La aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2021 es solo el aperitivo. La gran batalla se dará en Bruselas durante el primer semestre del año próximo, cuando los Veintisiete comiencen a debatir la desescalada presupuestaria. O, lo que es lo mismo, la vuelta a las reglas fiscales, ahora suspendidas después de que la Comisión Europa activara, el pasado 20 de marzo, la cláusula de escape, que ha permitido a los gobiernos endeudarse con los únicos límites que imponen los mercados.
Por el momento, la Comisión Europea no ha dicho hasta cuándo quedarán suspendidas esas reglas, en qué condiciones se desactivará la cláusula o, por último, si habrá una norma general o será a la carta, por países. En la comunicación de Bruselas, tan solo se recuerda que la cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, que tanto la Comisión como el Consejo pueden tomar las “medidas necesarias de coordinación”.
El problema está en que si se anula la cláusula de escape, entrarían en funcionamiento las reglas ahora suspendidas, y eso sería lo mismo, para países como España o Italia, que poner plomo en las alas del crecimiento.ads
En todo caso, no será una desescalada rápida, y, de hecho, un informe de JP Morgan estima que, en la actual coyuntura, con unas finanzas públicas hundidas por el cese de actividades, se requieren entre cinco y seis años de suspensión del actual marco fiscal para volver a la ‘normalidad’ de 2019. El banco de inversiones estadounidense considera que ese periodo de tiempo sería el “razonable” para eliminar el ‘output gap’ negativo, es decir, la diferencia entre el crecimiento real y el potencial de una economía, que ha creado la recesión de 2020, y que, en el caso de España, se situaría entre seis y ocho puntos de PIB.
Paradójicamente, la Unión Europea inició el año pasado los trabajos para poner al día el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus reglas fiscales, pero esa pretensión se ha visto superada por los acontecimientos.
Regla de oro
El Consejo Fiscal Europeo, un organismo de carácter técnico dependiente de la propia Comisión Europea, llegó a proponer en octubre del año pasado que las cláusulas de escape, el mecanismo que ha permitido saltarse los límites de déficit y deuda, tuvieran inevitablemente una cierta discrecionalidad, pero, al mismo tiempo, que su aceptación fuera decidida por un juicio independiente de los gobiernos. Y se proponía, en concreto, introducir una “regla de oro” que se vincularía al espacio fiscal de cada Gobierno y así evitar aumentos desmesurados de los déficits, reconsiderando, al mismo tiempo, los procedimientos para establecer una mayoría cualificada y nombrando un presidente del Eurogrupo a tiempo completo, lo que evitaría que tuviera que ser necesariamente ministro de Economía de su país.
Este es el caso de la vicepresidenta Calviño que, como se sabe, pretende sustituir a Mário Centeno. Si lo logra, ella será quien lleve el peso de las negociaciones para fijar el ritmo de consolidación fiscal, un asunto central para España teniendo en cuenta que este año, según la AIReF, el desequilibrio entre ingresos y gastos puede alcanzar, en el escenario más adverso, el 13,8% del PIB.
Nadie duda de que el ritmo de reducción del déficit será acomodaticio para que los países puedan recuperarse del desplome de 2020, pero en el informe de JP Morgan, firmado por Marco Protopapa, analista sénior, lo que se reclama es que cada país diseñe su propia estrategia de desendeudamiento, con márgenes flexibles, pero siempre en el marco de una disciplina fiscal para que los incrementos de la deuda pública —alrededor de 20-25 puntos de PIB en el caso de España— puedan ser reabsorbidos dentro de algunos años.
Una política “indeseable”
En ningún caso, por lo tanto, se plantea volver a los principios de austeridad de la anterior crisis. “Un restablecimiento temprano del marco fiscal”, sostiene JP Morgan, “sería económica y políticamente indeseable”, de ahí que se diga que sería importante que las actuales reglas fiscales “permanezcan suspendidas por un largo periodo de tiempo”.
España, como se ha dicho, se juega mucho en ello, ya que el paso previo para la aprobación del Presupuesto de 2021 es la aprobación del techo de gasto y de los objetivos de estabilidad presupuestaria, que deben ser visados por la Comisión Europea y, por supuesto, por los mercados, que, aunque hoy están intervenidos por la acción compradora del BCE, pasan factura si el ritmo de desescalada fiscal no es creíble para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio y largo plazo.
El ritmo del desendeudamiento del sector público es clave y lo que sugiere el informe es que la UE modifique el objetivo del 60% del PIB
Lo que dice hoy el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UE, que así se llama, es que si la deuda sobrepasa el 60% del PIB, y España prácticamente la doblará este año, el Gobierno está obligado a reducirla a un ritmo medio de una veinteava parte al año como referencia. Es decir, tardaría al menos 20 años en alcanzar ese 60%, lo que es prácticamente inviable si no se quiere socavar el crecimiento recortando cada año el nivel de deuda en tres puntos de PIB (unos 36.000 millones de euros)
El ritmo de desendeudamiento del sector público es, por lo tanto, la clave, y lo que sugiere el informe de JP Morgan es que la UE modifique el objetivo del 60% del PIB, que se fijó cuando Alemania impuso el pacto de estabilidad.
Ese porcentaje es el que en su día estableció el FMI para los países emergentes muy endeudados, pero ahora se considera anacrónico. Entre otros motivos, porque si se cumpliera, los Estados estaría obligados a alcanzar elevados superávits primarios durante muchos años (sin tener en cuenta el pago de intereses), lo que, en realidad, avivaría la recesión. De ahí que el banco estadounidense sugiera mucha gradualidad. La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha pedido una revisión en profundidad del marco fiscal.
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