La temperatura social aumenta en Francia
Los sindicatos denuncian una estrategia de criminalización de las protestas por parte del Gobierno, que amenaza con prohibir las manifestaciones contra la reforma laboral.
Intervención de la Policía en la manifestación del 14-J en París. TERESA SUÁREZ
La temperatura social en Francia continúa en aumento tras un intento de negociación fallido entre los sindicatos y el Gobierno el pasado viernes, tres días después de la novena huelga general del año. Durante la movilización más masiva desde que comenzó la contestación contra la reforma del código laboral, se produjeron altercados violentos, que han servido a Manuel Valls, ministro del Exterior francés, para justificar la violencia usada por la Policía, deslegitimar este movimiento social y acusar al sindicato de la CGT de colaboración con los agitadores durante la marcha. La CGT, que es uno de los siete sindicatos organizadores (junto con FO, FSU, Solidaires, Unef, Fidl, UNL), negó cualquier implicación con dichos actos violentos y condenó el uso de estas prácticas que pretenden empañar la amplitud que está tomando la indignación francesa.
Los sindicatos, que mantienen una lucha continuada desde hace cuatro meses, explican que unos 600 autobuses con activistas llegaron a la capital francesa para la manifestación del 14 de junio. La primera parte de la marcha se desarrolló de forma relativamente tranquila, exceptuando los incidentes con los alborotadores, pero los mayores enfrentamientos comenzaron al llegar a las inmediaciones de la estación Montparnasse. La Policía bloqueó el paso tratando de dividir la manifestación, según relata David -nombre ficticio- a La Marea, un estudiante que ya fue herido por un proyectil en la cabeza durante la marcha del 1 de mayo. “Desde ese momento todo fue gas y pelotas de goma por un lado, pintura y piedras del otro”, afirma este joven, que asegura que los enfrentamientos entre policía y manifestantes fueron disueltos cuando el cañón de agua de los agentes entró en escena. “A partir de ese momento la violencia fue mayormente policial y utilizaban el cañón contra cualquiera que no avanzase al ritmo que ellos marcaban”, añade.
Muchos de los manifestantes condenan el silencio del Gobierno en relación con una violenta respuesta policial que consideran desmesurada. Según David, el discurso del Gobierno se ha centrado en los destrozos de los alborotadores para desacreditar la lucha social y para no hablar de lo masivas que fueron las protestas. Los destrozos provocados en el mobiliario público y privado han monopolizado la mayoría de la información difundida. En concreto, los daños perpetrados contra el hospital infantil Necker han sido el estandarte de Valls contra la movilización sindical. “La insistencia del Gobierno sobre los cristales dañados, que no rotos, del hospital para tratar de enfrentar a la ciudadanía ha sido despreciable”, afirma el estudiante.
En esta estrategia de criminalización de las protestas que denuncian los sindicatos, el Gobierno ha amenazado con prohibir cualquier manifestación sindical respaldándose en el aún vigente estado de emergencia decretado tras los atentados de noviembre. “Amenazar con prohibir las manifestaciones es la señal de un gobierno desesperado”, declaró Olivier Muñoz en nombre del sindicato de la CGT, que emitió un comunicado de condena de todas las formas de violencia durante las manifestaciones en el que anunciaba, además, que las manifestaciones programadas para el 23 y el 28 de junio continúan en pie. “Valls debería preocuparse por escuchar a sus ciudadanos indignados en lugar de estar cargando contra la CGT”, afirmó Martinez.
Violaciones de libertades sindicales
La Confederación Sindical Internacional ha incluido a Francia en su informe sobre las violaciones de libertades sindicales de 2016. Numerosos son ya los activistas que se encuentran en procesos judiciales por su implicación en las movilizaciones. 130 personas detenidas en otras manifestaciones tenían vetada la participación en la marcha del 14-J y, pasada la movilización, 58 personas fueron interpeladas. 41 de ellas permanecen en arresto domiciliario mientras que otras 10 ya han sido condenadas a seis meses de prisión por participar en los enfrentamientos violentos. Entre los detenidos figura un militante de la CGT, Cédric Crozet, que aún no ha sido sometido a juicio y, según los datos oficiales, unas 40 personas resultaron heridas entre policías y manifestantes. Uno de ellos permanece ingresado en el hospital después de que una granada de la policía le perforase la nuca. Michel Cadot, prefecto de la Policía de París, reconoció que los cuerpos de seguridad utilizaron 1.500 granadas, 175 bombas lacrimógenas y un camión con cañón de agua, “medios de defensa importantes e inusitados en París”, según Cadot.
Las encuestas del Instituto Francés de Opinión Pública muestran que un 60% de los franceses apoyan las protestas contra la ley del trabajo y consideran que las huelgas y manifestaciones están justificadas. La CGT denuncia la irracionalidad de la amenaza de prohibirlas, mientras que de forma paralela el país vive otros altercados violentos provocados por los aficionados desplazados de la Eurocopa sin que el Gobierno se plantee prohibir la libre circulación de estos “hooligans”, como el sindicato los denomina. El sábado 11 de junio Marsella vivió intensos enfrentamientos entre ultras rusos e ingleses tras el partido de sus selecciones que se saldó con 8 detenidos y 35 heridos, uno en estado grave. Al mismo tiempo, la CGT anunció este viernes la anulación de una reunión sindical por presión del Ayuntamiento local que afirmó no poder garantizar la seguridad pública si se diese un encuentro entre los manifestantes y los forofos que acompañarían un partido de fútbol ese mismo día en la ciudad.
Sin acuerdo
“Los desacuerdos se confirman”, afirmaba Phillippe Martínez este viernes después de una reunión con Myriam El Khomri, ministra de Trabajo francesa. El primer intento de negociación entre sindicatos y Gobierno desde el mes de marzo ha acabado en papel mojado: Martínez continuó defendiendo la necesidad de la retirada de la ley o, por lo menos, de la revisión de algunos de los artículos, principalmente el punto 2 por el que las negociaciones empresa-trabajador primarían a los acuerdos establecidos por el sindicato de cada sector, pero El Khomri expresó su reticencia y confirmó la ausencia de consenso.
Olivier Muñoz, militante de la CGT, considera que “el Gobierno no se retractará en la ley pues saben que ya habían perdido a la mayoría de sus votantes de izquierdas cuando aprobaron otras leyes liberales, como las relativas a la jubilación, y tampoco darán marcha atrás por miedo a perder a sus votantes más conservadores”. Él considera que lo que se ha logrado hasta el momento es que el Partido Socialista no pueda volver a gobernar en mucho tiempo. Hollande enfrenta una de las peores tasas de popularidad de su historia, con sólo el 13% de la intención de voto, en cuarto lugar tras Nicolás Sarkozy, con un 21%, en caso de que este sea candidato presidencial, tras el Frente Nacional con un 28% y tras Jean-Luc Mélenchon, con un 14%, según los datos del 15 de junio del BVA (Instituto de Estudios de Mercado y Opinión).
Aunque la normalidad regresa a los sectores energéticos y de transporte que llevaban más de dos semanas en huelga, los sindicatos continúan preparando nuevas movilizaciones para las dos próximas semanas. El movimiento Nuit Debout organiza también otras acciones como el cacerolazo del pasado viernes, en el que la indignación se hizo oír frente a los ayuntamientos de barrios y ciudades. La capacidad de movilización social de los próximos días se presenta como un desafío determinante para el futuro del movimiento de cara a las vacaciones de verano.
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