La circular 4 de provisiones empieza a perfilar el rostro del ajuste que los bancos españoles deberán efectuar al cierre del presente ejercicio 2016. Los reguladores del Banco de España están levantando poco a poco sus cartas en las reuniones técnicas con los representantes de las entidades financieras, poniendo de relieve el alcance de una medida cuyo centro de gravedad está situado en los activos inmobiliarios que los bancos se han ido adjudicando como garantía de sus créditos impagados. Los responsables de la supervisión tratan de aprovechar la normativa contable en ciernes para pinchar de forma definitiva la burbuja del ladrillo, que tantas pompas y tan pocas obras ha generado en el sistema financiero.
El Banco de España quiere que todos los bancos del país limpien de un plumazo sus balances y se sacudan de una vez para siempre el ‘pesado ladrillo’, que lastra su operativa dentro de un negocio con márgenes cada vez más estrechos. Ante la complejidad de establecer baremos individualizados, la institución de dirige Luis Linde es partidaria de hacer tabla rasa, exigiendo un ‘haircut’ generalizado que, en términos medios, equivale a un ajuste del 30% sobre el valor contabilizado de los activos inmobiliarios que posee cada una de las entidades del sector.
La provisión deberá efectuarse en los últimos meses del año, ya que la circular entrará en vigor el próximo 1 de octubre. En un principio, el calendario de actuación previsto por las autoridades fijaba la aplicación de las nuevas normas contables al término del primer semestre. La crítica situación de rentabilidad por la que atraviesan las entidades españolas, evidenciada en la presentación de resultados correspondientes al primer trimestre, mostró la conveniencia de dar un cierto respiro a la banca para que vaya adecuando sus estados financieros con un razonable horizonte de tiempo, pero que en todo caso no podrá dilatarse más allá del cierre del presente ejercicio.
El objetivo del Banco de España es adaptar en una primera fase la valoración de los activos adjudicados a los niveles de precios reales que existen en el mercado inmobiliario. De esta forma, los bancos podrán llevar a cabo, acto seguido, un proceso de liquidación ordenada que asegure las desinversiones planificadas, evitando esos quebrantos sobrevenidos que tantos sustos han provocado en el sector durante los últimos años. La venta de los inmuebles permitirá a las entidades liberar en última instancia las multimillonarias provisiones a que han sido obligadas como consecuencia del draconiano proceso de reestructuración del sistema financiero en España.
El detalle técnico del plan de ajuste recomendado a los bancos establece un ‘haircut’ del 25% sobre el parque de viviendas adjudicadas o recibidas en pago de deuda. En el caso de los suelos incorporados a los balances, el ajuste que se impone es todavía mayor y alcanza el 40% de las valoraciones, en tanto que las oficinas, locales y naves equivalentes de uso serán retasados, con un recorte del 35%. Estos porcentajes ponen de manifiesto las dudas que los expertos del Banco de España mantienen todavía acerca de la evolución futura del sector inmobiliario y su previsible recorrido a la baja en cuanto toda esta oferta salga al mercado.
Todas las entidades financieras deberán ajustar el valor de sus viviendas adjudicadas un 25%; los suelos, un 40%, y las oficinas, naves y locales, un 35%
De acuerdo con los datos del informe de estabilidad financiera elaborado por el Banco de España, la carga de activos improductivos que soportaba el sistema financiero a finales del pasado año se eleva a más de 200.000 millones de euros, de los que 84.000 millones corresponden a riesgos inmobiliarios. En su calidad de regulador único y plenipotenciario, el Banco Central Europeo (BCE) considera que esta última partida se ha convertido en una rémora de solvencia estructural, porque los bancos españoles han hecho caso omiso a las recomendaciones de venta para no generar minusvalías que pudieran poner en aprietos sus ya de por sílánguidas cuentas de resultados.
Las suspicacias que los reguladores de Fráncfort mantienen todavía sobre el sector bancario en nuestro país constituyen el elemento clave que explica la aparición de esta nueva circular de provisiones. El Banco de España acata órdenes con una medida coercitiva impuesta con todas las de la ley, para que nadie pueda escaparse de la obligación de un ajuste estimado en torno a los 25.000 millones de euros. Una cura de adelgazamiento que supone un 10% añadido sobre el importe de 250.000 millones que la banca española ha tenido que asumir en los sucesivos programas de saneamiento y rescate llevados a cabo en España durante los últimos seis años.
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