Menos de veinte días para aprobar los Pactos de la Moncloa
El ex presidente Adolfo Suárez acaba de morir y es preciso hacer un nuevo repaso de su herencia económica. La herencia política está clara: dinamitó el franquismo desde dentro e hizo posible la construcción de un sistema de libertades, aunque con unos fallos que nunca han estado tan expuestos como ahora.
Suárez dejó lo económico casi para el final. El hito fundamental fueron los Pactos de la Moncloa. Tremenda fue la rapidez con la que se elaboraron: las negociaciones duraron entre el 8 y el 21 de octubre de 1977, se firmaron el 25 de octubre y fueron aprobados en el Congreso de los Diputados dos días después. En ese momento, ya se habían legalizado sindicatos y partidos políticos (el PCE, el 9 de abril de 1977) y se habían celebrado las primeras elecciones democráticas, las de junio de ese mismo año, que sin ser expresamente constituyentes, tenían vocación y se convirtieron en tales. El desmontaje del régimen era un hecho y era entonces cuando se podían dedicar todos los esfuerzos a superar la crisis económica.
Como explica el historiador Julio Aróstegui, "la situación del desempleo era ya grave. El sistema tributario era escasamente progresivo y estaba por completo desfasado con respecto a la verdadera riqueza generada. La inflación era también un problema de gran gravedad, pues estaba por encima del 20% y en el centro del año había llegado incluso al 40%. De hecho, se consideraba entonces que una cifra aceptable para 1978 sería la del 22%".
El objetivo: acabar con la estanflación
Estancamiento económico con inflación derivada de la crisis del petróleo, que disparó los precios de las materias primas y, con éstas, también los salarios de los trabajadores. Y, además, endeudamiento: todos los agentes económicos y los distintos países trataron de ganar tiempo, demorando el ajuste de sus conductas a los nuevos datos que la crisis había establecido, recurriendo para ello a la deuda, cuyos intereses, por ejemplo en España, se dispararon. Ésta es la interpretación del principal artífice de los Pactos de la Moncloa, el vicepresidente y ministro de Economía del Gobierno de Suárez, Enrique Fuentes Quintana. Pero también es el diagnóstico compartido por todas las fuerzas políticas: "Los economistas españoles que participamos en los Pactos creíamos que luchar contra la inflación no era una opción política. Se trataba de un problema de supervivencia", afirma Fuentes Quintana. Igual que la corrección del déficit por cuenta corriente.
En los Pactos de la Moncloa se establecieron criterios para elaborar los presupuestos del Estado y para una política general de saneamiento económico. Pero no sólo. El historiador Arístegui dice que no se limitaron a los aspectos económicos sólo. El texto también contenía medidas políticas y sociales propiamente: la reforma del sistema educativo, con el establecimiento de la progresiva gratuidad de la enseñanza, así como la función de los sindicatos, la reforma de la Seguridad Social y la política de rentas y salarios. Y, además, se diseñaba un Programa de Actuación Jurídica y Política en el que se hablaba de la libertad de expresión, los medios de comunicación social y la reforma de códigos legales.
Crisis económica, oportunidad democrática y la memoria de la Segunda República
Enrique Fuentes Quintana comentaba en un artículo de un libro "España, Economía: ante el siglo XXI", dirigido por José Luis García Delgado: "La comprensión de esa coincidencia de crisis económica y oportunidad democrática exigía partir de la memoria histórica. Porque no era la primera vez que España registraba la presencia simultánea y conflictiva de esos dos acontecimientos". Se refería Fuentes Quintana a que en la Segunda República había ocurrido lo mismo. "Partir de esa memoria histórica de los españoles equivalía a admitir como premisa que una crisis económica constituye un problema político fundamental para una democracia naciente. Ese enfoque político de la crisis económica es el que obligaba a encontrar soluciones a sus problemas en las que participasen activamente todas las fuerzas políticas que habían obtenido representación parlamentaria en las elecciones generales de 1977". Ésa era la filosofía: consenso para evitar que la naciente democracia acabase como la Segunda República.
¿En qué se materializó? La aplicación de una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero, la aplicación de una política presupuestaria que controlara y redujera en la medida de lo posible el déficit público, la fijación de un tipo de cambio realista de la peseta, y el establecimiento de una política de rentas concebida con arreglo a tres principios: los salarios subirían de acuerdo con la inflación prevista y no según la inflación histórica, la reducción de los costes financieros con la liberalización del sector financiero y la apertura en los mercados de bienes.
Apoyo a las empresas y, a cambio, reforma fiscal, política de vivienda y seguridad social
El objetivo no era sólo controlar la inflación y alcanzar superávit por cuenta corriente ya en 1978 y 1979, sino también reestablecer el equilibrio de las cuentas de las empresas, para sostener la inversión privada y la creación de empleo. Las empresas habían entrado en un proceso de reducción de excedentes que hacía pensar en un agravamiento de la crisis.
Pero, a cambio, de ello, se realizó la reforma fiscal más ambiciosa de la historia de España. Como dice el propio Fuentes Quintana: "Incorporó también reformas importantes demoradas por el país, con la complacencia de los intereses afectados, durante muchos años. Se dieron pasos irreversibles en el cambio de la reforma fiscal, que había de cambiar el reparto de los impuestos en línea con una mayor potencia recaudatoria con mejor equidad". Impuesto sobre la Renta mucho más progresivo, sobre el Patrimonio, de Sucesiones y Donaciones... Y también el de Sociedades, respecto del cual, en el texto de los Pactos de la Moncloa se afirmaba: "La reforma del Impuesto sobre Sociedades modernizará la vigente imposición sobre los beneficios de las entidades jurídicas en un texto que evitará todo tipo de exenciones y tratamientos de privilegio que no sean necesarios para incentivar la inversión creadora de puestos de trabajo".
Apuntábamos antes que, según Aróstegui, los Pactos de la Moncloa también tenían un importante contenido social. Mencionábamos el caso de la educación. Pero también hay que tener en cuenta la política de vivienda que se esbozaba, con por ejemplo: "Prioridad absoluta a la construcción de viviendas con destino a la población de menor renta durante 1978 y 1979, elevando el número de las programadas en 1977 y favoreciendo el disfrute de parte de las mismas en régimen de alquiler (...) Adopción de medidas eficaces para la utilización de viviendas desocupadas". En cuanto a la Seguridad Social, se establecería un sistema de cotización con arreglo a criterios de progresividad, eficacia social y redistribución. Eso, en cuanto a los ingresos. Respecto al gasto, se anunciaba una ampliación de los plazos de prestación del subsidio de desempleo para ciertas categorías de trabajadores sometidos a circunstancias excepcionalmente difíciles; también, que tales prestaciones no fueran nunca inferiores al salario mínimo interprofesional y con un tope máximo, para conseguir una mayor progresividad del sistema.
No vayan ustedes a pensar en una congelación de salarios y pensiones para luchar contra la inflación. Se proponían subidas salariales de un 22% y del 30% en las pensiones, haciendo especial hincapié en las retribuciones más bajas.
Un contrato social roto
En definitiva, los Pactos de la Moncloa y, por tanto, la herencia económica de Adolfo Suárez, eran una especie de contrato social, un pacto: estabilidad macroeconómica y apoyo a las empresas a cambio de seguridad social y política fiscal más redistributiva. Quería ser, lo ha dicho Fuentes Quintana, una vacuna contra la polarización social que acabó con el anterior experimento democrático, el de la Segunda República, un seguro para quienes hicieron fortuna y soñaron con una España plenamente capitalista a partir de la reforma económica llevada a cabo por los tecnócratas del Opus Dei en 1959. El mismo camino seguiría después del Partido Socialista Obrero Español. Continuaría con las políticas de ajuste (sobre todo con la reconversión industrial) a cambio de la sanidad universal y gratuita, por ejemplo, o del sueño de entrar en el club europeo más selecto. Pero, ¿y ahora?, ¿qué nos dan como contrapartida de los esfuerzos que realizamos? El contrato social (o el placebo) de la Transición, de los Pactos de la Moncloa, del triunfo socialista, de la entrada en la Unión Europea, están rotos. Ya nadie nos promete nada a cambio de nuestros esfuerzos.
Cristina Vallejo Redactora de Inversión
Leer más: La herencia económica de Adolfo Suárez http://www.finanzas.com/opinion/cristina-vallejo/20140323/herencia-economica-adolfo-suarez-5073.html#VwZ1O5vhUetWUMKl
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