Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) entraron en vigor definitivamente el pasado jueves, con más de medio año de retraso. Con su activación, se pone en marcha una de las noticias más importantes que contiene, la subida de las pensiones. Todos los beneficiarios tendrán una subida mínima en su prestación del 1,6%, que coincide con las estimaciones del IPC para el conjunto del año. Esta revalorización tiene que hacerse de forma retroactiva al primero de enero, y el Gobierno ha decidido ajustar los atrasos con una segunda ‘extra’ de verano que abonará este mes de julio.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya ha puesto en marcha la maquinaria para abonar esta paga en las próximas semanas. No ha podido hacerlo hasta ahora, porque necesitaba que entraran en vigor los Presupuestos. La ‘extra’ cubrirá todos los atrasos acumulados entre enero y julio. A partir de agosto, la nómina mensual ya incluirá la subida aprobada en los PGE.
El coste de esta ‘extra’ para cubrir la subida de las pensiones de forma retroactiva será de unos 1.200 millones de euros, explican fuentes próximas al ministerio. Cada mes de atraso supone un coste de unos150 millones (en julio, hay que contar también la extra), incluyendo las prestaciones contributivas y las no contributivas.
El ministerio todavía no conoce en detalle cuál será el coste de esta paga, ya que comenzó el proceso de cálculo el mismo jueves tras la entrada en vigor de los PGE. Su intención es acelerar el proceso para que pueda desembolsar la ‘extra’ lo antes posible y así cumplir con el mandato de los PGE.
El ministerio ha puesto en marcha la maquinaria informática para abonar los atrasos de la revalorización en las próximas semanas
Ante la falta de ingresos por cotizaciones, el ministerio utilizará preferentemente el dinero procedente del préstamo del Tesoro a la Seguridad Social, para evitar tirar del Fondo de Reserva, conocido popularmente como la hucha de las pensiones. El Gobierno del PSOE sigue así los pasos del PP y no quiere ser quien vacíe del todo la hucha. Eso sí, eso no significa que el efecto patrimonial neto no sea igual: da lo mismo vender los activos que mantenerlos a costa de incrementar la deuda. Pero nadie quiere ser quien deje el Fondo de Reserva a cero. En cualquier caso, la mayor parte de la subida se financiará con cargo a los PGE, ya que el anterior Gobierno decidió que así fuese, para evitar un mayor quebranto a la Seguridad Social.
El Gobierno ya utilizó el préstamo del Tesoro para abonar la extraordinaria de julio. En concreto, empleó 7.500 millones de euros que fueron directamente a incrementar la deuda de la Seguridad Social con la Administración central. Ahora volverá a recurrir a este préstamo para ajustar de forma retroactiva la subida de las pensiones.
El fin del 0,25%
Las pensiones se incrementaron al inicio del año 2018 el 0,25% que marca el índice de revalorización de las pensiones (IRP) que introdujo el Partido Popular en el año 2013. Esto significa que los beneficiarios ya han tenido una pequeña subida en su paga este año. Sin embargo, la cuantía estaba muy lejos de igualar a la inflación estimada para el conjunto del año. En ese momento, los jubilados se lanzaron a las calles para reclamar una subida de su pensión conforme al IPC y finalmente lo lograron.
Los PGE incluyen una subida generalizada de todas las pensiones del 1,6% para este año y de la misma cuantía para el próximo ejercicio. De este modo, el incremento que se realiza ahora es del 1,35%, que sumado al 0,25% alcanza ese 1,6%. Sin embargo, se contemplan alzas superiores para las pensiones más bajas, de modo que se pueda ayudar especialmente a los mayores que más lo necesitan.
Las pensiones de viudedad tendrán una subida de cuatro puntos sobre la base reguladora, que pasa del 52% al 56%. También se incrementan en una cuantía superior las pensiones mínimas y las no contributivas, que pasan a revalorizarse un 3% en total (un 2,75% adicional al 0,25% aplicado al inicio del año).
No hay comentarios:
Publicar un comentario