A estas alturas del conflicto solo hay una cosa clara: la economía de Cataluña sufrirá -y mucho- por el desafío independentista. Pero también el resto de España.
La fuga de empresas, la inseguridad jurídica, el incremento de las incertidumbres económicas -que perjudica a la inversión y al gasto en consumo privado- y la sensación de que la tensión política será larga -lo que afecta a los mercados financieros y tiende a encarecer la prima de riesgo- acabarán pasando factura a la evolución de la actividad. La cuantía del daño, obviamente, dependerá de la duración y de la intensidad del conflicto.
¿Y cuánto afectará al resto de España? Tanto el Gobierno -que ya ha rebajadosus previsiones de crecimiento del PIB-, como la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que ha estimado una merma de entre cuatro y doce décimas del PIB a lo largo de 2018 (entre 5.000 y 13.500 millones), como la mayoría de los servicios de estudios, han advertido que la cuestión catalana no saldrá gratis para el conjunto de la economía.
Al contrario. No en vano, Cataluña (7,4 millones de habitantes y el 16% de la población española) no solo es la región que más pesa en el PIB (un 19%), también es, con diferencia, la comunidad autónoma que más exporta (el 25,6% de las ventas al exterior del Estado). Y es, igualmente, la que más bienes importa (el 28,5% del total).
Pero es, asimismo, la que cuenta con mayor sector industrial, un 23,1% del conjunto de la producción, el triple que Madrid. Además de disfrutar de importantes infraestructuras (puertos, aeropuertos, autopistas o centros logísticos) por las que circulan buena parte de los bienes y servicios que produce el resto de España, y que salen por Cataluña por su posición geográfica fronteriza. El corredor mediterráneo, de hecho, es clave en la salida de productos españoles hacia el exterior para regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía.
Y menor actividad económica -por huelgas, desobediencia civil o, simplemente desconfianza de los inversores y de los consumidores- significa, lógicamente, menos empleos y menor recaudación del Estado en esa comunidad. El año pasado, sin ir más lejos, la Agencia Tributaria estatal ingresó en Cataluña nada menos que 37.825 millones de euros.
Igualmente, los 18 millones de turistas que llegaron en 2016 a la región se dejaron más de 17.328 millones, y esos turistas, lógicamente, consumen todo tipos de servicios: unos producidos en el Principado y otros no; pero también viajan con compañías de transporte españolas o duermen en hoteles de propiedad no catalana. España y Cataluña, guste o no, viajan en el mismo barco económico.
Incluso, como sostiene la AIRef, en el peor de los escenarios cabe prever un racionamiento del crédito y mayores tipos de interés, toda vez que las entidades financieras tendrán mayores dificultades para evaluar el perfil de riesgo de los proyectos y, por lo tanto, tenderán a endurecer la condicionalidad de los préstamos.
Es lo que sucede cuando se vive en una economía interconectada y basada en la confianza, como bien supo España durante los años más duros de la crisis, cuando la prima de riesgo subió hasta los 650 puntos básicos.
Los canales de la crisis
Es decir, la transmisión de la crisis política a la economía española se producirá por distintos canales, y que vienen a ser la suma de las intensas relaciones comerciales y económicas forjadas entre Cataluña y el resto de España a lo largo de los siglos. Y que, desde luego, no solo tienen que ver con las grandes compañías que estos días han anunciado su marcha.
De las 606.512 empresas operativas en Cataluña, según datos de la Cámara de Comercio de Barcelona, apenas 7.456 tienen 50 o más trabajadores, lo que pone de relieve la complejidad y dimensión del tejido productivo. Y de ellas, tan solo 2.340 -las grandes empresas- cuentan con más de 200 trabajadores, y son el segmento con mayor capacidad de mover el domicilio social. Esas son las que han tirado del carro, y aunque sean las más significativas -alrededor de 1.000 empresas han salido de Cataluña en las últimas semanas-, su peso respecto del conjunto del tejido productivo no financiero es todavía muy limitado.
Esa enorme integración con el resto de España no es óbice, sin embargo, para destacar un hecho singular que refleja un cambio de tendencia económicamente muy relevante. En 1995, las 'exportaciones' de Cataluña al resto de España representaban el 63,5% de las ventas totales, mientras que las destinadas al extranjero alcanzaba el 36,5% restante. En los últimos años, la situación ha dado un giro copernicano, de manera que en 2016 las ventas exteriores representaban ya el 62,7% del total de las exportaciones de las empresas catalanas fuera de Cataluña, mientras que las ventas al resto de España constituían el 37,3% restante, de acuerdo con los datos de C-Intereg, una compañía especializada en el análisis del comercio interregional español. Es decir, Cataluña es hoy menos dependiente de España en exportaciones que hace poco más de dos décadas,
Existe, en todo caso, un primer instrumento que permite conocer el impacto de la cuestión catalana en el crecimiento de la economía. El Producto Interior Bruto de Cataluña (año 2016) asciende a 211.915 millones de euros. Por lo tanto, por cada punto que deje de crecer el PIB respecto de lo estimado inicialmente, el recorte de la actividad representará algo menos de 2.120 millones de euros a precios de mercado (con inflación). Teniendo en cuenta que Cataluña creció el año pasado un 3,8%, eso que significa que si la economía se estanca o apenas crece -la recesión es improbable a corto plazo- el coste de la independencia en términos de crecimiento podría superar ampliamente los 6.000-7.000 millones de euros. Una especie de lucro cesantede la economía catalana a causa de la tensión independentista.
Esa cantidad, sin embargo, no es del todo representativa. La elaboración del PIB exige desagregar la producción entre los sectores que la han originado, por una parte, y las que lo han absorbido (las llamadas tablas de 'input-output'), por otro, ya que de otra manera se podría medir dos o más veces la misma producción, lo que haría impreciso el PIB. Es decir, hay empresas que compran y empresas que venden. Y unas están en Galicia, Murcia o La Rioja y otras en Manresa, Badalona o Tarragona, lo que quiere decir que no solo Cataluña vería mermada su actividad en caso de un crisis intensa y prolongada el tiempo, sino también el resto de España. Los tapones de corchodel cava catalán, por ejemplo, se fabrican en Extremadura, tierra de nobles alcornocales.
Cadena de suministro
Y hay que tener en cuenta que los bienes intermedios, que son aquellos que sirven para producir otros bienes, representan dos tercios de las importaciones catalanas. Si se descuentan esas 'duplicidades', es probable, según algunos estudios de la propia Generalitat, que las importaciones procedentes del resto de España sean sensiblemente inferiores, de apenas el 22,5%. En todo caso, un porcentaje muy relevante que pone de relieve el grado de integración económica de Cataluña y el resto de España. Lo que es malo para Cataluña también lo es para España (y viceversa).
Eso quiere decir, ni más ni menos, que cualquier boicot o restricción de las compras de productos catalanes afecta a toda la cadena de suministro: proveedores, comercializadores, transportistas, centro logísticos o, incluso, empresas publicitarios o de marketing. Y, por supuesto, a la recaudación tributaria.
Como se sabe, el impuesto de sociedades es un tributo estatal no cedido y es irrelevante que una empresa tenga el domicilio fiscal en una provincia u otra (salvo en el caso de las comunidades forales). Otra cosa distinta es el IVA, parcialmente cedido, que se reparte en función de determinados índices de consumo interiores, y que, obviamente, se verán afectados si crece la desconfianza en la economía. Sin contar el efecto que tiene para el conjunto del país un descenso de la inversión extranjera.
Cataluña es, después de Madrid, la segunda receptora de inversión extranjeradirecta (-4.272 millones de euros en 2016-, pero eso no significa que ese dinero se quede allí. Cuando una multinacional invierte en una de sus filiales -no se trata de operaciones meramente especulativas- lo hace para satisfacer el conjunto de la demanda nacional. O, en otros casos, para vender en el exterior. Y dado el nivel de integración de la economía catalana con el resto del país, su impacto afecta al conjunto del país. No hay que olvidar que las multinacionales tienen un 'stock' de inversión en Cataluña de cerca de 72.000 millones de euros. Mucho dinero y mucha desconfianza. La independencia económica no existe. Ni la de Cataluña ni la del resto de España.
No hay comentarios:
Publicar un comentario