Wenceslao López ha realizado este anuncio en una rueda de prensa convocada con urgencia este viernes
El alcalde de Oviedo, el socialista Wenceslao López, ha anunciado este viernes el cese del jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, tras la investigación abierta por la UDEF en el marco de la operación 'Enredadera', en la que está siendo investigado por supuestas irregularidades en contrataciones de aplicaciones de tráfico.
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El alcalde ha realizado este anuncio en una rueda de prensa convocada con urgencia este viernes, después de analizar una serie de «hechos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo», siendo los últimos los que han «dañado al colectivo». Ahora el Ayuntamiento ha designado a Luis Manuel García Pena como sucesor de López hasta que la plaza se convoque y asigne.
Para el alcalde, lo del 'Caso Enredadera' ha sido la gota que ha colmado el vaso ern una sucesión de hechos que han «dañado seriamente la imagen del colectivo» policial y que han provocado la pérdida de confianza en su persona.
El actual regidor ha insistido en que su obligación es destituirle, para preservar la buena imagen de la Policía Local, un colectivo de «grandes profesionales» que no merece ser dañado por estos comportamientos.
Asimismo, ha apuntado que López ponía objeciones a órdenes muy básicas, como la puesta en marcha de un curso para nuevos policías, que acababan generando grandes retrasos.
Por estos «múltiples motivos« ha decidido destituir a López, un cese que «de momento» no conlleva una suspensión de empleo y sueldo.
Respecto a su sustituto, ha explicado que el siguiente en el escalafón sería Porfirio Álvarez, pero se encuentra de baja prolongada, por lo que asumirá el cargo García Pena.
Los abogados de José Manuel López sostenían ayer que el hasta ahora jefe de la Policía Local de Oviedo no tenía «competencia, ni conocimientos técnicos para hacer un pliego de prescripción técnica para amañar contratos».
La causa, que continúa secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
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