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Jonathan Cook
En las casi dos décadas desde su creación para juzgar las peores violaciones de los derechos humanos, la Corte Penal Internacional (CPI)* ha debido afrontar duras críticas por su enfoque superselectivo a la hora de decidir quién debería ser juzgado.
Creada en 2002, se suponía que serviría de disuasorio contra la erosión de un orden internacional diseñado para prevenir la repetición de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial.
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Esas esperanzas no duraron mucho.
Casi desde el principio, el tribunal (con sede en La Haya, Países Bajos) tuvo que afrontar una dura prueba: decidir si se atrevía a enfrentarse a la superpotencia dominante, Estados Unidos, en su proclamada “guerra contra el terror”.
Los fiscales de la CPI no quisieron agarrar el toro por los cuernos frente a las invasiones de Afganistán e Irak sino que optaron por escoger objetivos más asequibles: durante demasiado tiempo dio la impresión de que los únicos que habían cometido crímenes de guerra eran africanos.
Ahora, la fiscal jefe Fatou Bensouda parece por fin preparada para mostrar los dientes del tribunal. Amenaza con investigar a dos estados, Israel y Estados Unidos, cuyas acciones han sido especialmente dañinas para el derecho internacional en la era moderna.
La CPI está considerando estudiar los abusos generalizados a los derechos humanos cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán y los crímenes cometidos por soldados israelíes en los territorios ocupados de Palestina, especialmente en Gaza, así como a los oficiales responsables del programa israelí de asentamientos ilegales.
La investigación de ambos asuntos es de la máxima importancia: Estados Unidos se ha adjudicado el rol de polizonte global, e Israel lleva más de medio siglo violando de manera flagrante el derecho internacional.
Estados Unidos es el infractor más poderoso, Israel el más persistente.
Ambos estados llevan tiempo temiendo la llegada de este momento, y por ese motivo se negaron a ratificar el Estatuto de Roma por el que se creó la Corte Penal Internacional.
La primera semana de junio, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, incrementó sus ataques al tribunal al afirmar que su administración estaba “decidida a impedir que los estadounidenses o nuestros amigos y aliados en Israel y otros lugares sean cuestionados por esa Corte corrupta”.
El mes pasado, una importante mayoría de senadores estadounidenses de ambos partidos enviaron una carta a Pompeo urgiéndole a prestar “un apoyo vigoroso” a Israel frente a la Corte de La Haya.
Tanto Israel como Estados Unidos han intentado conseguir una exención ante el derecho internacional aludiendo que no son firmantes del acuerdo que la creó. Pero eso no hace más que subrayar el problema. El derecho internacional está ahí para proteger al débil de los abusos del más fuerte. Proteger a la víctima del matón.
En derecho penal, los criminales sospechosos no deciden si su víctima puede denunciarle o si el sistema legal debe investigar. Lo mismo es aplicable al derecho internacional si se quiere que este sirva para algo.
El proceso se ha alargado interminablemente desde que Bensouda asumió la investigación. A su equipo le ha costado años llevar a cabo la investigación preliminar y determinar que Palestina entra dentro de la jurisdicción de la CPI porque cumple los requisitos para ser un Estado.
El retraso era un poco absurdo, dado que las Naciones Unidas reconocen al Estado palestino y que este pudo ratificar el Estatuto de Roma hace cinco años.
El argumento de Israel es que Palestina carece de las características normales de un Estado soberano. Pero, como el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem señaló recientemente, esto es así precisamente porque Israel ha ocupado el territorio palestino y ha levantado colonias en sus tierras. Israel reclama una exención basándose precisamente en los crímenes que se le imputan y deben investigarse.
Bensouda ha solicitado a los jueces del tribunal que dictaminen basándose en que la jurisdicción de la CPI incluye a Palestina. No está claro cuánto tardarán en emitir un veredicto.
Las amenazas recientes de Pompeo, cuando dijo que Estados Unidos pronto concretará sus represalias, tienen la intención de intimidar al tribunal.
Bensouda ha avisado que su oficina está siendo sometida a “desinformación y una campaña de calumnias”. En enero, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llegó a acusar al tribunal de “antisemitismo”.
En el pasado, Estados Unidos denegó un visado de viaje a Bensouda y amenazó con confiscar sus bienes y los de los jueces de la CPI y llevarles a juicio. También ha prometido el uso de la fuerza para liberar a cualquier estadounidense a quien coloquen en el banquillo.
Según parece, los jueces podrían estar ahora intentado encontrar alguna vía de escape y han pedido a Israel y a la Autoridad Palestina que respondan urgentemente a algunas preguntas sobre los acuerdos temporales de Oslo, firmados hace más de 25 años y todavía legalmente vinculantes.
Israel argumenta que la falta de resolución del proceso de Oslo impide que los palestinos reclamen la categoría de Estado. Eso significaría que Israel, y no la CPI, tendría jurisdicción sobre los territorios.
El lunes Bensouda declaró que, en su opinión, los acuerdos de Oslo no suponían ningún impedimento para el desarrollo de la investigación.
El presidente palestino Mahmud Abbás afirmó la pasada semana a la CPI que la Autoridad Palestina se considera exenta de sus obligaciones adquiridas en el Acuerdo de Oslo porque Israel ha anunciado sus inminentes planes de anexionar franjas de territorio palestino en Cisjordania.
La anexión recibió el visto bueno conforme al “plan de paz” del presidente Trump que se desveló a comienzos de año.
El mandato de Bensouda como fiscal termina el próximo año. Puede que Israel planee seguir obstruyendo el proceso hasta que sea sustituida. Eliakim Rubinstein, un antiguo juez del tribunal supremo israelí, hizo un llamamiento el mes pasado en pro de una campaña para asegurar que su sustituto o sustituta sea más comprensivo con Israel.
Pero si Bensouda obtiene el visto bueno, probablemente Netanyahu y una serie de antiguos generales, incluyendo el ministro de defensa Benny Gantz, serán llamados a declarar. Si se niegan a hacerlo, podría emitirse contra ellos una orden de detención internacional, teóricamente aplicable en los 123 países que ratificaron la corte.
Ni Israel ni Estados Unidos quieren permitir que las cosas lleguen a ese punto.
Por ello, han reclutado aliados importantes para esa lucha, entre otros Australia, Canadá, Brasil y varios estados europeos. Alemania, el segundo mayor financiador de la corte, ha amenazado con anular sus contribuciones si la CPI sigue adelante con sus planes.
Maurice Hirsch, un antiguo asesor legal del ejército israelí, escribió el mes pasado una columna en Israel Hayom, un periódico que suele considerarseportavoz de Netanyahu, en la que acusaba a Bensouda de ser “un desventurado peón de los terroristas palestinos”. Proponía que otros estados amenazaran con retirar sus contribuciones, negaran al personal de la CPI los visados de viaje necesarios para sus investigaciones e incluso que abandonaran la corte.
Si algo así llegara a ocurrir, se acabaría cualquier posibilidad de aplicar el derecho internacional, algo que encantaría tanto a Israel como a Estados Unidos. La Corte Penal Internacional se convertiría en poco más que letra muerta justo cuando Israel, con el respaldo de Estados Unidos, se prepara a perseverar con la anexión de Cisjordania.
(La primera versión de este artículo en inglés apareció en The National, Abu Dhabi).
* N.d.T.: También llamada indistintamente Tribunal Penal Internacional. No confundir con la Corte Internacional de Justicia (el principal órgano judicial de la ONU, creado en 1945), también con sede en La Haya.
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo