El conflicto de Cataluña pone en peligro 4.700 millones de euros para las comunidades autónomas en 2018
Las regiones pasan de disponer de un incremento de recursos en un 0,4% del PIB a un posible descenso de un 0,1%
- La crisis catalana ha reducido las previsiones de crecimiento, lo que amenaza con reducir las transferencias de ingresos desde el Estado
- La prórroga de presupuestos si el Gobierno no consigue apoyo es otra vía que reducirá los recursos
Ya hay cifras encima de la mesa para evaluar la crisis catalana. El Gobierno ha reducido en más de 3.300 millones de euros el crecimiento esperado para 2018, año en el que se reducirán los recursos disponibles para los ejecutivos de las comunidades autónomas. Tanto la menor expansión de la economía como la posible prórroga de los presupuestos amenazan castigar las cuentas de los ejecutivos regionales.
Fuentes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) explican que la merma de recursos puede alcanzar los 4.700 millones de euros. Para llegar a la cifra hay que desgranar el funcionamiento del modelo de financiación autonómica. Éste se se basa en entregas a cuenta a las comunidades autónomas en función de su capacidad recaudatoria con los impuestos cedidos -50% del IVA y del IRPF y 58% de los tributos especiales- y tras los fondos de solidaridad y garantía de que se financien los servicios públicos básicos.
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó en julio entregas a cuenta por valor de 105.040 millones de euros, con un aumento de 4.020 millones de euros. Pero el sistema también se basa en una liquidación posterior para ajustar el cálculo de los recursos que han tenido a su disposición las regiones y los datos definitivos de los tributos cedidos. Al ajustar las liquidaciones de los ejercicios de 2015 y 2016 la cuantía se quedó en 95.995 millones de euros.
Las regiones debían disponer de 3.700 millones más para su gestión. Esta mejoría de más del 0,3% del PIB iba a estar incluida en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que ni siquiera se presentaron en el Congreso. El Gobierno había reunido los apoyos necesarios con Ciudadanos, los diputados nacionalistas canarios y PNV, pero el partido vasco ha retirado su apoyo ante la crisis catalana en lo que fue la primera derivada económica de la tensión política.
A pesar de que la Constitución establece que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de ley de presupuestos antes del 1 de octubre -sin establecer qué sucede en caso contrario-, el Gobierno ha decidido retrasar este trámite y, por ahora, seguir con los de 2017. La incógnita es si se funcionará parte o la totalidad del próximo ejercicio con estas cuentas. “La elaboración de los presupuestos se encuentra en fase muy avanzada, y es intención del Gobierno presentarlos tan pronto la situación lo permita”, señala el Plan Presupuestario enviado la semana pasada a la Comisión Europea.
Los ejecutivos regionales aún no saben si podrán contar con los recursos acordados en julio o no
Así, los ejecutivos regionales aún no saben si podrán contar con los recursos acordados en julio o no. Por otro lado, cuentan con la amenaza de que se revisen en la misma proporción que la proyección de crecimiento de 2018. El Ejecutivo ha rebajado la previsión de expansión del PIB el próximo año desde el 2,6% hasta el 2,3%. “Se trata de un escenario prudente, que tiene además en consideración la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña”, sostiene el Gobierno de Mariano Rajoy.
Hay dos extremos para la realidad de las autonomías el año que viene: mantener las entregas a cuenta acordadas en julio por una parte y, por otra, que se olviden y se utilice la referencia del año anterior sin actualizar, lo que supondría un descenso de 1.000 millones de euros, frente al aumento de 3.700 millones que estaba encima de la mesa en verano. Pero entre medias hay otra posibilidad: que se utilicen las entregas a cuenta de julio ajustadas con la expansión del PIB del 2,3% en vez del 2,6%. Con ello, el aumento se reduce en 1.700 millones de euros. El incremento de recursos se reduciría desde 3.700 millones de euros a niveles cercanos a los 2.000 millones. De hecho, este es el escenario más probable, según fuentes de la AIReF.
TRES COMUNIDADES INCUMPLIDORAS CON CUALQUIER ESCENARIO
Desde la AIReF consideran que es “factible” que las comunidades autónomas cumplan en conjunto su objetivo de déficit del 0,4% del PIB en 2018. Esto es clave para que no haya un desvío del agujero conjunto de las administraciones públicas. La meta de la administración central para el próximo año es del 0,7%, y para la Seguridad Social del 1,1% ante la presión de las pensiones. Mientras que los ayuntamientos tienen como objetivo un 0%. “Es posible que tengan superávit y por ello den un margen de unas décimas para evitar que se desvíe mucho el objetivo común”, señalan fuentes del supervisor fiscal.
En la AIReF apuntan a que el déficit se alejará entre dos y cinco décimas respecto a la meta
Aunque el objetivo común es del 2,2%, el Ejecutivo ya cuenta con una estimación oficial del 2,3% en el Plan Presupuestario. En la AIReF apuntan a que el déficit se alejará entre dos y cinco décimas respecto a la meta. Esto es, entre 2.300 millones y 5.800 millones de euros. “El esfuerzo para corregir el déficit se dividirá por ley al 50% entre la administración central y las regiones”, recuerdan desde el organismo que dirige José Luis Escrivá.
En el ‘sheriff’ fiscal apuestan porque el ajuste se exija cuanto antes, aunque por el sistema de liquidación se podría retrasar hasta 2020. “Quizás ese año es más difícil por el objetivo del déficit o por tener menos recursos el ajuste, mientras que para 2018 supone un esfuerzo factible”, apuntan fuentes de la institución.
La AIReF ha incluido además en un informe distintos escenarios para calcular la probabilidad del cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las comunidades autónomas. El esquema depende de si se mantienen o no las entregas a cuenta de julio y si se soluciona la crisis política de Cataluña este año o se prolonga durante 2018. La AIReF aún no ha calculado el shock para la economía catalana, aunque sin contar con ello anticipa un daño global en España de entre el 0,4% y el 1,2% del PIB. Es decir, hasta 14.000 millones de euros. La horquilla está muy por encima del 0,3% previsto por ahora por Moncloa.
En cuanto a la facibilidad del cumplimiento de las autonomías, como suele describirlo la AIReF, la mejor opción es que los recursos dependan del acuerdo de hace cuatro meses y que se disipe pronto la incertidumbre política en Cataluña. En este caso hay un 57% de probabilidad de que consigan la meta, con la excepción de Extremadura y Comunidad Valenciana, donde sería “improbable”, y en Murcia, donde es “muy improbable”.
Si se mantiene la crisis, la probabilidad disminuye al 46%. Y con entregas a cuenta actualizadas a un crecimiento del 2,3% en 2018, pero despejada la incertidumbre en Cataluña, baja al 41%. Con esta opción pero que sigan los problemas el próximo año, ya sería “improbable” que se atengan al 0,4% del PIB. Mientras que con entregas a cuenta con los presupuestos de 2017 sería “muy improbable” el cumplimiento independientemente de lo que suceda con la Generalitat y Moncloa.
En cualquier caso, en la AIReF dan por hecho que España abandonará el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), para lo que tiene que disminuir por primera vez en nueve años el desajuste entre gastos e ingresos en 2018 por debajo del 3%, ya que en 2017 aún se quedará por encima. Esto evita la posibilidad de multa, aunque como recuerdan en el supervisor fiscal, “sigue siendo importante cumplir”.
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