viernes, 14 de junio de 2024

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Los fiscales del procés se plantan ante la orden de García Ortiz de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos Zaragoza, Madrigal, Moreno y Cadena elevan a la cúpula fiscal su negativa a amnistiar la malversación que afecta a Puigdemont y Junqueras y a levantar la orden de detención que pesa sobre el expresident — El fiscal general ordena a los fiscales del procés aplicar la ley de amnistía para todos los delitos Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena en el juicio del procés en el Tribunal Supremo en 2019. Los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena en el juicio del procés en el Tribunal Supremo en 2019. J.J. Guillén / EFE Alberto Pozas / Elena Herrera 14 de junio de 2024 12:52h Actualizado el 14/06/2024 12:54h 0 Los fiscales del procés que ejercen la acusación en dos de las grandes causas abiertas en el Tribunal Supremo a las que puede afectar la amnistía —la relativa a los ya condenados y la de los fugados— se plantan contra la orden del fiscal general del Estado sobre la aplicación de la amnistía, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta misma mañana para que se posicionaran a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat. En consecuencia, han activado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite derivar un asunto a la junta de fiscales cuando se considera que se ha recibido una orden “contraria a las leyes” o “improcedente” por cualquier motivo. Los cuatro fiscales entienden que la orden de García Ortiz para aplicar la amnistía a todos los delitos “es improcedente y contraria a las leyes”. Piden que se ponga en marcha el proceso para llevar el asunto a la junta de fiscales de sala y pide, además, que el fiscal general tenga que dictar “un decreto motivado que acuerde la avocación de la causa” para responder a las preguntas del juez Llarena sobre cómo aplicar la amnistía, abriendo la puerta a que la causa ya no sea tramitada por ellos.

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