Movimientos en positivo...

A las tres Cámaras les ha dado alas la resolución de la Comisión Europea que ve irregular la ampliación de las concesiones de la AP-9 y la AP-66. Galicia es además la comunidad con más kilómetros de peaje de España, pero a mayores el noroeste soporta el 27 % de dichos viales de pago. La Comisión Europea mantiene que la prórroga de la AP-9 se extinguió en el momento que fue privatizada La Comisión Europea no tiene ninguna duda sobre la ilegalidad que advierte cometió España al prorrogar hasta el año 2048 la gestión de la AP-9 y extender sus peajes otro cuarto de siglo. En una larga carta enviada por el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, al Gobierno de España, como segunda advertencia en el procedimiento de infracción abierto por la citada prórroga, se indica que la prolongación de la concesión hecha en el 2000 debió extinguirse tres años después, cuando José María Aznar privatizó la autopista. El Gobierno comunitario estima que la excepcionalidad que siguió la Administración española, al prolongar el contrato sin concurso público ni publicidad alguna, exigía que a lo largo de toda la concesión no hubieran variado sus condiciones. Es decir, solo si Audasa hubiera seguido siendo pública Bruselas podría plantearse aceptar la tercera y más extensa de las prórrogas que han hecho que la AP-9 vaya a contar con peajes 75 años. El comisario Breton indica, en el caso de la autopista gallega y en la asturleonesa AP-66, que al abrirse en el 2003 un proceso de venta de la empresa matriz de Audasa y Aucalsa, únicamente la publicación de una nueva licitación por el tiempo extra de contrato en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas habría proporcionado un grado suficiente de publicidad a la operación. Con ello podría haber emergido más ofertas y no ser aprovechada la prórroga solo por la compradora de ambas autopistas. La Comisión Europea se fija en la AP-66 para subrayar el aumento de valor que supuso aumentar su período de explotación, al igual que ocurrió en la AP-9. Señala el comisario europeo que el Ministerio de Fomento estimó en 1999 que los 29 años añadidos en la autopista León-Campomanes agregaron un valor de 6.000 millones en precios actuales a la concesión, «más del 10 % de su valor inicial», especifica. «La prórroga cambió el equilibrio económico del contrato en favor de la concesionaria», añade. Bruselas considera incoherentes las explicaciones dadas por la Administración española sobre las prórrogas de las dos autopistas. Primero, porque eludió a posta argumentar que dicha medida se hizo sin favorecer a ninguna empresa privada —una sentencia europea sobre un caso similar en Italia no aceptó ese argumento— y segundo, porque afirma que el Gobierno español ya había decidido privatizar esas autopistas antes de alargar su contrato. «El verdadero objetivo de la prórroga de las concesiones de la AP-9 por veinticinco años y de la AP-66 por veintinueve era aumentar sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable». Bruselas ha detectado documentos de 1999 donde se avanza sobre el proceso de venta de la empresa matriz de las dos autopistas un año antes de que se prolongasen sus concesiones.