Una secesión sin coste directo para Asturias
Los economistas creen que la falta de contactos comerciales profundos con Cataluña evitaría un golpe fuerte a la economía regional en caso de independencia. El Principado sí notaría las turbulencias derivadas del impacto en el PIB español.
Mientras gira la ruleta de las opciones para Cataluña -independencia inmediata, elecciones autonómicas, aplicación del artículo 155 de la Constitución-, la mayoría de las empresas asturianas espera a conocer en qué casilla se para la bola con la tranquilidad de saber que no tienen intereses inmediatos en juego. Si la situación se resuelve por la vía rupturista y termina con el alumbramiento de un nuevo estado catalán, Asturias está a salvo de un golpe económico directo, según la opinión compartida por todos los economistas consultados por este diario. El volumen de los intercambios comerciales entre los dos territorios es tan limitado que, si se diera el caso de su hundimiento, no causaría ningún daño irreparable ni tendría la capacidad de desequilibrar las cuentas del Principado. Aunque eso no significa que la comunidad autónoma esté a salvo de las ondas sísmicas que una hipotética salida de Cataluña desataría en la economía española. Por esa vía indirecta de las repercusiones sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo del país, Asturias, como cualquier otra región, sí notaría los efectos de encontrarse de golpe en una España que perdiera de golpe la sexta parte de su población y la quinta parte de su producto interior bruto.
Muchos profesores y economistas expertos han preferido no ver su nombre incluido en esta información. Toda la cuestión catalana se ha inflamado tanto con consideraciones políticas, sociales y sentimentales, que prefieren eludir la polémica y evitarse enfrentamientos. Coinciden, sin embargo, en que, bajo el punto de vista de una conversación sostenida exclusivamente sobre argumentos económicos y decisiones racionales, no cabe el debate: la independencia es un mal negocio para Cataluña y para España. Para la primera, supone una clara amenaza a los niveles de vida actuales y una promesa de dificultades para asumir la deuda y el pago de las pensiones que anuncia una enorme subida de los impuestos, además de presentar una factura tremenda en términos de imagen, de huida de empresas instaladas allí y de pérdida de atractivo para nuevos inversores. Para la segunda, supone otra mella en la marca del país, la pérdida de los 223.000 millones de euros anuales que aporta Cataluña al PIB nacional, dudas sobre el turismo y las inversiones extranjeras y la certeza de turbulencias económicas con efectos sobre el crecimiento y el empleo.
Asturias, sin embargo, no debería estar entre los lugares más afectados por el golpe. «De las diecisiete comunidades autónomas, Cataluña ocupa el sexto lugar tanto entre nuestros clientes como entre nuestros proveedores. Para nosotros, sería mucho peor que se independizaran Castilla y León, Madrid, País Vasco o incluso Andalucía, con las que tenemos unos intercambios comerciales mucho mayores», resume el decano del Colegio de Economistas de Asturias, Miguel de la Fuente. Aun con esa salvedad, el volumen de las compras y las ventas entre el Principado y Cataluña supera los 1.000 millones de euros al año. En el 2016, las empresas asturianas exportaron a las cuatro provincias catalanas bienes y servicios por valor de unos 450 millones de euros, mientras que importaron desde allá por valor de 585 millones. «Tampoco hay que olvidarse de los 100.000 turistas llegados de Cataluña en el 2016», añade. El turismo o alguna empresa aislada que concentre en la comunidad secesionista mucho volumen de su negocio sí suponen casos de riesgo que se enfrentan a pérdidas importantes si los acontecimientos se descontrolan.
De manera más generalizada, lo que pierda España acabará por dejarse sentir en Asturias. Faltan estudios concluyentes, pero las estimaciones manejadas hasta ahora por los especialistas apuntan a que la perdida de Cataluña costaría a España entre el 0,4% y el 1,2% de su PIB. El gabinete económico Hispalink trabaja en estas semanas sobre un informe regionalizado de los costes para cada comunidad autónoma que parte de esos escenarios, pero aún llevará un tiempo concretarlo y hacer un cálculo sobre la factura para el Principado. De la Fuente, por su parte, apunta que la mayoría de los organismos dedicados a las predicciones ya han revisado a la baja sus vaticinios para la economía española en el 2018. La mayoría de las proyecciones le adjudican ahora un crecimiento en una horquilla situada entre el 2,3% y el 2,6%. En cualquier caso, una ralentización con respecto al comportamiento que se espera para el ejercicio actual.
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