El Gobierno no continuará en 2017 con la senda trazada por el Salario Mínimo Interprofesional. El SMI, como se sabe, subirá un 8% a partir del próximo 1 de enero, pero, por el contrario, mantendrá congelada el año próximo la cuantía del Iprem, el indicador que sirve de referencia para calcular si un ciudadano tiene derecho a determinadas ayudas públicas. Eso significa, ni más ni menos, que todas las políticas sociales vinculadas a la cuantía del Iprem quedan un año más en 532,51 euros mensuales. O 7,455,14 euros si se calcula en términos anuales.
Desde el año 2009, al comienzo de la crisis, ningún Gobierno ha incrementado su cuantía, que determina la 'generosidad' del sistema público de protección social. Cuanto más elevado sea el Iprem, más ciudadanos tienen derecho a prestaciones como becas, guarderías, justicia gratuita, tasas o ayudas para la adquisición o alquiler de viviendas. Es decir, se trata de un indicador clave para analizar la intensidad de las políticas públicas en favor de los más desfavorecidos.
El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) nació en 2004 para limitar los efectos que tenía la cuantía del salario mínimo sobre el gasto público. Y a la luz de su evolución, el objetivo se ha cumplido. Incluso, con creces.
Aquel año, la cuantía del Iprem era equivalente a 460,50 euros mensuales, mientras que el SMI quedó fijado en la misma cantidad. Desde entonces, sin embargo, la distancia entre uno y otro indicador no ha dejado de ensancharse. En 2017, el Gobierno ha situado la cuantía del salario mínimo tras pactarlo con el Partido Socialista en 707,60 euros mensuales, mientras que el Iprem queda clavado en 532,51 euros. Por lo tanto, una diferencia de 175,09 euros.
Para hacerse una idea de lo que significa esa congelación basta tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, para tener acceso a una vivienda de protección oficial de régimen especial los ingresos familiares no deben ser superiores a 2,5 veces el Iprem (18.637 euros al año), pero si su cuantía hubiera evolucionado como el SMI, tendrían acceso los hogares con rentas no superiores a 24.766 euros anuales. Una notable diferencia que expulsa de la bolsa de ayudas públicas a miles de familias. En particular, a clases medias con ingresos superiores a lo que establece anualmente el Consejo de Ministros.
No se trata de un asunto menor. Hay que tener en cuenta que el Iprem, como su propio nombre indica, tiene efectos múltiples, y, por lo tanto, afecta a muchos hogares de escasos ingresos. Afecta, por ejemplo, a la cuantía del desempleo (en particular el subsidio), a la renta activa de inserción o al acceso a las becas. Cuanto menos suba el Iprem, menos acceso a las subvenciones.
Trabajo remunerado
Este baremo afecta, incluso, a la compatibilidad de determinadas pensiones públicas con el trabajo remunerado, como sucede en el caso de las prestaciones de invalidez.
Según los cálculos de CCOO y UGT, desde el año 2004 el Iprem acumula una pérdida de poder adquisitivo equivalente a 6,4 puntos porcentuales. Y de ahí que hayan reclamado al Gobierno que lo actualice de acuerdo a la evolución del coste de la vida. No lo hará en el último Consejo de Ministros del año, y podría hacerlo cuando en el primer trimestre del año próximo presente el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
La ley que dio vida al nacimiento del Iprem establecía que anualmente, en la Ley de Presupuesto, se determinará su cuantía, teniendo en cuenta, al menos, "la previsión u objetivo de inflación utilizados en ella". Al menos desde 2009 no se atiende esa obligación.
Igualmente, se establecía que con anterioridad a la aprobación del proyecto de Ley, el Gobierno consultará a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas sobre la cuantía del Iprem. La prórroga presupuestaria lo ha impedido.
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