La propuesta acerca cada día más a la reversión de las prestaciones, haciendo la media con toda la vida laboral.
El PSOE abre la mano a la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 20 años
La renovación del Pacto de Toledo está en marcha. Mañana se reunirá la comisión parlamentaria que estudia periódicamente la evolución del sistema público de pensiones, y todo indica que, al contrario de lo que sucedió en la anterior legislatura, en esta ocasión si se aprobarán reformas de calado. En concreto, se considera muy probable que se aborde la ampliación del periodo de tiempo que se tiene actualmente en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones, desde los 15 años actuales a 20. O incluso a más años, aunque siempre de forma gradual. Es decir, no se hará de una sola vez.
Este compromiso -la llamada contributividad del sistema- aparece ya en el frontispicio del Pacto de Toledo (suscrito por todos los partidos del arco parlamentario en 1995), pero lo cierto es que en los últimos años se ha frenado esta ampliación por la oposición de algunos partidos y sindicatos. En particular, la Unión General de Trabajadores (UGT) e Izquierda Unida, que estiman que si se amplía el número de años para calcular la pensión (con el objetivo algún día de tener en cuenta toda la vida laboral), se producirá un recorte de las prestaciones, ya que normalmente las bases reguladoras más elevadas (los salarios) coinciden con los últimos años de la vida laboral por el efecto de las reclasificaciones o la antigüedad.
Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado. En palabras de Isabel López Chamosa, portavoz socialista en la Comisión del Pacto de Toledo: “El PSOE está abierto a hablar de todo, pero todo debe hacerse por consenso”, matiza, lo que significa que no adoptará ninguna medida que no cuente con el respaldo de los agentes sociales, que comparecerán en las reuniones del Pacto de Toledo.
Dentro de ese consenso puede situarse ya la UGT de Cándido Méndez, que en su último Congreso Confederal (celebrado hace casi cuatro años) rechazó de plano la posibilidad de ampliar los actuales 180 meses que se tienen en cuenta para calcular la cuantía de las pensiones. UGT, sin embargo, celebra nuevo Congreso el próximo mes de abril, por lo que debe ser en ese marco donde pudiera producirse un cambio de posición. Esto significa que la ampliación no se aplicaría en ningún caso antes de 2010. El consenso también debería afectar a Izquierda Unida para ser total, pero la formación está envuelta en un proceso congresual que impide conocer la estrategia de la nueva dirección.
Informe de los expertos
Los expertos no se ponen de acuerdo sobre cómo podría afectar una ampliación del periodo de cálculo en la cuantía final de las pensiones. La Seguridad Social ha financiado y cuenta, entre otros, con un informe realizado recientemente por Labour Asociados, una consultora dirigida por el ex dirigente de UGT José María Zufiaur, en el que se estima un recorte del 5% en caso de que se tengan en cuenta los últimos 20 años de vida laboral. La Seguridad Social, como dice el documento, no se identifica necesariamente con esas conclusiones.
El informe estima que el alargamiento del periodo de cálculo de la base reguladora “tendría, sin lugar a dudas, un impacto negativo sobre las pensiones de los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social que se jubilan a los 65 años”. En concreto, sostienen los autores del estudio, “el impacto de una ampliación a 20 años daría lugar a una reducción de la pensión en más de un 5%. Esto significa, tomando como referencia el valor medio de las altas de pensiones del último mes disponible (agosto de 2007), una reducción estimada de más de 60 euros mensuales”.
Esta caída, sostiene el informe, se sumaría a la derivada de la reforma de 1997, “que resultó en una reducción de otro 5,7%, con lo que el impacto agregado de pasar de la situación existente en 1996 (7 años) a una hipotética situación futura que tome como referencia 20 años sería una caída de la pensión media de más del 10%”.
La ampliación del periodo de cálculo está sobre la mesa, pero no se abordará formalmente en la reunión de mañana, que tiene más un carácter exploratorio, para lo cual la Seguridad Social ha hecho llegar a los diputados un amplio dosier ( cerca de 800 páginas) en el que se describe la realidad del sistema público de pensiones.
Jubilaciones anticipadas
Tanto el Grupo Popular como CiU son quienes están urgiendo más al Gobierno para que amplíe el periodo de cálculo con el horizonte de tener en cuenta toda la vida laboral del trabajador en aras de reforzar la solvencia financiera del sistema de pensiones. En palabras de Tomás Burgos, portavoz del PP en la comisión, “lo que no se puede es hacer un Pacto de Toledo a la carta, como hace el PSOE, que está dispuesto a aceptar unas recomendaciones y no otras para no tener que sufrir ningún desgaste político”.
En relación con las jubilaciones anticipadas, la posición del PP es que “se ha creado un entramado legal extremadamente complejo” que produce discriminaciones, y de ahí que haya que simplificar todo el procedimiento para primar las carreras largas de cotización. En concreto, se sugiere que los trabajadores que hayan cotizado durante más de 35 años y que se vean obligados a jubilarse antes de los 65 años no se vean penalizados con unos coeficientes reductores tan elevados.
El tercer punto delicado de la reforma de la Seguridad Social se refiere a las pensiones de viudedad, y en este sentido las discusiones tendrán como punto de partida la proposición de ley aprobada en el Congreso –presentada por CiU- para que la base reguladora sube del 52% hasta el 70%, y hasta el 90% en caso de que la beneficiaria tenga cargas familiares.
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