Hacienda, dispuesta a negociar con Podemos acabar con las Sicav si apoya los Presupuestos
Hacienda está dispuesta a negociar esta petición de Podemos para avalar la nueva senda de estabilidad. La tasa a las tecnológicas, el impuesto a la banca y un tipo mínimo del 15% enSociedades son ya proyectos del Gobierno.
El Gobierno se ha mostrado abierto a negociar con Podemos acabar con las Sicav a cambio de que apoye los Presupuestos. Hacienda está dispuesta a negociar esta petición de Podemos, según trasladan fuentes del Ministerio, que explican que en cambio descartan completamente tocar el IRPF, otra de las exigencias de la formación morada para apoyar la senda de estabilidad, con lo que no van a considerar la subida del IRPF a rentas altas que pide Podemos ni otras medidas que plantea que podrían afectar al Impuesto sobre la Renta, como un gravamen a grandes fortunas o la supresión de los beneficios fiscales de los planes de pensiones.
Tampoco están encima de la mesa derogar la Ley de Estabilidad ni volver a negociar la senda del déficit con Bruselas. En cambio, el Ejecutivo sí que es partidario de analizar cambios en el régimen fiscal beneficioso de las Sicav, cuya supresión plantea la formación morada, en las negociaciones que están empezando. El resto de peticiones podemitas -un impuesto a las tecnológicas, una tasa a la banca y un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades- son ya proyectos del Gobierno.
Podemos es el único partido con una propuesta, que presentó la semana pasada. Los votos de ERC y PDeCAT son también necesarios para que el Gobierno saque adelante en el Congreso la senda de estabilidad que la Cámara tumbó el 27 de julio, en una votación en la que sólo contó con el aval del PNV. De momento, el Ejecutivo va a volver a aprobarla en el Consejo de Ministros del viernes, ya que la norma le obliga a hacerlo antes de que pase un mes del rechazo parlamentario. Hoy se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) telemático para volver a validar los objetivos con las comunidades.
Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el primer trimestre de 2018 el número de Sicav en España era de 2.783, un 8,57% menos respecto al mismo periodo de 2017. Por su parte, el patrimonio de las Sicav bajó un 5,78% en el último año, hasta los 30.755 millones al cierre del primer trimestre de 2018. Mientras, el número de accionistas cayó un 6,3% y pasó a 419.722. Desde que en 2016 todos los partidos, incluido el PP, pusieran a estas sociedades en el punto de mira en sus programas electorales, su número ha bajado. Entonces había 32.091, con un patrimonio de 32.091 millones.
Los cambios que se barruntan han provocado constantes movimientos en las Sicav. Más de un centenar se han fusionado con fondos, se han disuelto o han renunciado al régimen de Sicav, convirtiéndose en sociedades anónimas.
La regulación de las Sicav exige un capital mínimo de 2,4 millones y 100 partícipes, pero no impide que el 95% del capital esté en manos de cuatro o cinco accionistas. Se ha acusado a algunas sociedades de llegar a los 100 partícipes a través de los llamados mariachis, personas físicas que completan de forma fraudulenta la suma.
Como los fondos, las Sicav tienen un tipo en el Impuesto de Sociedades del 1%. La constitución, aumento de capital, fusión o escisión gozan de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o participaciones para las personas físicas se integran en la base imponible del ahorro. En este caso, tributarán entre un 19% (para los primeros 6.000 euros), un 21% (entre 6.000 y 50.000) y un 23% (a partir de 50.000).
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, declaró en 2016 que pretendía "acabar con todas las Sicav [como ahora exige la formación]: Son un dispositivo para que los ricos no paguen impuestos". Sin embargo, su programa era menos agresivo y prometía "acabar con las Sicav tal y como las conocemos: controlaremos el número real de socios, y estableceremos un periodo máximo de permanencia para las plusvalías acumuladas, así como un porcentaje de participación máximo. Estableceremos un límite máximo de aportación". Además, quería devolver el control a la Agencia Tributaria, que el PSOE de Zapatero trasladó a la CNMV.
Expertos consultados por este diario critican la propuesta porque podría producirse una fuga de capitales a otros países con condiciones más ventajosas, como Luxemburgo. En 2009, País Vasco acabó con las ventajas fiscales de las Sicav. Había más de 200. Actualmente, no queda ninguna. En 2015, Navarra siguió el mismo camino. La figura existe en toda la UE y con condiciones más laxas que en España.
Hacienda, rotunda: no tocará el IRPF
El Gobierno mantendrá firme su posición de no modificar los tramos del IRPF pese a la petición realizada por Podemos a cambio de apoyar los objetivos de estabilidad presupuestaria que presente el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hacienda rechaza la propuesta de la formación morada de aumentar el tipo marginal del IRPF a partir de ingresos de 60.000 euros, a pesar de que en su programa los socialistas incluyeron un planteamiento parecido, aunque para rentas a partir de 150.000 euros, cuyo marginal máximo proponían subir del 48% al 52%, con lo que preveían recaudar 400 millones. En julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya advirtió de que el Gobierno no tocaría el IRPF, y ahora mantiene su postura a pesar de la exigencia de Podemos. Este rechazo afecta a otras propuestas podemitas que podrían impactar en este tributo, como sería un impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas y la eliminación de las deducciones fiscales de los planes de pensiones privados.
En lo que sí hay sintonía plena es en la imposición de una tasa a las tecnológicas, que se incluirá en un proyecto de ley que el Gobierno aprobará en breve para que entre en las Cortes, y en la creación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades, que sequiere incluir en los Presupuestos de 2019.
También coinciden en el plan de establecer un impuesto a la banca, proyecto que el Gobierno amagó con retrasar en julio ante las quejas del sector y de la patronal y que ahora parece dispuesto a reactivar.
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