Se empieza rompiendo una costura y se acaba descosiendo el traje entero. Ese es el gran peligro de la reforma que pretende imponer el PP para que en los ayuntamientos gobierne el candidato de la lista más votada, una operación de luces cortas que, además –como ocurre con todas las medidas que se adoptan por intereses coyunturales– con el tiempo puede acabar volviéndose en contra del partido que la promueve.
El sistema vigente establecido por la Ley Orgánica de Régimen Local forma parte de un modelo electoral homogéneo y coherente: proporcional corregido, con elección del primer gobernante a través de las cámaras colectivas que son el Congreso de los Diputados, los Parlamentos regionales y los plenos municipales, identificados como las sedes de la soberanía popular.Si ni el presidente del Gobierno ni los presidentes autonómicos son elegidos por votación directa de los ciudadanos –lo que entrañaría pasar del modelo constitucional parlamentario a un modelo presidencialista, inviable en un régimen en el que la Jefatura del Estado corresponde al Rey–, ¿por qué han de serlo los alcaldes?
La reforma para la elección de alcaldes que pretende el PP rompería una costura del traje constitucional
Ninguno de los argumentos esgrimidos a favor tiene peso suficiente frente a las contraindicaciones de un cambio de esta naturaleza y calado, no digamos a nueve meses de las elecciones en las que pretende aplicarse. No facilita el acercamiento entre gobernantes y gobernados porque estos demandan más participación y el ágora son los plenos municipales. No favorece la transparencia porque al aumentar su autoridad también diluye el control sobre la gestión de los alcaldes, pese a estar archiprobado que gran parte de la corrupción ha estado en gran medida asociada a las políticas urbanísticas municipales.
Tampoco facilita la gobernabilidad, sino que fomenta el caciquismo o caudillismo local. No contribuye a reforzar el ayuntamiento como “institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos” porque la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local ya les pasó la tijera. Y, a la vista de cómo el PP ejerce su mayoría absoluta parlamentaria –no muy distinta de la forma en que la aplicaron otros cuando la tuvieron–,sería un golpe mortal para un pluralismo político que no sea meramente formal.
Fragmentación ‘versus’ soledad
El PP presenta su iniciativa envuelta en el lazo de la exigencia ciudadana de más y mejor democracia, pero la democracia directa no es per se ni más ni mejor democracia que la representativa. Cuando Javier Arenas emplaza al PSOE a presentar una “propuesta más democrática”, sólo introduce confusión para ocultar un cálculo partidista: las diversas estimaciones publicadas varían algo en las cuentas, pero coinciden en que el PP sería, ahora, el gran beneficiado de esa reforma legal, asegurándose el gobierno de entre cuarenta y cincuenta grandes ciudades, y arrebatando al PSOE sus dos buques insignias: Vigo y Zaragoza. Y la realidad es que el 90% de las principales ciudades ya tienen como alcalde al candidato de la lista más votada.
Vetar los pactos municipales, cuya tradición se remonta a 1979, puede provocar un desplazamiento hacia los acuerdos de ámbito regional
La cultura de los pactos municipales, que ahora trata de romper el PP, se remonta a los primeros comicios locales, celebrados en 1979. Fueron la placenta para el crecimiento y consolidación del PSOE como alternativa de gobierno, lo que no puede extrañar si se repara en su tradición municipalista –una concejalía en el Ayuntamiento de Madrid fue el primer cargo público del partido–.
Si la izquierda española arrastra un problema de fragmentación, la derecha lo tiene de soledad. Al argumentario del PP le pasa lo que ocurre cuando la sábana no alcanza para cubrir los pies. Mire hacia donde mire, le quedan pocos con los que poder pactar, y esos pocos, como puede ser UPyD en ciudades como Madrid o Valencia, no le resultan de fiar. Pero la maniobra para perjudicar a su rival directo entraña un “daño colateral” –expresión jurídica de origen militar– al otorgar un plus a formaciones de corte radical con fuerte asentamiento territorial, como Bildu en el País Vasco y ERC en Cataluña.
Si el PP no planteara esta reforma con las luces cortas, repararía en que las minorías de ayer son las mayorías de hoy y las mayorías de hoy pueden ser las minorías de mañana. Y, además, tendría en cuenta que, por querer cortocircuitar los pactos municipales, puede alentar los acuerdos regionales en las elecciones autonómicas, que se celebrarán simultáneamente en la primavera del año próximo. Pero el PP sabe que, aunque los presidentes autonómicos actúen o quieran actuar como barones, el cimiento de los partidos españoles está en los municipios. Ahí es donde el PSOE empezó a hundirse en el pozo, en mayo de 2011, y ahí es donde el PP intenta que siga. Pero, a veces, la soga preparada para el al adversario se enreda ahorcando a quien la maneja.