“En un momento clave para la Unión Europea, tener a @NadiaCalvinocomo nuestra nueva ministra de Economía es una garantía de que España seguirá aumentando su peso en las instituciones europeas. Enhorabuena, Nadia”. Este fue el recibimiento vía Twitter que Ana Botín, presidenta del Banco Santander, hizo al Gobierno de Pedro Sánchez y a la titular de la cartera de Economía apenas cuatro días después de que el líder socialista fuera investido presidente. Sin embargo, en esos mismos momentos, su banco había decidido reducir de forma significativa su exposición a España, por lo que se puso a vender deuda del Estado y del resto de administraciones.
Según consta en el informe del primer semestre del año, la cartera de valores españoles pasó de los 62.637 millones de euros de finales de 2017 a los 54.043 millones del pasado 30 de junio. La reducción es de 8.594 millones, por lo que el volumen al cierre de los primeros seis meses del ejercicio fue del 13,7%. Desde Banco Santander explican que esta medida ya se anticipó en los resultados del primer trimestre, cuando su consejero delegado, José Antonio Álvarez, indicó que el grupo estaba llevando a cabo ventas de carteras de deuda.
Es lo que se llama exposición al riesgo de los países periféricos de Europa, una rúbrica que el Banco Central Europeo obliga a detallar a las principales entidades financieras del continente tras la crisis soberana surgida cuando Grecia y Portugal tuvieron que ser intervenidas y España hubo de recurrir a un préstamo de 100.000 millones para recapitalizar el sistema bancario. Las ventas de carteras de deuda de estos países se producen cuando se teme por un nuevo contagio debido a la inestabilidad económica o política, como ocurrió en Italia con motivo de las elecciones de marzo y en España con la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Debido a estos factores, Santander se ha desprendido en estos seis primeros meses de 2018 de 4.462 millones de valores relativos a la deuda soberana de Italia. En este periodo, se ha soltado del 73% de la posición —apenas le quedan 1.646 millones— que tenía referenciada al país transalpino, que finalmente designó a Giusepe Conte como nuevo presidente tres meses después de la celebración de los comicios. Respecto a Portugal, el Santander mantiene 7.862 millones en cartera, frente a los 8.817 a 31 de diciembre de 2017, por lo que ha bajado su exposición un 10,83%.
Impuesto a la banca
La venta de la deuda soberana española llega en un momento delicado en las relaciones de los bancos con el Gobierno de Pedro Sánchez. El anuncio, precisamente de Nadia Calviño, de imponer un impuesto a las entidades para financiar el pago de las pensiones ha provocado duras reacciones por parte de sus principales ejecutivos. Entre otros, el propio consejero delegado del Santander, que advirtió de posibles cambios de estructuras societarias si finalmente se aplicaba una nueva tasa al sector.
La semana pasada, en la presentación de los resultados, Álvarez aseguró que este aumento de la presión fiscal situaría a las entidades españolas en una posición de desventaja competitiva frente a multinacionales de otros países y "perjudicaría a los accionistas del Santander", lo que podría hacerles replantearse su "estructura legal". El número dos del grupo fue preguntado hasta en tres ocasiones sobre la posibilidad de trasladar la sede fuera de España o replantearse su política de precios y dividendos debido a esta "desventaja".
Aunque en un principio optó por echar balones fuera y no ser muy preciso en su advertencia, finalmente reconoció que el Santander se replantearía un cambio de sede, si bien matizó que no cree "que sea el camino". A juicio del consejero delegado, la mayor preocupación de la política económica debería ser que continúa la creación de empleo y favorecer el ahorro a largo plazo, para reducir la abultada deuda externa neta de España, que roza el billón (millón de millones) de euros, más del 80% del PIB. Todo un ataque frontal pese a las buenas palabras con las que Botín recibió al Ejecutivo de Sánchez hace apenas dos meses.
Santander obtuvo un beneficio de 500 millones de euros en España en el primer semestre de 2018, cifra que en realidad hubiera sido de 780 millones si no se tuvieran en cuenta provisiones de casi 300 millones por reestructuraciones. En consecuencia, ganó un 25% en estos seis meses. Tanto los ingresos por comisiones como el margen de intereses mejoraron casi un 32% en dicho periodo.
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