La comisión del Pacto de Toledo se constituyó en septiembre de 2016 y ocho meses después todavía no ha acordado ni una sola recomendación. Las negociaciones entre los grupos van muy lentas y ya nadie espera un gran acuerdo en la primera mitad del año. El Gobierno no tiene mucha prisa, ya que está esperando al acuerdo de los agentes sociales (sindicatos y patronal); mientras que el resto de partidos se han pasado el último mes esperando al resultado de las primarias del PSOE. La consecuencia es que ya casi se ha pasado la primera mitad del año y cualquier acuerdo sigue muy lejos, mientras el grave agujero de la Seguridad Social sigue sin resolverse, a pesar del crecimiento de los ingresos del sistema.
El PSOE quiere desbloquear la negociación con un pacto de urgencia que resuelva los problemas de corto plazo que tiene el sistema, antes de abordar las deficiencias estructurales. Este acuerdo tendría que inyectar recursos de forma inmediata en el sistema y también desbloquear la revalorización de las pensiones para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Esta solución temporal daría más tiempo a la comisión para negociar un segundo acuerdo que resuelva los desequilibrios estructurales y busque el equilibrio entre solvencia y suficiencia que todos quieren dar al sistema.
Los socialistas han trasladado al Ejecutivo su voluntad para negociar ‘a contrarreloj’ para alcanzar un acuerdo que podría entrar en vigor a la vuelta del verano. El PSOE quiere que las conversaciones para elevar los recursos del sistema giren en torno a tres grandes pilares en los que hay un consenso mayoritario entre los diferentes partidos de la oposición: sacar los costes de las políticas activas de empleo, los gastos corrientes y de personal y elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) y las bases mínimas de cotización.
Con estas medidas, se podría reducir el déficit de la Seguridad Social en unos 6.000 millones de euros. Una cifra nada despreciable, ya que permitiría rebajar el desfase entre ingresos y gastos de los Fondos de la Seguridad Social en casi un 40% (el objetivo para este año es del 1,4% del PIB, unos 15.000 millones). Eso sí, cargaría la mayor parte del ajuste sobre la Administración central, que tendría que asumir esta solución temporal. Esto involucra a un segundo ministerio en el acuerdo, el de Hacienda, que tarde o temprano se tendrá que hacer cargo de una parte importante del déficit del sistema (puede que incluso superior a estos 6.000 millones).
El Grupo Popular en el Congreso coincide en eliminar gastos del sistema que no tengan nada que ver con el pago de las pensiones contributivas. “Es fundamental separar las fuentes de financiación para que solo se paguen con cotizaciones los gastos contributivos”, explicó el lunes la portavoz de los populares en el Pacto de Toledo, Carolina España, durante su intervención en una jornada de pensiones organizada por el Consejo General de Economistas. “Habrá que limpiar el sistema”, culminó.
La preocupación de los pensionistas
El repunte de la inflación ha generado una gran inquietud entre los pensionistas, que ven que su poder adquisitivo se reduce rápidamente. Ante esta situación, los partidos de la izquierda y los sindicatos están presionando al Gobierno para que revise la reforma de las pensiones de 2013 que desarrolló el factor de sostenibilidad introducido en 2011 por el PSOE (empezará a funcionar en 2019) y creó el índice de revalorización de las pensiones (IRP).
El ministerio está dispuesto a introducir cambios que permitan mejorar el sistema, y el PSOE ofrece su colaboración para ‘dulcificarla’. Sin embargo, la Comisión Europea no autorizará ninguna medida que ponga en riesgo la sostenibilidad, por lo que Empleo sabe que tiene que controlar el gasto. Los partidos de la izquierda exigen volver a vincular la revalorización al IPC, algo que no está dispuesto a conceder el Ejecutivo, y más después de todos los esfuerzos para desindexar la economía del IPC. Las posiciones de partida están muy alejadas, por lo que cualquier acuerdo tendrá que buscar acomodo en un punto intermedio.
¿Quién paga esto?
Las medidas propuestas por el PSOE podrían ascender a 6.000 millones de euros. El grueso se sitúa en los capítulos I y II del Presupuesto de la Seguridad Social. En estos dos apartados se incluyen gastos operativos del sistema que nada tienen que ver con el pago de las prestaciones, por lo que los socialistas consideran que no deberían financiarse con cotizaciones sociales.
El primer capítulo es el de gastos de personal, y para este año está dotado con 2.400 millones de euros, 97 millones más que en 2016. El capítulo segundo recoge las partidas de gasto corriente y servicios, que cuentan este año con 1.500 millones de euros, 178 millones más que en el ejercicio anterior. Si finalmente todas las partes coinciden en que las cotizaciones solo tienen que financiar las prestaciones, estos dos capítulos pasarían íntegramente a los Presupuestos Generales del Estado y se pagarían con impuestos.
En segundo lugar, el PSOE pide retirar el coste de las políticas activas de empleo de la Seguridad Social. El sistema está financiando las reducciones en las cotizaciones que aprobó el Gobierno para estimular la creación de puestos de trabajo y que, en su opinión, deberían pagarse con impuestos. El Ministerio de Empleo está estudiando esta medida desde el año pasado, lo que permitiría al sistema ingresar unos 2.000 millones más cada año.
Por último, los socialistas piden una subida del salario mínimo que eleve las bases mínimas de cotización y así crezcan los ingresos del sistema. Esta petición va en línea con la proposición de ley que presentó Podemos en el Congreso y que se aprobó con 174 votos a favor y 137 votos en contra. Esta medida pide subir el SMI a 800 euros en 2018 y a 950 euros en 2020.
Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 707,6 euros mensuales. Está en ese nivel desde enero, cuando entró en vigor el acuerdo entre el PP y el PSOE para subirlo un 8%, esto es, 52,4 euros mensuales. Con este incremento de la retribución, la Seguridad Social conseguirá 70 millones más este año. Futuras subidas del SMI (y de las bases mínimas) también incrementarán los ingresos del sistema, aunque dependerá de cuánto se eleve la retribución.
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