La última medida energética de Soria abre la puerta a una posible ilegalización del PP
Asece considera que la decisión del Gobierno de transponer una norma comunitaria sin consultar al Consejo de Estado abre la puerta a una posible ilegalización del PP.
José Manuel Soria, ministro de Energía
E.B. / 19-08-2014 • 17:05
El Partido Popular podría ser ilegala fecha de hoy. Al menos así lo plantea la Asociación Española para la Calidad en la Edificación(Asece), que considera que la última decisión del Gobierno sobre energía “vulnera la Constitución”y abre las puertas a la ilegalizar la formación con la Ley de Partidos Políticos de 2012 en la mano.
Después de denunciar que “a este Gobierno ya le da igual el funcionamiento democrático institucional” porque sus miembros “están haciendo lo que les da la gana”, Asece considera que el “quebranto democrático” derivado de haber transpuesto a la normativa española una norma comunitaria europea sobre eficiencia energética sin haber consultado al Consejo de Estado “debería plantear el considerar al partido político que está gobernando en este país ilegal” según la norma que aprobó el Ejecutivo de José María Aznar en su última legislatura para evitar la llegada de proetarras a las instituciones.
La organización ha pedido al Consejo de Estado que en esta línea tome “las medidas oportunas” que contempla la legislación vigente. Su denuncia se fundamente en que el Artículo 107 de la Carta Magna fija que el Gobierno debe consultar al órgano interpelado sobre todos los anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del Derecho Comunitario Europeo. Algo que, según Asece, se habría evitado el equipo de Rajoy a la hora de pasar a la normativa española la última directiva europea en energía, una materia en la que la Asociación tiene abiertos otros frentes contra el Ejecutivo.
El proyecto de Real Decreto, según denuncia la Asociación, habría sido aprobado por el Consejo de Ministros sin el preceptivo dictamen del Consejo de Estado y sin tan siquiera haber sido estudiado por la Comisión Permanente ni aprobado por el Pleno. En este sentido, la norma definitiva aparecía ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 5 de julio sin haber superado ninguno de estos necesarios trámites y, según denuncian a la postre, saltándose la Constitución española.
La misiva que va firmada por el presidente de la organización, Adrián Sánchez Molina, destaca que la referencia a la norma europea se coloca en la disposición final de la norma y que “como siempre” ni siquiera es capaz de responder a todas las exigencias de Bruselas. En este sentido, el cabeza visible de la Asociación insta a los miembros del Gobierno a que “dejen de hacer las cosas como les da la gana” y a marcharse “si no saben hacerlo bien”, recoge la carta.
Asece denuncia además que “somos muchas las organizaciones, instituciones y asociaciones las que venimos recordando y exigiendo al Gobierno sentarse a estudiar la transposición de esta directiva”. Concluyen que puesto que el plazo terminaba el pasado día 5 de junio, el ministro José Manuel Soria “ocultó” junto a sus compañeros la denuncia de Bruselas y aprovechó su último “macrodecreto para intentar demostrar que la cosa está resuelta”. Mientras tanto, la Asociación sigue recogiendo firmas para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para realizar una auditoría sobre el tantas veces referido y aún no atajado déficit de tarifa eléctrico.
Después de denunciar que “a este Gobierno ya le da igual el funcionamiento democrático institucional” porque sus miembros “están haciendo lo que les da la gana”, Asece considera que el “quebranto democrático” derivado de haber transpuesto a la normativa española una norma comunitaria europea sobre eficiencia energética sin haber consultado al Consejo de Estado “debería plantear el considerar al partido político que está gobernando en este país ilegal” según la norma que aprobó el Ejecutivo de José María Aznar en su última legislatura para evitar la llegada de proetarras a las instituciones.
La organización ha pedido al Consejo de Estado que en esta línea tome “las medidas oportunas” que contempla la legislación vigente. Su denuncia se fundamente en que el Artículo 107 de la Carta Magna fija que el Gobierno debe consultar al órgano interpelado sobre todos los anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecución, cumplimiento o desarrollo de tratados, convenios o acuerdos internacionales y del Derecho Comunitario Europeo. Algo que, según Asece, se habría evitado el equipo de Rajoy a la hora de pasar a la normativa española la última directiva europea en energía, una materia en la que la Asociación tiene abiertos otros frentes contra el Ejecutivo.
El proyecto de Real Decreto, según denuncia la Asociación, habría sido aprobado por el Consejo de Ministros sin el preceptivo dictamen del Consejo de Estado y sin tan siquiera haber sido estudiado por la Comisión Permanente ni aprobado por el Pleno. En este sentido, la norma definitiva aparecía ya publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 5 de julio sin haber superado ninguno de estos necesarios trámites y, según denuncian a la postre, saltándose la Constitución española.
La misiva que va firmada por el presidente de la organización, Adrián Sánchez Molina, destaca que la referencia a la norma europea se coloca en la disposición final de la norma y que “como siempre” ni siquiera es capaz de responder a todas las exigencias de Bruselas. En este sentido, el cabeza visible de la Asociación insta a los miembros del Gobierno a que “dejen de hacer las cosas como les da la gana” y a marcharse “si no saben hacerlo bien”, recoge la carta.
Asece denuncia además que “somos muchas las organizaciones, instituciones y asociaciones las que venimos recordando y exigiendo al Gobierno sentarse a estudiar la transposición de esta directiva”. Concluyen que puesto que el plazo terminaba el pasado día 5 de junio, el ministro José Manuel Soria “ocultó” junto a sus compañeros la denuncia de Bruselas y aprovechó su último “macrodecreto para intentar demostrar que la cosa está resuelta”. Mientras tanto, la Asociación sigue recogiendo firmas para llevar al Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para realizar una auditoría sobre el tantas veces referido y aún no atajado déficit de tarifa eléctrico.
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