciones sobre detenciones de sirios hacen dudar incluso a los más firmes partidarios del acuerdo con Turquía. El internamiento de personas demandantes de protección cuestiona una premisa del acuerdo, según sostiene Gerald Knaus, director del think tank internacional European Stability Initiative. Esa premisa es «que los refugiados expulsados de Grecia están más seguros en Turquía». La organización de Knaus tuvo un papel destacado en la elaboración del acuerdo con Turquía y asesora también a varios estados miembros de la UE.
LA 'INOCENCIA' DE BRUSELAS.
La UE pensó que Grecia emplearía procedimientos rápidos para enviar a los migrantes de vuelta a Turquía en cuestión de días, pero en estos momentos nada va rápido. Los funcionarios y jueces encargados de los temas de asilo tienen reservas a la hora de reconocer a Turquía como «país tercero seguro», tal y como exige Bruselas. Comparten las dudas de los defensores de los derechos humanos y expertos juristas, que han denunciado repetidamente las condiciones de vida a las que están sometidos los migrantes en Turquía.
La afirmación de que Turquía es un país seguro para los refugiados resulta cada vez más difícil de sostener. Según Amnistía Internacional, en los últimos meses las autoridades turcas habrían deportado a cientos de refugiados de vuelta a Siria. Human Rights Watch documentó en mayo cinco casos de refugiados sirios abatidos mientras intentaban entrar en Turquía, supuestamente por disparos de tropas fronterizas turcas. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha informado de 16 fallecimientos en la frontera turco-siria entre los meses de diciembre y marzo.
Desde primeros de abril, la UE ha devuelto a Turquía poco más de 400 migrantes desde Grecia, muchos menos de los previstos. Al menos ocho mil refugiados se encuentran todavía en las islas del Egeo; un tercio de ellos son sirios. La Comisión Europea estima que los juzgados de apelación griegos podrían paralizar en torno a un tercio de los procedimientos de expulsión, «lo que afecta al núcleo del acuerdo», como afirma un alto funcionario de Bruselas.
Para Europa, el acuerdo con Turquía tiene fines disuasorios. De hecho, a lo largo de las últimas semanas han sido bastantes los migrantes que han renunciado a viajar a Grecia desde Turquía por miedo a ser devueltos. Pero, si se comprobara que los griegos siguen siendo incapaces de expulsar a los migrantes con la celeridad que se pensaba, es probable que muchos de ellos decidan arriesgarse a cruzar el mar, según predice Metin Corabatir, presidente del IGAM, el Instituto de Investigación para el Asilo y las Migraciones de Ankara.
Los campamentos en las islas griegas siguen llenos a reventar. La comida escasea, los refugiados prenden fuego a los contenedores de basura como protesta por las condiciones de reclusión. «No sabemos qué hacer si vienen más personas», dice un funcionario del Ministerio de Emigración griego. El asesor político Gerald Knaus habla de «una catástrofe anunciada».
A pesar de todo esto, la Unión Europea sigue aferrándose al acuerdo. Al mismo tiempo, las relaciones entre Bruselas y Ankara son cada vez peores. Erdogan amenaza con denunciar el acuerdo si la UE le niega a Turquía la exención de visado. Los europeos replican que Ankara primero debería reformar su ley antiterrorista, según lo acordado.
El presidente turco no desaprovecha ninguna ocasión para evidenciar que la opinión de los europeos le trae sin cuidado; por ejemplo, poniendo en marcha su plan de suspender la inmunidad a parlamentarios incómodos para poder neutralizarlos con ayuda de la justicia. Por otro lado, con la defenestración del primer ministro Ahmet Davutoglu, hace un mes, los europeos se han quedado sin un interlocutor razonable. El hombre designado como su sucesor, el ya exministro de Transportes Binali Yildirim, está considerado un leal seguidor del presidente Erdogan.
LO QUE DIGA ERDOGAN.
Turcos y europeos se enfrentan por otro de los puntos centrales del acuerdo: la selección de los refugiados sirios que pueden pasar a Europa en función del llamado Mecanismo 1:1. Según lo establecido, los estados de la UE se comprometen a aceptar la entrada desde Turquía de un refugiado sirio por cada uno de los llegados por mar a Grecia que Ankara acoja de vuelta. El problema es que la UE reconoció a Turquía unas prerrogativas en el proceso de selección poco habituales en el ámbito internacional. Normalmente, son los expertos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) quienes deciden cuáles son las personas adecuadas para acceder al denominado 'reasentamiento'. Así se ha hecho en los programas de acogida desarrollados en Jordania y Líbano.
Sin embargo, el Gobierno de Erdogan ha impuesto que un organismo del Ministerio del Interior turco pueda llevar a cabo una primera selección para, a continuación, facilitar los nombres de los elegidos a Acnur. Oficialmente, se habla de un procedimiento abreviado que tiene lugar «de acuerdo tanto con las autoridades turcas como con los países de acogida».
Oficiosamente, empleados de Acnur informan de que prácticamente se limitan a ponerle un sello de aprobación a las listas que Turquía les presenta. No tienen derecho de veto y tampoco pueden proponer candidatos propios. Los países de acogida entran en juego al final del proceso y, tras una comprobación de seguridad, solo les queda la opción de decir sí o no a los candidatos. «El procedimiento es totalmente opaco», se lamenta un funcionario.
EXPULSAR A LOS ENFERMOS.
Esta polémica también presenta rasgos de puro cinismo: los países de la UE acordaron con Turquía que la selección debería realizarse de una forma equilibrada, para que entre los elegidos hubiese todo tipo de casos. Las personas traumatizadas y enfermas deberían contar con recibir la autorización, por supuesto, pero no solo ellas, sino también aquellas que ya tengan familiares residiendo en Europa, por ejemplo.
Sin embargo, muchos gobiernos europeos están descubriendo que entre los candidatos que les presentan para autorizar la acogida hay un número especialmente elevado de casos delicados. En una reunión interna de la UE celebrada en Bruselas a finales de abril, el representante de Luxemburgo denunció que las primeras listas de nombres propuestos por Turquía no eran equilibradas, «sino que correspondían a casos médicos graves o a refugiados con un nivel muy bajo de formación».
Por si fuera poco, las autoridades turcas han venido revocando en el último minuto numerosos permisos de salida ya tramitados. Curiosamente, se trata sobre todo de familias cuyos padres son ingenieros, médicos o trabajadores especializados con una excelente formación. Los funcionarios de Berlín, La Haya o Luxemburgo saben de la existencia de estos casos. Mientras, Turquía ha comunicado oficialmente a Acnur que los profesores universitarios y sus familias ya no pueden salir del país a través del Mecanismo 1:1.
Algunos países de la UE ya plantearon su temor ante este escenario cuando se negociaba el acuerdo. En conversaciones internas, Alemania pidió que se introdujera un «límite para casos médicos graves», mientras que Luxemburgo advertía que convendría «supervisar el equilibrio» de las listas. A pesar de ello, al final no se impuso en las negociaciones un límite para este tipo de casos extremos.
Hasta la fecha no llegan a 400 los sirios trasladados de Turquía a Europa, pero esta polémica sobre la selección de los refugiados no presagia nada bueno. Lo previsto era que la UE acogiera hasta 72.000 refugiados sirios en el marco de este acuerdo de reasentamiento. También se contaba con que otros países se mostraran dispuestos a acoger refugiados, pero actualmente solo cuatro de 28 miembros de la UE se han sumado a Alemania. Todos los demás boicotean el acuerdo de la Unión Europea con Tayyip Erdogan.
Refugiados en el limbo
Tras el cierre generalizado de las fronteras europeas a los refugiados hace unos meses, más de 50.000 personas -cifra del Gobierno de Atenas- se han quedado 'atrapadas' en territorio heleno. Malviven repartidas en más de 30 campos como este de Katsikas -uno de los más grandes, cercano a la frontera con Albania-, vigiladas por el Ejército y la Policía y atendidas por ONG. Se encuentran en una especie de limbo, a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo o bien sean enviadas a Turquía o devueltas a sus países de origen.
Promesas que trae el viento
En los campos diseminados por Grecia, los refugiados se sienten abandonados, como si las autoridades ya hubieran hecho bastante con darles un lugar donde quedarse. «Cuando el acuerdo con Turquía funcione, se detenga el flujo y se estabilice la población refugiada promete Dimitris Vitsas, figura clave de Syriza y del Gobierno, podremos atender a esta gente y ver quiénes se quedan en Grecia y en otros países de Europa».
Niños abandonados
El 30 por ciento de la población del campo de refugiados de Katsikas son niños. Como el resto de sus familias, han sido abandonados a su suerte en este antiguo aeródromo militar. Muchos de ellos están solos otros llegan de la mano de algún pariente o con un conocido y son presa fácil para las mafias.
Condenados a salvar la vida
En el campo griego de Katsikas viven más de mil personas entre sirios, iraquíes, afganos y kurdos. Los conflictos entre ellos son frecuentes por sus diferencias culturales, la lucha por el control de los escasos recursos y la poca ayuda humanitaria que llega al campamento. Muchos de los habitantes del campo son médicos, ingenieros, empresarios... Sienten que les han robado la vida; que les han fallado a sus hijos. «No hemos hecho nada malo, tan solo salvar la vida y la de mi familia», es la frase que más se repite cuando llega algún visitante.
Reportaje elaborado por: Riham Alkousaa, Giorgos Christides, Ann-Katrin Müller, Peter Müller, Maximilian Popp, Christoph Schult y Wolf Wiedmann-Schmidt.
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