El Ayuntamiento de Oviedo dispone de dos meses para las liquidaciones de Loma del Canto
Deberá notificar a cada miembro de la junta de compensación la cantidad que adeuda y requerirle el pago
El Ayuntamiento dispone de tan solo dos meses para hacer lo que la junta de compensación de Loma del Canto 1 no ha sido o no ha querido hacer en tres años largos. En ese plazo y en cumplimiento del auto de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, explicaron fuentes jurídicas, deberá notificar a cada uno de los miembros de la entidad urbanística la cantidad que adeuda por la expropiación y requerirle el pago de la misma en el plazo de un mes.
La sala, además, ha ordenado al Ayuntamiento que, en caso de impago transcurrido ese plazo, proceda «a su exacción por la vía de apremio sobre sus bienes y derechos», a embargarles. Si todo fuera bien, en tres meses, los expropiados cobrarían los más de 5,5 millones de euros en los que liquidó la enajenación forzosa el alto tribunal asturiano, pero hay indicios de que no va a ir bien.
El concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, y el alcalde, Alfredo Canteli, recibieron la semana pasada en el Ayuntamiento a una representación de la junta de compensación del ámbito, encabezada por su secretario, el abogado Miguel Teijelo. El responsable de Urbanismo explicaría, después en el Pleno, que se trataba de una reunión ordinaria, como la que otros muchos ciudadanos piden al Ayuntamiento; pero ante la insistencia del portavoz socialista, Wenceslao López, añadió que el Ayuntamiento haría una función de «mediador» entre los expropiantes que no pagan y el expropiado. Lo dijo, pese a que el TSJA ya había ordenado al Ayuntamiento que se pusiese al frente para hacer cumplir la sentencia. Lo dijo, pese a que la propia junta de compensación señaló tras su reunión que «la sentencia hay que cumplirla, pero no hay dinero ni para notificar a los socios». El riesgo, como señaló López en la misma sesión, es el de «una pequeña Villa Magdalena», por lo que pidió al equipo de gobierno que gestione «de manera cuidadosa para no incrementar su responsabilidad».
Que pague el Ayuntamiento
El peligro real es que el Ayuntamiento actuó como administración expropiante y, en cualquier momento, la sala puede derivar hacia el Consistorio la responsabilidad. «El Ayuntamiento tiene que ponerse el frente, como administración expropiante y reunir a todas las partes», recordó el secretario de la junta la semana pasada, quien también defendió como una opción de que se cambie el sistema de actuación del actual de compensación, en el que actúa la junta como ente urbanístico, a expropiación, con el Ayuntamiento como promotor.
La historia de esta actuación es enrevesada y polémica desde sus inicios. En la revisión del PGOU de 2006, el Ayuntamiento dividió en dos unidades la actuación y premió con mucha más edificabilidad a Loma del Canto 1, tanto como para autorizar 600 viviendas sobre estos terrenos en la trasera del polideportivo de Vallobín, en plena falda del Naranco. Hubo denuncias de 'pelotazo urbanístico' que la Fiscalía acabó por archivar.
Animados por las mejoradas expectativas de negocio, todos los propietarios de suelos, salvo una única familia, se sumaron a la junta de compensación que lideraba Urvisa.El primer justiprecio por la finca no adherida, de 1,8 millones, y el enfriamiento de la burbuja eran malas señales, pero en 2012 el Jurado Provincial de Expropiación casi duplicó el coste de los terrenos, hasta los 3,3 millones de euros. Urvisa, de hecho, algo debía saber, ya que justo un día antes de que el jurado notificase su tasación, pidió al Ayuntamiento que desistiese de la expropiación y trató de frenarla en los tribunales. La huida terminó en febrero de 2014: el TSJA ordenó seguir el procedimiento y Urvisa desapareció semanas después, cerrando oficinas y dejando un agujero millonario.
La espantada de ésta dejó al resto frente a una deuda que ascendía a 3,25 millones de euros de principal, más casi otro millón en concepto de intereses y otros 1,27 millones como liquidación final de intereses, gastos y costas de ejecución. Hasta el momento solo han consignado su parte las administraciones: el Ayuntamiento, el Principado y la Sareb, que se ha quedado los suelos de parte de las empresas quebradas. El resto, a los que el Ayuntamiento deberá buscar y lograr que paguen, no ha depositado un euro. Según el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, la situación puede generar «un problema social» si hay que llegar a los embargos. La alternativa es que el Ayuntamiento acabe pagando más de 5,5 millones de euros por unos praos que no quiere.
No hay comentarios:
Publicar un comentario