De activos, las Cajas mayoritariamente prendadas en el suelo y ladrillo, piden permiso para la recompra de créditos y préstamos.
Las cajas piden al Gobierno que proteja su entrada en las compañías inmobiliarias
Publicado el 03-03-09 , por Jaime E. Navarro
Ceca se une a otras voces del sector financiero, como la AEB y algunas entidades, que solicitan una reforma urgente de la Ley Concursal que aporte mayor seguridad jurídica ante la crisis.
Los efectos secundarios de la actual Ley Consursal en la banca siguen preocupando al sector, mientras el Gobierno no se decide a dar luz verde a la reforma que le han pedido con urgencia las patronales bancarias y las propias entidades.
En este contexto, la patronal de las cajas (Ceca) remitió a finales del año pasado al Ejecutivo un informe, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, en el que solicita la reforma y pone el acento sobre una de las cuestiones más sensibles de la actual normativa: la posible degradación de los créditos de una entidad que entra, en plena refinanciación, en el capital de una compañía, que finalmente se ve abocada al concurso.
Por efecto de la crisis inmobiliaria, entidades como La Caixa, Santander, BBVA o Banco Popular, entre otros, se han visto obligados a cambiar deuda por acciones de estas compañías. Santander, BBVA, Banesto, Popular, Sabadell y Caja Madrid cuentan con alrededor de un 11% cada uno del capital de Metrovacesa. Por su parte, Popular y La Caixa se han hecho con el 9,1% y el 5,4% de Colonial, respectivamente.
Bajo la actual Ley Concursal –redactada en 2003, en plena época de bonanza– estas entidades (con más de un 5% del capital) son consideradas “personas especialmente relacionadas con el deudor”. Por tanto, en el caso de que alguna de estas inmobiliarias cayese en concurso, su deuda sería considerada por el juez como subordinada (la última que se cobra), en lugar de ordinaria o con privilegio (que se cobra antes).
Así, se podría dar la extraña paradoja de que una entidad que ha evitado la caída en el proceso concursal de una inmobiliaria mediante el canje de deuda por acciones, vea que sus créditos resultan perjudicados en una futura suspensión de pagos. De este riesgo llevan meses advirtiendo los despachos de abogados y otros operadores.
Ceca solicita una nueva redacción de la ley en este apartado. La patronal propone que sean consideradas “personas especialmente relacionadas con el deudor” las entidades que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social “en el momento de la concesión del crédito”.
De esta forma, según las fuentes consultadas, las entidades que entrasen en una compañía al canjear deuda por acciones tras una refinanciación estarían protegidas ante un eventual concurso. Así evitarían el riesgo de que sus créditos se vean degradados en el orden de cobro. Oficialmente, la patronal de las cajas no quiso hacer comentarios sobre su propuesta.
Ceca expresa en el informe “su preocupación por los efectos y riesgos que para las entidades de crédito, para las empresas deudoras y para la economía nacional suponen algunas previsiones contenidas en [la actual] Ley Concursal” y expresa “la necesidad de abordar su reforma con carácter urgente”. La misma petición fue transmitida también a final de año por AEB, como adelantó EXPANSIÓN el pasado 30 de diciembre.
La patronal que preside Juan Ramón Quintás también propone que se protejan las refinanciaciaciones que están realizando las entidades a empresas en apuros financieros. La actual redacción de la ley deja abierta la posibilidad de que estos acuerdos puedan ser rescindidos, lo que está alejando a bancos y cajas de esta solución, que muchas veces significa para la empresa evitar el concurso.
El Ejecutivo
El Ministerio de Justicia ha constituido desde principios de año una comisión interna de trabajo para hacer una reforma puntual de esta norma, con el objetivo de adaptarla al nuevo entorno económico de crisis. Dentro del Gobierno, perviven dos visiones sobre cómo debería ser la reforma.
Según las fuentes consultadas, el Ministerio de Economía quiere una reforma muy puntual para dar seguridad a la banca. Justicia, en cambio, quiere entrar más a fondo y llevar a cabo una reforma procesal, con el objetivo de acortar los trámites concursales.
Su aprobación se esperaba para el pasado Consejo de Ministros, aunque finalmente se ha retrasado y la ansiada reforma que pide la banca se está haciendo esperar.
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