Un total de 34.000 millones de euros. Esa es la cifra que estima la CNMC en sus últimos informes que, por lo menos, les costaría a las administraciones públicas adquirir la red de distribución eléctrica desplegada en España.
El grupo Unidos Podemos, principal impulsor de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, puso este jueves encima de la mesa la posibilidad de realizar una "expropiación forzosa" de las redes de baja tensión a favor de los ayuntamientos dentro de su propuesta de Ley sobre Cambio Climático.
A día de hoy, el 98% de la electricidad distribuida está en manos de las grandes eléctricas agrupadas en Unesa: Iberdrola (12.812 millones), Endesa (13.761 millones), Naturgy (5.167 millones), EDP (977 millones) y Viesgo (1.064 millones). Sin embargo, la valoración que hace la CNMC está muy alejada del precio de mercado que calculan las eléctricas.
Según argumenta una compañía, "el valor de la distribución eléctrica en España considerando el ebitda acumulado de las compañías de distribución eléctrica en el país en 2017 [las cinco grandes y las pequeñas] y los múltiplos EV/ebitda de las transacciones más recientes en el sector [que han sido Terna-Società Elettrica Ferroviaria, Consortium-Fortum Swedish Distribution, Suomi Power Networks-Fortum y Allianz Macquarie & State Pension Fund Finland-Elenia) estaría en un rango entre 61.000 y 93.000 millones de euros".
Esta cifra se modera si "realizamos el análisis utilizando los múltiplos en función del valor regulatorio de los activos (RAB) de las cinco compañías grandes más las pequeñas; usando el múltiplo EV/RAB de las últimas transacciones [CDC-RTE Grid, Anagas-Fluxys-Swede gas, ADIA-SGN y Consortium-NGGD], el rango se situaría entre 35.000 y 45.000 millones de euros".
"Inviable a corto plazo"
Sin embargo, más allá del corte total, en Podemos tienen claro que la medida es inviable a corto plazo. El diputado de Unidos Podemos y líder de la propuesta de ley en materia energética, Josep Vendrell, señala que "es evidente que no se podría hacer todo de golpe". Pero cree que es importante resaltar que existe la posibilidad y el principio de que la gestión parta del ámbito municipal. Pone como ejemplo Alemania, que según señala inició hace años un proceso de nacionalización de sus redes.
La propuesta de Podemos contempla la posibilidad de que los ayuntamientos compren sus redes, pero solo si tienen la voluntad de hacerlo. Si no, continuarán en manos de las eléctricas.
Pero más allá de tener voluntad, la duda es si tienen capacidad. A día de hoy, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera solo permite gastarse el superávit de los ayuntamientos eninversiones financieramente sostenibles. Es decir, aquellas que permitan un ahorro de costes a la entidad local en el futuro. En ningún caso pueden endeudarse. El superávit total de las administraciones locales se estima en torno a los 5.000 millones de euros, muy lejos de los 28.500 millones que dice la CNMC que cuesta toda la distribución.
Podemos señala en su ley que la financiación de las redes estaría apoyada por un Fondo de Financiación Verde que habría de crear el Estado y que serviría para dar créditos blandos a los propios ayuntamientos que lo solicitaran. Esto supondría endeudarse, algo que hoy no pueden hacer los ayuntamientos, ya que se lo impide la ley.
Este fondo se alimentaría de capital procedente de Europa destinado al desarrollo regional (Feder) y una dotación de 170 millones de euros al año salidos de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que este fondo solo tendría capacidad para dar financiación de pequeñas compras.
Otro punto a tener en cuenta es la determinación del precio de venta. Podemos señala en su propuesta de ley que se haga a mercado y, si no hay acuerdo, que sea un ente independiente vinvulado al Estado quien lo determine. Sin embargo, esta manera de dar un justiprecio puede ser recurrida en arbitrajes internacionales, dado que España forma parte de diferentes tratados internacionales que dan seguridad a los inversores.
Vendrell pone encima de la mesa expropiaciones que se han hecho en otros ámbitos, como los terrenos de carreteras o vías ferroviarias. No obstante, estas han sido en muchos casos recurridas ante los tribunales, que han determinado en infinidad de ocasiones que se puede expropiar pero casi siempre acaban estimando un precio mucho más alto del que pretendía dar el Estado. Otro dato a tener en cuenta es la remunicipalización de otros servicios básicos como el agua, apunta el diputado de Podemos.
Otro gasto que habría que contemplar es el manteminiento de las redes. Cada año, las empresas invierten en inmovilizado más de 1.000 millones para el cuidado de estos activos, para que no tengan problemas y no se produzcan cortes de suministro. La forma de expropiación que propone Unidos Podemos pasa por la creación de una entidad municipal que asuma la compra de la red. En la propuesta no se detalla —y tampoco lo aclara el diputado Vendrell— la forma de gestión. Si el ayuntamiento subrogaría los trabajadores de las eléctricas que trabajan en las redes o incluso si podría licitarse su explotacion para que lo gestione una empresa privada, como hace Portugal.
Lo que está claro, según Vendrell, es que se trata de activos muy rentables, con lo que la inversión sería plausible. La CNMC estimó en su último informe unas tasas de retorno, ROI y ROE, de entre el 8% y el 12%, respectivamente. Una rentabilidad que sale de los ingresos que los consumidores españoles pagan en los peajes incluidos en la factura de la luz.
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