La hora cero del caso Marea
Comienza el juicio con 13 acusados que suman hasta 57 años de peticiones de cárcel // Se estima que la cantidad defraudada oscila entre 5 y 9 millones de euros
DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2016
Cuando se inició, seis años atrás, la investigación del caso Marea, la primera batalla mediática fue por la denominación de la trama. Marea fue el nombre puesto por la policía en sus indagaciones utilizando las iniciales de Marta Renedo, la funcionaria acusada de malversación, cohecho y delitos de falsedad documental para apropiarse de una considerable suma de dinero amañando contratos para reponer mobiliario escolar. El nombre de caso Renedo gozó así también de predicamento, aunque pujó con fuerza el de caso Ripedre, después de que se ampliara la investigación al que fuera consejero de Educación durante los gobiernos de Vicente Álvarez Areces. No hay un consenso final, y en función de quién sea el que levante el dedo acusador en cada momento se puede utilizar uno u otro nombre para la trama, aunque Marea está cerca de imponerse. Mañana lunes, después de seis años de instrucción, arranca el juicio en la sección tercera de la Audiencia de Asturias, con trece acusados en el banquillo para los que la Fiscalía reclama pernas que suman hasta 57 años de cárcel. Se trata de la mayor investigación por corrupción que se ha llevado a cabo en el Principado, por el número de personas implicadas y también por la cantidad de dinero que ha supuestos para el erario público, una cifra entre los 6 y los 9 millones de euros.
Las primeras investigaciones comienzan en el año 2010 cuando se detectan las primeras irregularidades en las actuaciones de Marta Renedo, aunque en teoría sus manejos se remontan al año 2001 y su detención no se produce hasta enero de 2011. Entonces, la jefa de servicio en la Consejería de Cultura --posteriormente pasó a ser jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas-- usurpaba la identidad de otras personas para abrir cuentas bancarias falsas a las que desviaba dinero de los sobornos y regalos que recibía de varias empresas que pujaban por ofrecer a la administración sus servicios. En una ocasión, una de las mujeres a las que suplantó se presentó en la oficina bancaria alertada por movimientos a su nombre para reclamar explicaciones y Renedo llegó a ofrecerle dinero a cambio de no denunciarla. En la trama destacan dos empresas investigadas, Igrafo y Almacenes Pumarín, con los que presuntamente realizó negocios, con tramitaciones irregulares de contratos, pagos por adelantado, devoluciones y hasta facturas falsas.
Supuestamente, Igrafo y Almacenes Pumarín también vendían mobiliario escolar al Principado pero que nunca llegaba a las aulas. En la labor policial de investigación, comenzaron a realizarse escuchas telefónicas que llevaron la pista a la participación del consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre (quien presuntamente favoreció a estos empresarios a cambio de beneficios para su hijo) y también hacia la número dos de la Consejería, María Jesús Otero, que es la que se enfrenta a una mayor pena en esta causa.
Sin embargo, será Renedo la primera en declarar en el juicio que comienza este lunes. A Renedo se le acusa de apropiarse de 1,4 millones de euros adjudicándose contratos, con regalos y sobornos de las empresas de los también acusados Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Sánchez (Almacenes Pumarín); para ella la Fiscalía pide 10 años de cárcel por delitos continuados de falsificación documental, malversación y cohecho. El fiscal considera que Renedo "se quedó para sí o para entidades vinculadas a ella" 1,88 millones de euros procedentes de la Administración regional y que recibió otros 460.000 euros de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín por favorecer a sus empresas. Junto a corruptos siempre hay corruptores. La defensa de los empresarios tratará de aducir que fueron empujados por los responsables de la administración a ofrecer prebendas y sobornos a cambio de conseguir los contratos. Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez se enfrentan a sendas penas de 9 años de prisión y multas de 1,5 y 1,9 millones, respectivamente, por cohecho y falsificación, entre otros delitos. El fiscal también interesa cuatro años de prisión para el gerente de ASAC Comunicaciones, Maximino Fernández, y tres años para el de Nora Proyectos e Ingeniería, Antonio José Azorín, por los delitos de falsificación de documentos, fraude y exacciones ilegales.
En la cúspide de la investigación están quienes estaban en la cúspide de la consejería. María Jesus Otero se habría llevado la parte del león en sobornos y regalos, por una suma que ascendería a unos 2,5 millones de euros. Ella será la tercera en declarar. El fiscal pide para Otero once años y medio de prisión por prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho, así como una multa que se corresponde con la cifra de dos millones y medio que habría recibido "como mínimo", según la investigación, de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín por amañar contratos.
Riopedre, aduciendo motivos de salud, había dejado de ser consejero meses antes de que fuera detenido. Él llegó a ingresar en prisión durante la investigación. De las conversaciones telefónicas que fueron grabadas por la policía se deduce que benefició a las empresas para favorecer a su hijo, que pasaba un momento de apuro económico. Riopedre afronta una pena de diez años y medio de cárcel y una multa de 400.000 euros por los delitos de prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho. Junto a todos los acusados más notables, también tendrán que responder ante el tribunal otros implicados como tres trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo Paz Rodríguez Pendás, José Villa Cantero e Isaac Ovies García; Francisco Javier Juárez (funcionario del Ayuntamiento de Mieres), José Manuel Blanco (Funcionario de la Escuela de Ingeniería) y Braulio Iglesias (trabajador del Ayuntamiento de Avilés). Ellos tendrán que responder ante la acusación de cohecho por supuestamente haber favorecido a las empresas de la trama.
Son seis años de instrucción y el juicio definitivo no será corto. Los interrogatorios se prevé que se prolonguen al menos hasta el mes de julio y quizá agosto. En ellos participarán los 180 testigos que han sido citados por las partes y que, a un ritmo de nueve diarios, y tres veces por semana
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