OVIEDO
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo será «contundente» con los investigados locales en la operación nacional Enredadera si se confirma su implicación en presuntas irregularidades en la contratación de aplicaciones de tráfico, cuando se levante el secreto de sumario. Mientras tanto, el alcalde, Wenceslao López, ha apelado a la prudencia y al respeto a la presunción de inocencia en el transcurso de una investigación cuyos detalles no han trascendido de forma oficial. Así lo ha dicho este martes junto al concejal responsable del área de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, y el concejal de Cultura que tiene delegadas las funciones de contratación, Roberto Sánchez Ramos.
En el conjunto del país hay al menos 35 personas detenidas. En Oviedo se ha registrado el área de Contratación en el Ayuntamiento de Oviedo y el área de Seguridad Ciudadana en la sede de la Policía Local de Oviedo, así como los despachos del jefe de la Policía Local, José Manuel López, y un subinspector del cuerpo, que han prestado declaración en la Comisaría Nacional de Policía. El socialista Wenceslao López ha señalado que no puede hacer valoraciones sobre esta trama por estar decretado el secreto de sumario. «Debemos ser sumamente prudentes», ha remarcado.
En la misma línea, el concejal de Seguridad Ciudadana ha asegurado que el equipo de Gobierno no puede precipitarse y tomar una decisión sobre la situación laboral de los agentes que prestaron declaración. No obstante, Ricardo Fernández asegura que van a «actuar de manera contundente» si así lo requiere la situación cuando tengan «información oficial».
Como medida preventiva, mientras dure la investigación sobre contratación municipal desde 2010, el Ejecutivo local ha decidido paralizar el contrato del área de modernización que se estaba tramitando y establecer un control especial. «El ayuntamiento tiene las puertas y los archivos de cristal», ha dicho el alcalde, apuntando que «el contrato que puede estar afectado por esta trama fue anterior a la toma de posesión de este equipo de gobierno».
Por su parte, la vicealcaldesa de Oviedo y edil de Somos, Ana Taboada, ha señalado que su formación solicitará una comisión de investigación para que este asunto sea «estudiado y trabajado» desde el propio Ayuntamiento para saber «qué ha podido fallar». Igualmente, Somos entiende que el Consistorio deberá personarse en la causa penal. «Si hay alguna persona que no haya defendido lo público adecuadamente debemos estar allí para saberlo», ha argumentado.
«Enredadera» en toda España
El Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona dirige la macrooperación que ha iniciado el dispositivo, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección de varios juzgados, en el que la UDEF cuenta con apoyo de otras unidades de la de Policía Judicial y de jefaturas superiores.
Los hechos investigados en toda España podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción.
En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos.
En el operativo participan 580 Policías, liderado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) junto con la Fiscalía Anticorrupción. En concreto, el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de los siguientes municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones y Villaquilambre.
Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.
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