Parece que avanza la Vía Guilarte....

Se acabó el bloqueo judicial Opinión de Antonio Papell • 23 h • 4 minutos de lectura El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, en una imagen de archivo. El presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, en una imagen de archivo. © Carlos Lujan/Europa Press via Getty Images La historia será sin duda muy rigurosa con el Partido Popular cuando reseñe la gran deslealtad que ha cometido con el modelo constitucional negándose a renovar durante más de cinco años el Consejo General del Poder Judicial, que el constituyente quiso que fuera fruto de un consenso parlamentario cualificado. Sentado esto, que la ciudadanía sabrá valorar en términos electorales, parece confirmado que el Consejo es un objeto político de gran valor que la clase política, o una parte de ella al menos, está dispuesta a manipular en beneficio propio. Es indecente que se deterioren las instituciones con el mayor desparpajo para sacar ventaja, como si el censo de este país fuera caprino o caballar. Así las cosas, la solución al bloqueo, que a estas alturas ya no es posible que consista en un retorno colectivo a la cordura, puede lograrse por dos vías: una primera, modificando el sistema de elección de los vocales del CGPJ de forma que si no se consiguen mayorías cualificadas, sean suficientes las mayorías absolutas. La segunda, que es la que parece que va a explorarse, es la llamada “vía Guilarte”, porque ha sido sugerida por el actual presidente suplente del CGPJ, Vicente Guilarte, Catedrático de Derecho Civil. Guilarte llegó al Consejo de la mano del PP, por lo que no debería ser sospechoso para Génova cuando sus ideas son aprovechadas por sus adversarios. Guilarte expuso hace meses su propuesta en un resonante artículo en El País, “Diluir la tensión”, publicado el 2 de diciembre pasado. En él sugiere que, al igual que ocurre con los jueces decanos, deben ser los jueces quienes directamente, sin mediar la intervención del CGPJ, elijan a sus Presidentes en el ámbito provincial y autonómico, Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia. Y explica: “La experiencia me ha mostrado que no resulta por otro lado fácil objetivar el mérito y capacidad con los cuales legitimar una designación conforme a esos principios en materia de cargos gubernativos. Y lo mismo debe hacerse con las presidencias de Sala, que quedarían sustraídas a la aleatoriedad de su designación por el CGPJ”. Los miembros del Tribunal Supremo, en cambio, deberían ser elegidos por concurso, para cuya realización “debe designarse un tribunal, dependiente del CGPJ, uno de cuyos miembros lo presidiría, integrado por personas cualificadas donde se encuadrarían magistrados de la Sala del Tribunal Supremo en liza y, en su caso, catedráticos, abogados del Estado, registradores, notarios y demás alto funcionariado. Tribunal cuyos miembros serían aleatoria o rotativamente designados para evitar cualquier atisbo de contaminación”. Si el Consejo General de Poder Judicial, que hoy posee más poder que la mayoría de los órganos semejantes en los distintos países europeos, pierde la capacidad de nombrar a los presidentes de los órganos judiciales y a los miembros de supremo, dejará de ser políticamente apetecible porque se convertirá en un consejo predominantemente administrativo, que se ocupará realmente de lo importante: de la carrera judicial, del buen funcionamiento de las oficinas judiciales, de la dotación de recursos a los juzgados, de la formación de los profesionales, etc. Y la selección de más alto nivel quedará en manos de personas expertas en cada especialidad. La opción de reformar el sistema de elección del CGPJ, reduciendo la mayoría cualificada a simple mayoría absoluta, fue criticada informalmente por Bruselas, ya que en efecto reduce el diámetro del consenso parlamentario, pero es en todo caso plenamente constitucional y no puede ser completamente descartada. Con todo, el Gobierno parece haber optado por esta segunda vía, que, como destaca Guilarte en su artículo, sitúa en manos expertas la provisión de las principales plazas, lo que mejorará sin duda el acierto de las designaciones. Atinadamente, Guilarte afirma que “la cumbre de la carrera judicial, el Tribunal Supremo, no puede quedar al albur de los veinte vocales del CGPJ cuyo único condicionante para la designación sea, como hasta ahora viene ocurriendo, una genérica referencia a la nominalmente necesaria valoración de su mérito y capacidad. Valoración que actuarían vocales faltos de cualificación por ser a menudo totalmente ajenos a la disciplina de los elegibles…”. Es importante lanzar el mensaje de que esta democracia, que es sólida y está establecida sobre una Carta Constitucional de alta calidad y abrazada sinceramente por una gran mayoría de españoles, no puede ser bloqueada. Cualquier intento de desactivarla, de abocarla a un callejón sin salida, de anularla en algunas funciones esenciales como ha pretendido hacer el PP, encuentra siempre una vía jurídica y legal adecuada para salir del atolladero y recuperar el valor y la vigencia del gran pacto social. Los ciudadanos deben saber, en fin, que el intento del PP de adueñarse del poder judicial, realizado escandalosamente a la vista de todos, está a punto de frustrarse. El HuffPost Visitar El HuffPost ‘Así es la vida’ se desangra a mínimo histórico en Telecinco y es superado hasta por La 2 CSIF avisa a Escrivá: llevará a los tribunales a las administraciones que superen el 8% de temporalidad Sueldo de 1.700 euros: ofertas de empleo hoy para personal de limpieza, dependientes y camareros Más para ti