Economistas frente a la crísis y la Energía...

Entrevista a Natalia Fabra, premio de Economía 2014 de la Fundación Sabadell-Herrero by Economistas Frente a la Crisis Por Javier CUARTAS en Nueva España, Oviedo. Natalia Fabra (Madrid, 1975), licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Carlos III de Madrid, y doctora en Economía por el Instituto Universitario Europeo de Florencia, es profesora de la Universidad Carlos III y miembro de Economistas Frente a la Crisis. Especialista en organización industrial y en el análisis de la regulación y competencia de los mercados energéticos, así como en el diseño de las subasta eléctricas, el 20 de junio obtuvo el premio Sabadell-Herrero a jóvenes economistas, que recibirá en Oviedo en otoño. ¿Por qué la electricidad es más cara en España que en los países del entorno?  –Una razón fundamental es que estamos pagando por la energía eléctrica un precio superior a los costes de producción. Esto obedece a que en el modelo español todas las fuentes de energía utilizadas para atender las necesidades de consumo eléctrico se remuneran al precio que marque la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda. Por ello, las centrales nucleares e hidroeléctricas, que ya han recuperado sus costes de inversión y tienen unos costes de producción inferiores a otras tecnologías, están sobre-remuneradas. ¿Cómo se hace en otros países?  –En Francia, por ejemplo, el gran operador nacional, la compañía pública EDF, está sometida a una ley que le exige que ceda parte de su producción a operadores independientes a un precio regulado, que ahora está en 42 MWh, a condición de que éstos vendan esa energía en territorio francés. De esta forma, se acaban trasladando esos menores precios al consumidor final. En otros países, la mayor parte de la electricidad se vende a través de contratos bilaterales privados con duración de uno a cinco años. Sólo se usan los mercados organizados para fijar el precio de una pequeña parte de la electricidad. Hay otros casos específicos, como el de Noruega, donde el 90 ó 95% de la electricidad se produce en centrales hidráulicas, con costes muy bajos. Con el modelo vigente en España, el fin de la moratoria nuclear no abarataría la electricidad. –Seguiríamos pagando prácticamente el mismo precio. Así de claro. Cuando se dice que España no debe renunciar a una energía barata como la nuclear no se explica que es barata para quien la produce, pero no para quien la consume. Si tuviéramos un parque nuclear que permitiese generar con esta tecnología el 50% de la electricidad que consume España, el precio de la energía para el consumidor sería el mismo durante la mayor parte de las horas. Lo que sí se produciría sería un aumento de los beneficios empresariales….además de un aumento de los riesgos de accidente nuclear que, éstos sí, soportamos todos. Alguna gran eléctrica ha achacado la mayor carestía de la electricidad en España a los impuestos. –Sí, lo hacen continuamente, pero es incierto. En España los impuestos son inferiores a los de otros países europeos. De hecho, y tomando los datos de Eurostat, los precios de la electricidad en España son más favorables si en la comparativa incluimos los impuestos. Nuestro problema son los precios de la electricidad antes de impuestos. Por lo tanto, no sólo no es como se dice, sino todo lo contrario. Algunas compañías eléctricas han sido muy beligerantes, meses atrás, en la denuncia de que el recibo de la luz es muy caro porque recoge costes ajenos a la generación eléctrica y que no son imputables a las empresas. –Los costes de transporte, distribución y comercialización y las primas a las energías renovables (con las que se produce más del 40% de la electricidad en España) son imprescindibles y, por lo tanto, no son ni pueden considerarse costes ajenos al suministro eléctrico. Pero las grandes compañías eléctricas, con fuerte implantación en las tecnologías convencionales, responsabilizan del déficit de tarifa (30.000 millones que se adeudan a las empresas operadoras) a las primas que se otorgaron para favorecer el desarrollo de las energías renovables.  –El déficit de tarifa es la diferencia, no entre lo que pagamos y los costes reales del suministro eléctrico, sino entre lo que pagamos en el recibo y los costes que les ha reconocido a las empresas el regulador. La pregunta es: ¿se han reconocido correctamente esos costes? El hecho es que en algunos casos estamos reconociendo costes superiores a los costes reales; mencionábamos antes la sobre-remuneración a las energías nuclear e hidráulica. Pero además Bruselas nos exige que en 2020 produzcamos el 20% de nuestra energía primaria con fuentes renovables. Y en marzo, la Comisión Europea avisó a España de que no estamos cumpliendo. Hoy el 14% del total de la energía consumida tiene origen renovable. Por lo tanto, y con independencia de cuáles sean nuestras preferencias de política energética, tenemos que cumplir un compromiso que es vinculante. Y no parece que lo vayamos a hacer. ¿No será posible remontar seis puntos en seis años? –Difícilmente, una vez que se ha producido el parón regulatorio a las energías renovables. Pero el déficit de tarifa ¿no es imputable a los primas a las renovables? –No se puede pintar con colores el déficit de tarifa. Los ingresos son insuficientes para cubrir los costes reconocidos. La cuestión no son las primas, sino qué costes reconocidos están justificados y cuáles no. Se pagó una alta remuneración por las energías renovables cuando aún no eran unas tecnologías maduras. Pero ¿las hemos sobre-remunerado? Yo creo que no. En 2003 nadie invertía en esas tecnologías. Pero luego, en 2006 y 2007, se produjo una inversión brutal en el sector. Esto obedeció a causas ajenas, como los bajos tipos de interés, unidos a la liquidez que provenía del negocio inmobiliario en busca de alternativas de inversión.... El fallo no fue la remuneración: en ese momento los costes de estas energías eran elevadísimos porque eran tecnologías nuevas, lo que explica que su remuneración fuese elevada. Con el avance y perfeccionamiento de estas tecnologías, el coste de inversión en fotovoltaica ha caído el 80% en cinco años. El fallo fue la falta de seguimiento de la capacidad instalada. En un año la capacidad fotovoltaica se disparó hasta los 3.000 megavatios cuando el objetivo era de 450. Pero esta cuestión fue un fallo en la monitorización de los objetivos planificados para las renovables completamente ajeno a los inversores. ¿Es un buen negocio que España haya abandonado esta senda ahora que estas tecnologías son más baratas después de haber hecho un gran esfuerzo de impulso cuando eran caras? –Fue un error entonces invertir en exceso y es un error ahora abandonar el sector cuando los costes de inversión son muy inferiores, más cuando se trata de un sector que fomenta la innovación, el desarrollo industrial y el empleo de calidad. De ambos, quizá sea mayor el segundo error. Sobre todo porque se produce en un momento en que España tiene que dar un giro a su modelo productivo y buscar alternativas tras el desplome inmobiliario. ¿Tenía España ventajas acumuladas por haber sido un país pionero? –Sí, ciertamente. Y de esto se han beneficiado algunas de nuestras empresas con contratos en el extranjero. Otro país pionero fue Dinamarca con su apuesta por la energía eólica, con la que genera el 50% de la electricidad que consume. Hoy, es la tecnología más competitiva, con un coste medio de 30 €MWh – como referencia, nótese que el precio del mercado eléctrico español se sitúa en 50 euros. Dinamarca apostó por una energía renovable y ahora recoge los frutos porque no la abandonó. La revisión a la baja, y sobre todo con carácter retroactivo, de las primas a las renovables, ¿deteriora la imagen internacional de España como país sin seguridad jurídica? –Sí existe ese daño y se contagia a otros sectores de la economía porque el que ha cambiado las normas y las reglas de juego con carácter retroactivo es el Estado. La alemana E.On está sondeando a posibles compradores de su negocio español para abandonar el país. ¿Tienen razón las eléctricas cuando dicen que, en contra de la percepción popular, producir y vender energía en España no es ningún gran negocio? –E.On, como cualquier empresa, toma sus decisiones con información y razones que sólo ellos conocen. Su marcha puede responder a multitud de factores, como pudieran ser problemas de deuda u otros estratégicos que tal vez respondan a un repliegue de sus posiciones en los mercados del Sur de Europa. También hay que tomar en consideración que E.On tiene en España además de plantas convencionales, redes de distribución y parques eólicos (ambos han sufrido recortes retroactivos) y ciclos combinados, con muy bajas horas de funcionamiento. Por lo tanto, E.On está presente en segmentos muy castigados por la coyuntura regulatoria. Tampoco hay que olvidar que E.On entró en España pagando a ENEL precios muy altos por Electra de Viesgo que a su vez los había pagado años antes también muy altos a ENDESA aunque en aquella ocasión estuvieran ligados a operaciones cruzadas con activos de ENEL en Italia. La subasta trimestral (la llamada subasta CESUR) que establecía el precio de la electricidad en España cada tres meses ¿pudo haber sido manipulada en diciembre para causar el encarecimiento descomunal de la electricidad? -En su último informe, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aporta nueva evidencia sobre las anomalías que le llevaron a anular la subasta en diciembre. Yo no he podido analizar estos datos, porque no son públicos. Pero en trabajos de investigación previos, he podido constatar que en el mercado eléctrico español ciertas empresas tienen capacidad e incentivos para ejercer poder de mercado y así elevar estratégicamente los precios por encima de los costes. ¿Pudo haber habido manipulación? Sí. ¿Ocurrió? No lo sé. El nuevo sistema impuesto por el Gobierno a partir de este año, aplicando los precios que emanen de las subastas diarias de electricidad, ¿es más favorable? –Creo que puede ser favorable. La gestión de la demanda en el sector eléctrico debe jugar un papel creciente. La electricidad no es como el pan, cuyo coste de producción es el mismo a cualquier hora. La electricidad no se puede almacenar, y para generarla hay que recurrir a distintas tecnologías con costes dispares. Por ello, según haya más o menos demanda, sople más o menos viento, el coste de producción varía de hora en hora. Si el consumidor, conociendo los precios horarios, traslada consumo a las horas de menor coste, se aplanará la curva de demanda y con ella la de producción. Así se abaratará la producción eléctrica, y se reducirá la necesidad de mantener capacidad ociosa. Pero las pautas de consumo no cambiarán sin incentivos. Con este sistema los usuarios tendremos incentivos a desplazar parte de nuestro consumo a las horas de menor coste. Pero se necesitan además nuevos contadores, que registren el consumo horario y nos informen sobre el precio horario de la electricidad. Los actuales, incluidos los llamados contadores inteligentes, sólo aportan realmente información útil y manejable a las empresas eléctricas. ¿Hay exceso de capacidad de generación en España?  –Es cierto que hay un cierto exceso de capacidad instalada, aunque la experiencia indica que cuando la economía repunta, la absorción de los excesos de capacidad es muy rápida. Ahora bien, hay que distinguir entre capacidad instalada y capacidad firme. España tiene 110.000 megavatios de capacidad instalada, pero nuestra capacidad firme es de 55.000 porque algunas instalaciones sólo pueden producir cuando hay agua embalsada o cuando sopla el viento o cuando hay radiación solar. Por lo tanto, hay un exceso de capacidad instalada, pero no en la relación de 110 a 45, sino de 55 a 45. A veces sonroja oír a altos cargos de la Administración y del Gobierno confundir capacidad instalada con capacidad firme cuando se refieren al exceso de capacidad existente. La capacidad relevante, obvio, es la firme no la instalada o nominal. ¿Es tan barata la energía nuclear como se dice? –Depende. Una central que ya ha amortizado o recuperado su inversión produce energía muy barata, pero esto no es así si la planta es nueva y no ha recuperado por tanto su inversión. No creo que en este momento haya inversores dispuestos a invertir en energía nuclear con precios de 50 euros por megavatio hora. En el Reino Unido se van a construir dos reactores, pero sólo porque el Gobierno ha suscrito con sus propietarios contratos a largo plazo con una remuneración de 100 libras (126 euros) por megavatio hora. No me atrevo a calificar esa decisión del Gobierno británico porque carezco de la información necesaria para emitir un juicio… pero, en fin, esa energía –siendo nuclear- no parece que sea muy barata. ¿Liberalización implica desregulación? –La liberalización de la economía exige regulación y ambas políticas son complementarias. Hay que liberalizar más, pero precisamente por eso hay que regular más y mejor. La electricidad y la banca son claros ejemplos de sectores liberalizados y a la vez sectores muy regulados. Si no hay regulación, el hueco lo cubre la autorregulación. Y sin un conjunto de reglas iguales para todos, no hay posibilidad de competir. Son las reglas las que permiten y garantizan la libertad para todos. La actual crisis internacional fue la resultante de un largo proceso de desregulación. ¿Hubo ingenuidad? –Creo que no hubo tal ingenuidad. La autorregulación era el mejor de los mundos posibles para el autorregulado, porque propicia el entorno más favorable para los intereses particulares. La autorregulación se compadece mal con el interés general. ¿Cómo deber ser la supervisión? –La supervisión debe ser cualificada, y ello exige especialización. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), creada el año pasado, abarca muchos sectores regulados, todos ellos muy complejos. No es por tanto un buen ejemplo de especialización. Soy partidaria de órganos reguladores y supervisores sectoriales, como bajo el modelo anterior (Comisión Nacional de Telecomunicaciones, de Energía, del Mercado de Valores y de la Competencia), y no de superreguladores. En su seno hay profesionales especializados y muy bien cualificados, pero quienes en última instancia toman las decisiones son los consejeros…y ni nadie sabe de todo, ni el proceso de selección ha brillado por su rigor. –Los casos de Gowex, las participaciones preferentes, antes Enron, etcétera, ¿ponen de manifiesto fallos de regulación y supervisión? Ha habido fallos en los mecanismos de supervisión y regulación en los que el Banco de España y la CNMV no estuvieron a la altura de las expectativas. El ex presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan escribió que, por mucha supervisión que haya, la única forma de descubrir los fraudes es si alguien desde dentro de la empresa lo desvela. -Las empresas que quieran cometer fraude buscarán todos los medios para pasar desapercibidas. Y ello exige mecanismos de supervisión cada más avanzados porque el supervisor no es omnipresente. Por ejemplo, la lucha contra los cárteles se ha visto fortalecida con la introducción de los programas de clemencia que incentivan a las empresas participantes a autodenunciarse para incriminar al resto, a cambio de exenciones o reducciones en las multas. Incluso en algún país se premia al soplón, a empleados que aporten información interna de sus empresas que permitan la detección de cárteles. La gran concentración financiera que se ha producido en España, ¿restringe la competencia? –Salimos de la crisis con sectores más concentrados y ello exige más supervisión y mayor vigilancia. La globalización conlleva integraciones y uniformidad. ¿Será capaz el mercado de generar antídotos y promover nuevos operadores para romper el oligopolio al que podría llegarse con las fusiones trasnacionales? –Sí, pero serán menos potentes que las fuerzas hacia la concentración. La globalización no puede ser un pretexto para permitir la concentración empresarial o para que se eleven las barreras a la entrada de nuevos operadores, en definitiva, para que se limite la competencia. No antepongamos lo uno a lo otro. Si la globalización es positiva y la queremos, debe proteger nuestros principios. Uno de ellos es el libre mercado, pero también lo es el Estado de Bienestar, la protección de los derechos laborables, del medioambiente... La globalización no puede producirse a costa de las conquistas que nos definen como sociedad y que están en las bases de nuestro progreso.