La Audiencia rebaja la condena al dueño del chalé ilegal del Naranco
Alexander Ermakov asume dos años de prisión, mientras que la pena para el arquitecto procesado disminuye a doce meses de cárcel
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha rebajado en nueve meses la condena de prisión a Alexander Ermakov, el empresario ruso y dueño del chalé ilegal construido en 2011 en mitad en la localidad de Las Cabañas (Brañes), y en doce semanas al arquitecto que diseñó los planos de la construcción. El juzgado de lo Penal número 3 estableció el pasado marzo que el primero debía asumir treinta y tres meses de cárcel como autor y cooperador de un delito contra la ordenación del territorio, y quince meses el técnico procesado. Ambos recurrieron la sentencia y ahora el magistrado Javier Domínguez Begega ha estimado en parte sus argumentos. Alexander Ermakov asume dos años de prisión y el arquitecto, uno.
Ermakov alegó en abril, a través de su abogado Miguel Ruiz, que la sentencia penal era «injusta». Había una diferencia «abismal» entre su condena y la del arquitecto quien «planteó la ejecución de una construcción provisional y gestionó la obtención de la licencia», dijo. También pedía que se tuviese en cuenta que la edificación fue demolida a finales de 2016 por el Ayuntamiento y solicitaba que la pena máxima que debía asumir era «de un año y tres meses de cárcel así como una multa diaria de seis euros».
El magistrado Domíngez Begega ha aceptado ahora parte de sus argumentos y le condena a veinticuatro meses de prisión con una multa durante dieciséis meses a veinte euros diarios y la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de su libertad por cada dos cuotas insatisfechas. Además, durante un año y medio no podrá ejercer ninguna actividad o profesión relacionada con la promoción inmobiliaria, tal y como consta en el auto de nueve páginas.
El arquitecto
El arquitecto también recurrió la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 ante la Audiencia Provincial. Afirmó que él no había «tomado parte de la ejecución de la obra realizada en los primeros meses de 2011» entre otros argumentos. El magistrado establece que el técnico no «se quedó en la simple elaboración del proyecto, sino que participó activamente en el control de su desarrollo y se probó que ejecutaba parte de la obra de cimentación» y le condena a doce mese de prisión con su accesoria multa de veinte euros diarios durante ocho meses y la responsabilidad subsidiaria de un día de privación de la libertad por dos cuotas no satisfechas. Además, no podrá ejercer la profesión de arquitecto o alguna actividad durante ocho meses, según recoge el auto.
Por otro lado, los otros dos implicados en el caso: un constructor portugués y un montador fueron absueltos en primera instancia porque ninguno de los dos no había cometido un delito contra la ordenación del territorio.
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