La comisión del «caso Aquagest» dictamina la responsabilidad de Caunedo
La investigación concluye que el exalcalde realizó «prácticas oscuras y contrarias al interés público». La repercursión negativa para el ayuntamiento asciende a 166.000 euros
REDACCIÓN
La comisión del Ayuntamiento de Oviedo que investiga el caso Aquagestatribuye responsabilidades al exalcalde de Oviedo y actual portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, por «prácticas oscuras y contrarias al interés público». Esa afirmación forma parte de las conclusiones extraídas de la comisión plenaria especial de investigación sobre el caso, que es una pieza separada del conocido como caso Pokemon y que está siendo objeto de investigación judicial en Lugo.
Según reza el texto oficial «se deduce la existencia de una clara responsabilidad política en el ámbito del Ayuntamiento de Oviedo por el cúmulo de decisiones erróneas, oscuras, carentes de justificación y contrarias al interés público y el beneficio de la ciudad»; una responsabilidad que «alcanza de manera principal al entonces concejal de Economía y posterior alcalde de la ciudad, Agustín Iglesias Caunedo, y ello con independencia del pertinente reproche técnico sobre la actuación de los funcionarios intervinientes».
En concreto, el documento hace referencia a «indicios muy fundados de la entrega de dádivas y gastos de viajes, así como contrataciones de familiares de políticos y funcionarios municipales» por parte de una unión temporal de empresas, todo ello con anterioridad a la emisión de un informe favorable a la devolución de un aval a la misma entidad por importe de casi 800.000 euros.
El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo acordó en marzo de 2016 con los votos a favor de los grupos municipales Somos, PSOE, IU y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular, la creación de una Comisión Plenaria Especial de Investigación sobre el caso Aquagest para colaborar con la justicia analizando si se ha producido perjuicio patrimonial contra el Ayuntamiento de Oviedo en los hechos analizados.
En este punto las conclusiones detallan que «se ha constatado una negativa repercusión económica para la institución municipal según los informes económicos, y del interventor municipal, que corresponderían a derechos económicos a favor del ayuntamiento de un total de 166.000 euros».
En cuanto a los mecanismos de buen gobierno y transparencia en la gestión pública, las conclusiones de la Comisión determinan que «se produjo un incumplimiento de la normativa de legislación de contratación del sector público y de las administraciones públicas» y que «se ha condicionado la intervención, control y las decisiones adoptadas por parte de la Administración Pública involucrada, es decir, el Ayuntamiento de Oviedo».
También reparan las conclusiones en la falta de transparencia en todo el proceso: «El examen pormenorizado de los expedientes no ofrece explicación con detalle de las decisiones que se han ido tomando a lo largo del tiempo ni mucho menos de las alteraciones de las mismas que se produjeron».
Las conclusiones destacan, asimismo, la «deslealtad» con la que se comportó la citada unión temporal de empresas hacia la institución municipal «con constantes incumplimientos de las obligaciones contraídas».
En base a estas conclusiones la Comisión Plenaria Especial de Investigación del caso Aquagest realiza una serie de recomendaciones, la primera de ellas enviar el contenido «sin dilación alguna» al Juzgado de instrucción número 1 de Lugo para que pueda analizarlas e incorporarlas a la causa judicial abierta.
También recomienda al Ayuntamiento corregir «una serie de deficiencias detectadas en el funcionamiento de la institución» para evitar que se repitan en el futuro hechos como los que están siendo objeto de investigación.
En las recomendaciones también se plantea instar al Gobierno central a realizar las modificaciones necesarias en la legislación para que las comparecencias en las comisiones de investigación de las entidades locales sean obligatorias, al igual que sucede con las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de los Parlamentos autonómicos. Desde el consistorio ovetense califican de «flagrante» la negativa del exalcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, a comparecer en la comisión.
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