178.000 euros en viajes y hoteles
Las cantidades más elevadas corresponden a Caunedo y Pecharromán, y se vinculan con sus vacaciones en Nueva York, Croacia y Florida
La jueza De Lara investiga el pago de servicios por Agbar a decenas de políticos asturianos
La jueza Pilar de Lara, que instruye el 'caso Pokemon' desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, sigue tocando las mismas teclas que en su día ya hizo sonar su homóloga en el Juzgado de Instrucción de Avilés. La magistrada Elena González mantuvo en calidad de imputados (figura que ahora se ha sustituido por la de investigados) por delitos de cohecho a cerca de una veintena de políticos asturianos que, presuntamente, se habrían beneficiado de viajes y estancias en hoteles abonados por el grupo Agbar, a través de la empresa de gestión de agua Aquagest. Aunque aquella causa fue sobreseida, la titular del juzgado lucense no parece dispuesta a dar carpetazo al asunto. Mantiene investigados a muchos de aquellos políticos y, cuando algunos daban la instrucción por concluida, la ha reactivado con una nueva ronda de declaraciones con más testigos y nuevos acusados, y ha pedido ampliar las investigaciones en relación con nuevos ayuntamientos que podrían sumarse a la presunta trama de corrupción.
En el marco de estas diligencias, Vigilancia Aduanera ha puesto sobre la mesa de la instructora un nuevo informe que recoge servicios facturados por distintas agencias de viajes al grupo Agbar en beneficio de políticos y funcionarios de varias comunidades autónomas, principalmente Galicia y Asturias, cuyo coste asciende a más de 178.000 euros. Las cuantías más importantes están vinculadas al exalcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, y al exconcejal del PP de Gijón, Manuel Pecharromán, ambos investigados precisamente en relación con unos viajes a Nueva York, Florida y Croacia en 2009 que disfrutaron en compañía del principal acusado, Joaquín Fernández. Los investigadores creen que fueron abonados por la empresa de gestión de aguas como pago de favores políticos. El informe cuantifica el gasto facturado en beneficio del ahora concejal de la oposición en la capital ovetense en unos 11.600 euros, incluyendo en este montante una partida de 7.635 euros que figura como 'Viaje Florida/Grupo Caunedo'. Caunedo se habría beneficiado, presuntamente, de otro importe de 5.006 euros, idéntico al registrado a favor de Pecharromán y de Cristina García Montes, que podría estar relacionado con el viaje a Nueva York, cuyos gastos compartieron y que, según han venido manteniendo durante todo este tiempo e insistieron ayer, adelantaron a Joaquín Fernández, quien se ocupó de su gestión. La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) volvió a pedir ayer al edil popular que explique «sin demora» si se benefició de estas cuantías.
En el desglose realizado en el informe aparecen también pagos significativos en beneficio de otros investigados en la causa como el expresidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui, y su mujer, Carmen Vega, así como los exalcaldes de Gozón Salvador Fernández y Ramón Artime, del PP. También se atribuyen servicios por valor de 2.338 euros en favor del actual alcalde de Tineo, el socialista José Ramón Feito y una cifra mucho más modesta, de unos 170 euros, para el exconcejal del PP de Nava, Jose María Osoro. Estos dos últimos, así como el alcalde de Coaña, Salvador Méndez y la teniente de alcalde, Rosana González, están llamado a declarar el próximo 27 de febrero en Lugo.
El documento recoge, además, pagos de servicios a otros muchos políticos y funcionarios de Avilés, Pravia, Siero, Llanes, El Franco o Colunga, muchos de ellos ya investigados previamente por el juzgado avilesino, como es el caso de la exalcaldesa de ese concejo y ahora consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, a quien se le atribuye un gasto de cerca de 400 euros. El nombre del alcalde de Colunga, el socialista Rogelio Pando, aparece en numerosas facturas que suman 2.636 euros y el de su mujer, Esther Freile, en otras cuantas que se elevan a 638 euros. A la alcaldesa de El Franco, la socialista Cecilia Pérez, se la vincula con pagos por importe de 2.200 euros y al regidor de Pravia, David Álvarez, con servicios valorados en 1.900 euros.
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