«Márgenes escandalosos» del 239 por ciento con los que Villa y Postigo hicieron fortuna
La construcción del geriátrico de Felechosa conllevó sobrecostes de hasta 18 millones de euros | Un informe pericial recogido por la Guardia Civil alude a «márgenes escandalosos» entre los precios previstos y los pagados a los proveedores
El alcance de las irregularidades investigadas durante el periodo de influencia de José Ángel Fernández Villa y su entorno más cercano al frente del SOMA hunde sus raíces mucho más allá de lo que en un principio se imaginaba. Después de que el histórico líder minero fuera condenado a tres años de prisión en septiembre de 2018 por apropiación indebida de recursos del SOMA, la investigación en curso del 'caso Hulla', relativa al proceso de construcción del geriátrico de Felechosa, también aporta pruebas que demostrarían que las prácticas irregulares de Villa y sus colaboradores no fueron casos aislados sino que se alargaron durante más de dos décadas.
El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, adelantado ayer por EL COMERCIO, ofrece una panorámica mayor de los hechos investigados y apunta directamente al que fue durante varios años mano derecha de Fernández Villa y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo. Este último, según ilustra el informe de la investigación, habría plasmado por escrito cómo hizo dimitir a Ricardo López Estébanez -presidente del Montepío entre 1989 y 2002- y a Alfredo Álvarez Espina -miembro de la Mesa Regional de la mutualidad-, alegando tener pruebas de presuntas irregularidades cometidas durante su mandato, para colocar al propio Espina como presidente de la entidad. Según revelan estas páginas manuscritas, Postigo le amenazaría durante sus cuatro años de mandato con sacar a la luz la «gestión fraudulenta» del Montepío desde la década de 1990 para utilizarlo a su antojo. Las prácticas irregulares en la mutualidad, según se desprende por tanto de estos documentos recogidos en la investigación, se remontarían a hace más de 20 años.
La culminación de este presunto «lucro económico personal» en el que se había convertido el Montepío, tal y como lo define la Guardia Civil en un apartado de las conclusiones, sería el proyecto de Felechosa, que comenzó a gestarse entre 2007 y 2008. En ese momento, la notable influencia de Villa en el ámbito regional y nacional, tal y como se detalla en el informe, serviría para hacerse con una subvención de más de 30 millones que fueron a parar íntegramente al proyecto. El desfase entre esta cifra y el coste real de la construcción, unido al afloramiento de cientos de miles de euros en 2012 no declarados hasta la fecha por Villa y Postigo, hicieron saltar las alarmas.
En el reciente informe de la UCO se aportan varias claves acerca de este desfase entre el coste real de los trabajos y el posterior precio final justificado, que ascendió a 30.197.430 euros. En un principio, el arquitecto de la obra remitió a los impulsores del geriátrico un primer documento, con fecha del 10 de febrero de 2008 y titulado 'Memoria', en el que cifraba el coste total del proyecto en poco más de 12 millones de euros, diez de ellos destinados a costes generales de la construcción y otros dos relativos a los beneficios de la constructora.
Apenas mes y medio después, este mismo arquitecto, quien posteriormente sería uno de los encargados de valorar las propuestas económicas que se presentaron para realizar la obra, remitió un documento denominado 'Anteproyecto' que elevaba los costes a 25,2 millones. El desfase entre la primera propuesta y el coste final, en definitiva, asciende a 18 millones de euros.
Beneficios millonarios
Buena parte del coste final de las obras del complejo, que se desarrollaron entre 2009 y 2012, fue a parar a las arcas de Alcedo de los Caballeros, la empresa constructora y cuyo gerente tenía una estrecha relación con Postigo. Según estimaciones de la investigación, estos beneficios se situaron en un margen entre los 7,8 y los 10,2 millones. Esto es, entre un 42% y un 55% del presupuesto de ejecución material. Además del montante de los beneficios, otro de los elementos que se encuentra bajo el escrutinio de la UCO es el de los costes de obra.
En este sentido, y según apunta el primer informe pericial añadido a la investigación, «muchos de los elementos constructivos que figuran como ejecutados no se corresponderían con lo proyectado, contratado y liquidado, siendo de menor calidad». En este análisis se comprueban 200 de las partidas de presupuesto de ejecución -un 45% del total- y, tras contrastarlas con los valores reales de mercado, se concluye que «se habría incrementado el importe de dichas partidas hasta en un 36%, que ascendería al 51% si no se incluyeran los costes indirectos». Durante su declaración judicial, el citado perito aseguró que el desfase entre la liquidación y el proyecto técnico alcanzó «márgenes escandalosos» del 100% y del 239%.
En lo relativo a la afloración del dinero oculto que dio comienzo a la investigación, el informe se detiene en las testificales de los empleados de la banca, quienes relatan cómo tanto Villa como Postigo realizaron los trámites pertinentes para ingresar en diversas cuentas unos ingresos de dudosa procedencia. En el caso de Villa se trataba de 1,2 millones de euros, fraccionados en cuatro partes: 500.000 a su nombre, 400.000 al de su esposa y 150.000 por cada uno de sus dos hijos. Postigo hizo lo propio con 436.100 euros. En este proceso tuvo un papel esencial el asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández, quien ejerció como depositario e intermediador a la hora de mover el dinero. Este sería el primer indicio de una trama que, siete años después, ya se está documentando hasta las últimas consecuencias.
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