Competencia abre el camino para el cierre de la central de Lada al autorizar el de Anllares
Un informe de Red Eléctrica avala la posibilidad de prescindir de 4.000 MW de las térmicas de carbón hasta 2022
Es la primera en caer. La central térmica de carbón de Anllares, en Páramo del Sil (León), ya tiene fecha de caducidad. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado su visto bueno a la propuesta de su propietaria, una sociedad formada por Naturgy (66,67%) y Endesa (33,33%), para proceder a su cierre. De hecho, también detalla los plazos para ello, tres meses desde la resolución para el cierre efectivo y tres años para que sea declarada indisponible y se haya procedido a su desmantelamiento parcial.
El visto bueno para el cese de la actividad en esta instalación de 347 MW -ya contaba con un informe favorable de Red Eléctrica y de la Subdelegación del Gobierno de León- abre la puerta a que Iberdrola reciba también la autorización para cerrar las térmicas de Lada (Asturias) -348 MW- y Velilla (Palencia) -486 MW-, tras anunciar la compañía esta intención el pasado mes de noviembre. De hecho, el documento de Competencia hace referencia al informe de Red Eléctrica de España (REE) en el que indica que en un horizonte a largo plazo, «en todos los escenarios de crecimiento de demanda», podrían retirarse 4.000 MW más de centrales de carbón y «sin considerar la incorporación de nueva generación térmica ni de bombeo». En este escenario, se evalúa un margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista, más una reserva de operación de 2.000 MW hasta el año 2022. Esos 4.000 MW suponen el 42% de la potencia de la que disponen todas las térmicas de carbón españolas (9.536 MW) y mil más que las cuatro asturianas juntas (2.928 MW).
Hasta ahora, el mayor obstáculo con el que se había encontrado Iberdrola era la oposición del Gobierno de Mariano Rajoy y del ministro de Energía, Álvaro Nadal, a los cierres. De hecho, este preparaba un real decreto para que el Ejecutivo tuviera la última palabra a la hora de decidir sobre las autorizaciones de cese de actividad. Sin embargo, la compañía no se encontrará ya con este rechazo en el equipo de Pedro Sánchez y en la cartera de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera.
La nueva ministra ya vaticinó la semana pasada en una comparecencia en el Congreso el cierre de siete de las actuales quince térmicas de carbón antes de 2020, ya que no han llevado a cabo las inversiones ambientales necesarias para prolongar su vida útil. Entre ellas, además de la de Lada, está la central de Soto de la Barca (Tineo), de Naturgy, que tampoco cuenta con las mejoras necesarias para seguir activa más allá de 2020, aunque la eléctrica ha dejado la decisión en el aire, mientras que las de EdP de Aboño II -ya anunció que prevé el cese de la actividad de Aboño I- y Soto de Ribera sí cuentan con las inversiones necesarias.
Ayer mismo, en Santander, el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, insistió en la idea de que serán las compañías las que «irán marcando el momento en el que desean cerrar las centrales», y no el Gobierno, ya que son «las responsables y propietarias» de las instalaciones. Además, subrayó que el ministerio velará por «garantizar la seguridad de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico», pero no se irá más allá. Estas declaraciones están en línea con las realizadas por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán, este fin de semana en una entrevista con este periódico, en la que aseguró que la única posibilidad de frenar un cierre de una térmica por parte del Ejecutivo era la ausencia de garantía de suministro, un problema que descarta el operador del sistema.
El informe de REE concluye también que el cierre de Anllares supondría una reducción del margen teórico en la semana más crítica de 2018, que la sitúa en diciembre, de 8.400 MW, una circunstancia que «no se considera relevante». Señala también que «la disminución del margen de reserva de 347 MW no afectaría significativamente». Se da la circunstancia de que la térmica de Lada tiene una potencia similar, de 348 MW.
No obstante, hay diferencias entre ambas instalaciones. Así, a pesar de que el pasado año fue un ejercicio de pocas lluvias y escaso viento, lo que elevó la participación de las térmicas de carbón en el mix un 21%, la central de Anllares redujo un 10% su generación, de 1.009 GW ha 909. En el caso de Lada, más utilizada, su producción se incrementó un 34,8%, de 1.141 GWh a 1.538.
Carbón de El Musel
El documento de la CNMCtambién describe las características de la central de Anllares, con un parque de carbones con 1,2 millones de toneladas de capacidad, mineral que en parte procede de El Musel y cuyos tráficos podrían verse afectados por el cese de la actividad, igual que el sector del transporte. Y, además, detalla los distintos aspectos que tienen que tener en cuenta las eléctricas en el plan de cierre, como es la adecuación y aseguramiento de las instalaciones, el trabajo sobre los equipos o aspectos ambientales del proyecto. Asimismo, indica que los titulares de la instalación deberán presentar ante el ministerio un proyecto de desmantelamiento, cuya aprobación se solicitará en un procedimiento independiente a la autorización de cierre.
Nada dice el documento, sin embargo, de los trabajadores o de posibles compensaciones a la zona. El Gobierno se ha comprometido a ayudar a las comarcas afectadas por el proceso de descarbonizaciön y, según avanzó, lo hará siguiendo el modelo francés, con contratos de transición, procesos de anticipación, según señaló Hugo Alfonso Morán, y «no medidas paliativas o de compensación una vez que se produce el cierre». No obstante, en este caso parece que no llegarán a tiempo, ya que según revela el informe de la CNMC, los plazos que se manejan para el cese de la actividad son muy cortos.
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