Todo Gobierno responde en buena medida a su génesis. José Luis Rodríguez Zapatero sacó las tropas de Irak después de un movimiento en las calles sin precedentes contrario a la guerra. Mariano Rajoyaceleró la política de recortes para frenar el gasto público y cuadrar las cuentas. Pedro Sánchez accedió al poder de manera inédita, mediada la legislatura, a través de una moción de censura planteada como réplica a la corrupción del PP, mirando de reojo a su izquierda (Podemos), a su derecha (Ciudadanos y PP) y hacia atrás —la desafección pasada de sus votantes— y siendo muy consciente de su fragilidad parlamentaria. El Ejecutivo sabe que tiene poco tiempo, muy poco tiempo por delante, y que sobre todo le toca lanzar gestos para movilizar a sus bases, marcar una divisoria frente a sus rivales, escorando a populares y naranjas y dejando menos aire a los de Pablo Iglesias. Tiene que correr e intentar no decepcionar. Enarbolar banderas claras, señeras de la izquierda. Icónicas. Potentes.
Banderas poderosas como la exhumación de Francisco Franco y la reivindicación de la memoria histórica, la vuelta a una asignatura de Religión no computable para la media, la reivindicación de un lenguaje inclusivo en la Constitución, el despliegue de medidas inequívocamente feministas, la creación de nuevos derechos como la eutanasia, la recuperación de otros como la reproducción asistida para lesbianas y mujeres solas o la sanidad universal, la reversión de los recortes y la vuelta atrás al "desmantelamiento" del Estado del bienestar operado por el PP. Una hornada de medidas ambiciosas y simbólicas que han cubierto las primeras semanas del nuevo Gobierno, cuando no ha llegado ni a los 100 días.
Sánchez ha lanzado mensajes desde su primer minuto en el poder. Prometió su cargo sin Biblia ni crucifijos. Compuso un Gabinete de 11 ministras y seis ministros, que atrajo críticas positivas por las trayectorias sólidas de sus integrantes. Decapitó en cuestión de horas a su fichaje galáctico, Màxim Huerta. Inició el deshielo con Cataluña. Situó en la cima de sus prioridades la lucha contra la pobreza infantil. Dio la vuelta a la política migratoria ofreciendo puerto seguro para los migrantes del Aquarius, resituando el debate en el corazón de Europa. Anunció el regreso de la sanidad universal. Reactivó los planes para la salida de Franco del Valle de los Caídos. Movilizó la rápida renovación de RTVE (aunque la negociación se acabó embrollando). Avanzó la derogación de la ley mordaza o de los aspectos más "lesivos" de lareforma laboral del PP. Y ahora, con las comparecencias monográficas de los ministros en el Congreso, va desgranando las primeras medidas de impacto. Muchas, de fuerte calado ideológico.
Sánchez ha mandado mensajes desde su primer minuto en el poder. Uno de los últimos, la creación de la asignatura Valores Cívicos: será obligatoria
Solo este miércoles, cuando expusieron las líneas maestras de sus respectivos departamentos Isabel Celaá y Dolores Delgado, el Ejecutivo devolvió al primer plano dos temas de innegable contenido simbólico. Religión y memoria histórica. La titular de Educación avanzó que promoverá una revisión limitada de la Lomce, la ley que puso en pie de guerra a la comunidad educativa y que rechazó la oposición en bloque cuando el entonces ministro José Ignacio Wert la impulsó, en 2013. Aunque no se montará una normativa que sustituya a la ley Wert—"derogarla sin más no se puede porque nos quedaríamos sin legislación y no sería razonable"—, la ministra sí adelantó que se modificarán los elementos más "perturbadores" del modelo del PPpara fomentar la igualdad de oportunidades.
Primero, la pública; luego, la concertada
Religión seguirá siendo de oferta obligatoria para los centros y de inscripción voluntaria para los alumnos, pero no será computable. Es decir, que no contará para la media, ni influirá para acceder a becas ni pesará en el expediente. Tampoco tendrá una alternativa espejo, una materia que hayan de estudiar los escolares que no cursen la asignatura confesional. Se creará una nueva materia, Valores Cívicos y Éticos, "centrada en el tratamiento y análisis de los derechos humanos y de las virtudes cívico-democráticas". Será obligatoria. El ministerio se apoya en el mandato de la 'Declaración de París' de marzo de 2015, que firmaron todos los estados miembros de la UE, también España, para aplacar las eventuales críticas. Ni siquiera recupera la denominación de Educación para la Ciudadanía, implantada por Zapatero y vilipendiada por el PP.
Justicia una reforma integral de la Ley de Memoria para anular los juicios franquistas, montar una Comisión de la Verdad o impulsar las exhumaciones
Otro guiño claro a su izquierda es la apuesta sin ambages por la red de enseñanza pública. Debe ser la "preeminente", defendió Celaá, y la concertada, la "complementaria". "Puede estar o no estar, la que tiene que estar es la pública, porque si no el Estado no cumple con su obligación". Por eso el Gobierno modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la creación de plazas concertadas se hará por "demanda social". Para la ministra, es un puro "eufemismo" introducido por Wert para dar prioridad al circuito privado. Adicionalmente, el Ejecutivo dialogará con los centros que segregan por sexo. Sabe que el Tribunal Constitucional avaló su financiación en una sentencia, pero defenderá que la coeducación da "muchísimos mejores resultados", mientras que la separación de niños y niñas vulnera los "principios generales de la educación inclusiva".
El Gobierno promoverá los cambios, aunque es consciente de que necesita apoyos parlamentarios, dado que solo tiene 84 diputados asegurados. Pero Celaá no anunció la vuelta del pacto educativo, ese que se ensayó desde el arranque de la legislatura pero que finalmente saltó por los aires por la negativa del anterior Gabinete de subir la inversión en la enseñanza hasta un 5% del PIB. La ministra manifestó asimismo su respaldo al modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana.
Por la tarde, la titular de Justicia profundizó en un tema muy sensible para la izquierda. Adelantó [aquí en PDF] su intención de llevar a cabo una reforma "integral" de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde el Estado las exhumaciones, crear una Comisión de la Verdad, resignificar el Valle de los Caídos —en los términos expresados por la comisión de expertos que montó en 2011el entonces ministro de la Presidencia, el socialista Ramón Jáuregui—, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura con sanciones económicas para quien lo incumpla, reforzar el acceso a archivos y reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo.
Ilegalización de la Fundación Francisco Franco
Además, se estudiará la posible ilegalización de asociaciones o entidades que hagan apología de la dictadura. Es decir, que se abre la puerta a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. Para dar realce a este "máximo compromiso", el Gobierno ya ha creado una Dirección General de Memoria Histórica, a cargo de Fernando Martínez, que tiene como objetivo garantizar la reparación a las víctimas. "No puede ser que personas con más de 90 años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento", señaló, para razonar la necesidad de promover la apertura de las fosas, la creación de un censo oficial de víctimas y la publicación de datos de exhumaciones anuales. La salida de Franco del Valle de los Caídos y la reubicación de José Antonio Primo de Rivera, en teoría previstas para este mes, discurren por otro carril distinto y son coordinadas por Vicepresidencia.
El Gobierno también trabaja para aumentar la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de agresiones sexuales
Delgado defendió que es "inaceptable" que España "siga siendo el segundo país en el mundo en número de desaparecidos después de Camboya", que las heridas del pasado "se curan con más verdad", como decía la expresidenta chilena Michelle Bachelet, y que no se puede tolerar que se acuse a nuestro país en los foros internacionales como uno de los más incumplidores en materia de memoria histórica. La ministra también anunció su pretensión de recuperar la justicia universal, otro de los emblemas demolidos por el PP.
La víspera, el martes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, incidió en la agenda de igualdad del Gobierno. Habrá más fondos para los municipios para que peleen contra la violencia de género, se intentará una reforma de la Constitución para que su lenguaje incluya a las mujeres —objetivo históricamente no compartido por la RAE, institución a la que ha encargado un informe—, se considerará delito sexual si no hay un consentimiento expreso de la víctima: "Si no hay un sí, todo lo demás es un no".
Delgado completó esos anuncios: defendió una Justicia con perspectiva de género, más formación para los operadores jurídicos. También se estudiará que las víctimas de agresiones sexuales puedan ser catalogadas como víctimas de la violencia machista —lo que les permitiría disponer de asistencia jurídica gratuita, asesoramiento previo y acompañamiento—, aunque no entró al detalle de si una eventual reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ligará la falta de consentimiento de la mujer a un delito sexual, porque se está a la espera de lo que aconseje la Comisión de Codificación o el estudio del Derecho comparado, y en particular de la ley sueca.
Ya estaba en las primarias y el congreso
En el Ejecutivo y en la cúpula del PSOE reconocen que todas estas medidas tienen un hilo conductor. Un relato. En primer lugar, la impronta de Sánchez, que siempre se ha preciado de "cumplir su palabra" y de ser un político "valiente", que no se arruga. "Iniciativas como la Comisión de la Verdad del franquismo, la revisión de la Ley de Memoria Histórica, el camino hacia la laicidad del Estado o la defensa del feminismo figuraban en su proyecto de primarias y se aprobó hace un año en el 39º Congreso del partido", recuerdan en Ferraz. "El Gobierno aplica su hoja de ruta: progresista, feminista y europeísta. No lo hace solo para movilizar a sus bases ni para retratar a los demás, aunque son efectos colaterales, sino por coherencia con lo dicho siempre. Son gestos valientes, pero necesarios, comprometidos", defienden en el equipo del presidente en La Moncloa.
En el Ejecutivo y el PSOE inciden en que Sánchez "cumple" su palabra y está obligado a lanzar "gestos valientes, necesarios y comprometidos"
Pero a la vez influyen otras variables. Las condiciones de la llegada al poder, en virtud de una moción de censura que imponía un discurso de "regeneración democrática" inapelable. La cercanía de las siguientes elecciones. O la dificultad de legislar. Ello aboca a un Gobierno "de gestos, necesitado de lanzar mensajes potentes", para recuperar a los votantes perdidos y "subrayar los hechos diferenciales con PP y Ciudadanos". Sánchez quiere reconciliarse con su propio electorado y dejar bien claro que ha abierto una etapa muy distinta a la de Mariano Rajoy, "sostenido por Albert Rivera". Sus medidas, continúan razonando en Ferraz, son "agitadoras de conciencias". De impacto. "Para que no haya dudas de la ideología del presidente del Gobierno", precisan.
Esta reflexión enlaza con otra circunstancia: la coyuntura, el pasado. "Ahora hay un caldo de cultivo que hace años no estaba, y que por tanto no impulsaba tanto al Gobierno de Zapatero, por ejemplo. Este es un Ejecutivo pos-15M, y que tiene que competir con Podemos. Y que ha nacido después de un estallido social. Si la gente no hubiera salido a la calle, como se vio con las manifestaciones de pensionistas o las del 8 de marzo, algunas medidas quizá no se habrían planteado tan pronto", inciden en el partido.
Además de ser un Ejecutivo 'electoral', influye que hay un "caldo de cultivo que hace años no estaba". "Este es un Gobierno pos-15M", dicen en Ferraz
Sánchez ha promovido, en suma, "medidas netamente socialdemócratas", con fuerte acento social, que conectan con las "señas de identidad de la izquierda", que suponen la conquista de nuevos derechos como la eutanasia o la reposición de otros perdidos, que piensa en minorías como los migrantes o el colectivo LGTBI, y que revierten las políticas más lesivas de la derecha y que son urgentes. "Un PSOE que insiste en sus banderas de siempre", abundan en el grupo parlamentario, donde recuerdan que el Gobierno, forzosamente, es "muy consciente de la aritmética" tan complicada que tiene en el Congreso, y que le obliga a pactar con Unidos Podemos, nacionalistas e independentistas, porque Ciudadanos "se ha borrado de la ecuación y no ha querido jugar sus cartas" para presionar al presidente. Escenario a lo que se suma un PP sin líder todavía y que puede ser dirigido por un Pablo Casado que, a ojos del PSOE, le dejaría más espacio en el centro, dado su previsible giro a la derecha y su reivindicación de las esencias de su partido.
Ya se dijo desde el primer minuto. Sánchez montó un Gobierno 'electoral', pensado para rearmar a sus bases y ganar desde el poder las próximas elecciones, y por ahora, las primeras encuestas soplan a su favor. Aunque en política, mirar a medio y largo plazo es cada vez más una lotería
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