Insiste en que no hay responsabilidad patrimonial y que la contable ya la rechazó dos veces el propio Tribunal de Cuentas
Tampoco a la segunda. Los más de 45 millones de euros desembolsados de más por el Ayuntamiento en la expropiación de Villa Magdalena no tienen responsable alguno. El nuevo expediente de responsabilidad patrimonial impulsado, retorciendo un poco el procedimiento administrativo, por el alcalde ha acabado igual que el primero. La instructora, Mercedes Díaz Amodia, mantiene que no existe responsabilidad patrimonial sino, tal vez, contable y que esta ya la rechazó en dos ocasiones el Tribunal de Cuentas por lo que propone el archivo de las diligencias.
Es el mismo punto en donde tropezó el primer intento de Wenceslao López de depurar las posibles responsabilidades por la ruinosa expropiación -frente a um justiprecio inicial de 11,2 millones el Ayuntamiento acabó abonando 63,8 millones de euros- del palacete de la avenida de Galicia. ¿Qué es lo que hizo mal la admistración para que la expropiada Comamsa pudiese pedir una millonaria retasación? El primer informe pedido por el regidor a la Fundación Universidad de Oviedo era más vago, dejaba más margen interpretativo; el segundo, que motivó la apertura del nuevo procedimiento, trataba de cerrar el foco sobre que lo que hicieron los sucesivos equipos de gobierno del PP desde 1998 fue «incumplir la legislación presupuestaria» al no consignar ni pagar el justiprecio original pese a aprobarlo en Comisión de Gobierno en noviembre de aquel año.
La instructora le da la vuelta a la tortilla. Sostiene que la Comisión de Gobierno ordenó efectivamente la consignación de los 11,2 millones
de euros y que, «con el fin de ejecutar dicho acuerdo, quien era jefe del servicio de Gestión Económica en aquel momento», un funcionario «desgraciadamente fallecido», precisa Amodia, informó al respecto que no existía dinero en el presupuesto para atender el gasto. Normal, era el 21 de diciembre, con el ejercicio de 1998 casi acabado ni siquiera habría habido tiempo para tramitar una modificación presupuestaria.
Y ahí está el meollo. Para la instructora del expediente donde metió la pata el Ayuntamiento es en «la falta de realización de cualquier tipo de trámite» para pagar el justiprecio ni ese año ni los dos siguientes,. Ello, a su juicio, «supone un incumplimiento evidente de las normas presupuestarias y contables», lo que le lleva a concluir que se trata, no de una responsabilidad patrimonial por los daños causados a las arcas consistoriales, sino un incumplimiento de la normativa presupuestaria, una «responsabilidad contable». Y el órgano competente para enjuiciar este tipo de actos es el Tribunal de Cuentas, que ya lo hizo en dos ocasiones, en 2011 y 2012, y archivó las diligencias. «Cosa juzgada», concluye su informe la funcionaria.
Procedimiento
La propuesta de archivollega después de casi dos años de esfuerzos del equipo de gobierno y, especialmente, del alcalde por tratar de depurar las posibles responsabilidades en la expropiación. El regidor tropezó con notables resistencias de los funcionarios y hubo de acudir a contratar desde Alcaldía un informe hacendístico y administrativo a la Fundación Universidad de Oviedo para tener un pie en el que apoyar la apertura del expediente en mayo del año pasado. Cinco meses después se encontró con que la instructora no hayaba indicios de responsabilidades patrimoniales en los que fueron alcalde y concejales de Economía, Urbanismo y Presupuestos entre 1998 y 2008, Gabino de Lorenzo, Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro, Alberto Mortera y Agustín Iglesias Caunedo y proponía el archivo. Forzando los límites de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la propuesta de resolución no se llevó a la junta de gobierno y se dejó caducar con estrépito en enero.
Con el apoyo de un informe del secretario y un nuevo informe de la Fundación de la Universidad, este encargado por el Grupo Municipal Socialista para eludir las críticas y denuncias de posible malversación en el primero, la junta de gobierno acordó la apertura de un nuevo expediente con los mismos presuntos responsables, sobre los mismos hechos y a la misma funcionaria. ¿Quién podría pensar que iba a acabar igual que el anterior?.
Y eso que el segundo y anónimo informe de la FUO era mucho más conciso y recahzaba que «se tratase de una cosa juzgada», porque la sentencia que estableció el precio final no se produjo hasta noviembbre de 2016 y los autos del Tribunal de Cuentas son de cuatro años antes. También señalaba que el incumplimiento de la ley de Expropiación «está acreditado, por haberlo reconocido así los propios responsables políticos, que se adoptó conscientemente la decisión de no consignar el justiprecio». Lo hacía basándose en en las diligencias que abrió el PP sobre el mismo asunto en 2010 y en las que los populares reconocieron que no se consignó para hacer «inversiones que implicaron un beneficio inmediato». Las dos cuestiones las despacha la instructora señalando que son posteriores al periodo que se le pidió investigar. Se ve que Villa Magdalena es cosa pagada.
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