Crisis: Los otros desahuciados

19/12/2013 - 08:48D.Valeraprimir

Algo tan sencillo como encender la luz de casa y poner la calefacción se ha convertido en un drama para millones de personas en España que ven en ese simple gesto de dar al interruptor, no una manera de iluminar ni calentar el hogar, sino un gasto imposible de afrontar. Y no son casos aislados. La pobreza energética afecta ya al 10% de la población española, es decir, 4 millones de personas que tienen dificultades para pagar los recibos de la luz, el agua o el gas. Son una especie de nuevos desahuciados, solo que en vez de echarles de casa, sufren la interrupción de servicios tan básicos como la calefacción o la luz.

La voz de alarma la han dado diversas asociaciones sociales y el pasado martes llegó al Congreso, donde una proposición de Izquierda Plural para prohibir los cortes de luz y agua de los hogares con más dificultades fue rechazada con los votos del PP alegando que están promoviendo sus propias medidas para proteger a estos colectivos. Sin embargo, algunas comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña estudian poner en marcha esta medida en los próximos meses.

«El porcentaje de pobreza energética ha aumentado desde el inicio de la crisis ya que los hogares tienen menos disponibilidad de renta y se ha producido un incremento de los precios de las tarifas», aseguró José Luis López, coordinador de proyectos de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y responsable de un estudio sobre la pobreza energética en España. Los datos hablan por sí mismos. Desde 2007 el precio de la factura eléctrica se ha disparado un 60% mientras que la renta media familiar se ha reduccido un 8,5% según datos del INE. Una combinación que ha llevado a muchos hogares a la dramática situación de decidir vivir a oscuras o sin calefacción. Estar restricciones no han impedido las desconexiones.

De hecho, solo en 2012 las eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas -aunque en algunos casos se trataba de segundas residencias- lo que supone más del doble que las desconexiones antes de la crisis (en 2006 se produjeron 600.000). Las compañías se defienden alegando que ofrecen a los clientes con dificultades diversas opciones antes de efectuar una desconexión como el fraccionamiento del pago.

Pero una vivienda en tales condiciones supone un riesgo para sus inquilinos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que en los meses de invierno el umbral mínimo de temperatura de un hogar debe oscilar entre los 18 y 21 grados centígrados. Según el principal organismo internacional sanitario una vivienda más fría aumenta la prevalencia de las enfermedades en los colectivos más vulnerables como niños y ancianos. Sin embargo, miles de hogares españoles no cumplen esas recomendaciones. «Esto tiene consecuencias en la salud respiratoria y cardiovascular», explicaLópez. Pero lo más preocupante, señala López, es la alta tasa de mortalidad por esta causa. Según este experto, en España se producen un mínimo de 2.300 muertes prematuras por el frío en los hogares, lo que supone más víctimas que los fallecidos por accidente de tráfico. «Hay una relación clara entre una vivienda fría y la tasa de mortalidad prematura», explica López, quien urge a tomar medidas.

A pesar de esta dramática situación la sociedad e incluso la clase política no está concienciada sobre este problema. Los expertos aseguran que esta falta de sensibilización se debe a que las personas con estas dificultades tratan de ocultarlas por vergüenza o miedo a quedar estigmatizadas. «No son visibles por la sociedad ya que aparentemente no son personas pobres. Pero sí lo son energéticamente hablando», subraya López.

Desde ACA apuestan por una estrategia a nivel de país a largo plazo que incluya la rehabilitación de las viviendas para hacerlas más eficientes energéticamente. Sin embargo, son conscientes de que en las circunstancias actuales esta petición es inviable por los enormes costes que suponen. Por eso solicitan que se tomen medidas paliativas como la interrupción del servicio para garantizar un «suministro básico» en las casas.

Además de los problemas económicas de las familias, el otro factor de peso es el elevado precio de la energía, una de las principales denuncias de las organizaciones de consumidores. «El precio de electricidad doméstica en España es el tercero más caro de la UE solo por detrás de Chipre e Irlanda», asegura Francisco Valverde, presidente de la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE), quien pronosticó que la subida durante 2014 será «muy fuerte». En su opinión la causa de esa enorme diferencia de coste tiene que ver con decisiones políticas.

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