En el terreno de juego español.
El cambio de la ley del suelo alimenta la mala imagen de la banca española en el exterior
@Eduardo Segovia - 07/04/2010 06:00h
Los mercados internacionales han recibido con estupor el cambio de la Ley del Suelo que aprobará el Gobierno el próximo viernes y que supondrá un nuevo alivio para las cuentas de bancos y cajas de ahorros. La impresión mayoritaria es que se trata de otro truco para que el sector aplace el afloramiento de las pérdidas derivadas de su exposición al ladrillo, lo cual no hace sino alimentar la desconfianza en las cuentas del sector financiero español.
"Se trata de otro ejemplo de que el Gobierno y el Banco de España van a hacer lo que haga falta para que no caiga ninguna entidad más y para que el sector no tenga que pagar un elevado precio por ello", afirma un analista de una firma internacional. Ejemplos anteriores de esta actitud son la relajación de la normativa de provisiones adoptada en julio del año pasado o la dispensa de provisionar el 75% de la deuda con Martinsa Fadesa (el mayor concurso de acreedores de la Historia de España).
Todas estas ayudas no hacen sino incrementar todavía más la sensación de opacidad del sistema y de que se están ocultando las pérdidas: "Retrasar el dolor suavizando los requisitos de provisiones o con este cambio de la ley del suelo recuerda mucho al sistema bancario japonés en la 'década perdida'", añade otro analista independiente. Este sistema aguantó cinco años, pero acabó colapsando cuando no se pudieron contener más las pérdidas embalsadas.
El cambio de la normativa del suelo prolonga otro ejercicio el plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables e impedir que vuelvan a considerarse rústicos con el consiguiente desplome de su valor... y las provisiones correspondientes en las cuentas de las entidades propietarias de los terrenos. Además, el proyecto de Ley de Economía Sostenible contempla alargar más ese plazo, de tres a seis años.
"El suelo está tremendamente sobrevalorado y no tiene ninguna salida, por lo que lo razonable sería valorarlo a cero, pero el Banco de España no les va a obligar a hacerlo. Y con esta nueva norma pueden mantenerlo durante mucho tiempo sin construir porque no volverá a ser rústico", sostiene el primer analista.
Las pérdidas van a ser parecidas
Otros expertos se muestran menos críticos con este cambio legal. Roberto Ruiz Scholtes, director de estrategia de UBS, afirma que "las pérdidas las van a sufrir igual los bancos porque ya hay caídas de precios de suelos urbanizables superiores al 60% en la periferia de las grandes ciudades [algo que ya adelantó El Confidencial] y el Banco de España les obliga a valorarlos a precios de mercado y a provisionar la diferencia respecto al importe del crédito con el que se financiaron".
Este analista admite que "el cambio de la norma no va a tener ningún impacto en el mercado porque no hay diferencia entre que los suelos sean rústicos o urbanizables con la enorme sobreoferta que hay". Y añade que tanto el Banco de España como el Gobierno están realizando un importante esfuerzo para explicar a los inversores internacionales de que la exposición inmobiliaria no supone un riesgo sistémico, aunque sí provocará que unas cuantas cajas entren en pérdidas este año.
Refinanciaciones y adjudicaciones para contener la morosidad
Numerosos analistas (incluyendo algunos españoles), agencias de rating y medios internacionales llevan meses acusando a bancos y cajas de esconder sus pérdidas reales mediante la refinanciación de las deudas de las inmobiliarias con alargamiento de los plazos de devolución y la adquisición de inmuebles como pago de los créditos que las empresas no pueden pagar. Estas prácticas permiten a las entidades presentar una tasa de morosidad muy inferior a la que resultaría si se incluyeran de verdad todos los créditos que han incurrido en impago (AFI cree que estaría tres puntos por encima de la oficial).
Por otro lado, el gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez también ha aprobado normas negativas para el sector, como la obligación de provisionar un 10% del valor de los activos inmobiliarios adjudicados cada año, con el objetivo de forzar a las entidades a venderlos con descuento porque pierden dinero de todas formas si los mantienen en balance.
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