Por Carles Manera, catedrático de Historia Económica de la UIB y miembro deEconomistas Frente a la Crisis / Islas Baleares
La globalización está prefigurando nuevos líderes económicos, con China como protagonista fundamental. En China, los treinta años que van de 1979 a 2010, de grandes reformas y cambios económicos, suponen el proceso de industrialización y de crecimiento urbano más importante en la historia de la humanidad. En 1979, el PIB chino representaba tan sólo el 9% del norteamericano; pero los datos que el FMI proyecta hacia 2020 indican que ese porcentaje llegará al 25% junto a un PIB que superará al de Estados Unidos. En otras palabras: China consolidará un liderazgo económico completo. Estas previsiones, como las del Banco Mundial –que augura un menor crecimiento chino entre 2026 y 2030, por el acercamiento del país a la “frontera tecnológica”–, o las del BBVA –que proyecta, entre 2011 y 2021, un protagonismo de crecimiento dirigido por China, India y Estados Unidos– deben verse con precaución, de forma que sólo pueden ser tenidas en cuenta las que se han corroborado con datos reales actuales y con el análisis de trayectorias estudiadas. Lo que sí se ha demostrado es que China es ahora líder en el movimiento comercial del mundo. El poderío asiático se ha mantenido con el estallido de la Gran Recesión. La expansión de China se ha consolidado, entre 2008 y 2013, en el comercio de mercancías, en la gestión de fondos de inversión y en la captación de deudas públicas de países más avanzados. Al tiempo, el coloso asiático se reafirma en los mercados internacionales –principalmente africanos y latinoamericanos– para obtener la energía y las materias primas perentorias para su descomunal proceso de crecimiento. Éste, sin embargo, no está exento de amenazas y debilidades, que radican en los mismos dos elementos que han llevado a las economías desarrolladas a la crisis económica: exceso de formación bruta de capital y, como derivadas esenciales, sobreacumulación y caída en la tasa de beneficio; y posibles burbujas inmobiliarias y financieras, auspiciadas por un crecimiento urbano y espacial desconocido en esas dimensiones. A ello debe añadirse un aspecto netamente endógeno: el raquitismo de la demanda interior y la desarticulación de sus diferentes mercados internos, un proceso que requerirá inversiones mejor canalizadas y unas políticas que supongan, de entrada, un incremento de los salarios.
Ahora bien, la emergencia de nuevos países, la consolidación de liderazgos distintos, junto al mantenimiento del resto de la economía del mundo, se basan en un vector clave: el elevado consumo de energía. Este va ser, sin duda, uno de los aspectos que inferirá desafíos a los científicos sociales y experimentales. Mantener unas pautas de consumo como las presentes en los países más avanzados no será posible por su extensión a las naciones que empujan en su crecimiento: el encarecimiento energético será una variable que no podrá ser contemplada como un elemento casi estático, que sólo espasmódicamente nos sorprende cuando determinados intereses azuzan el problema. La dependencia de los combustibles fósiles, que reafirma el poder económico y político de países productores –independientemente de sus regímenes–, constituye un factor que, curiosamente, se ha arrinconado en el curso de la Gran Recesión. El alza de los precios del petróleo ha quedado sepultado por otros indicadores que han estado más presentes en las agendas políticas, subrayados y difundidos por los medios de comunicación: las cifras del déficit público, de las primas de riesgo, de la deuda pública y del paro. La energía es un decorado de fondo que se enaltece cuando se vincula a negociaciones políticas o a conflictos bélicos. Pero representa una pieza seminal de todo proceso de crecimiento sobre las bases en las que está establecido: su encarecimiento, toda vez que el petróleo barato se ha terminado ya, va a condicionar también la salida de la crisis económica, y el dominio de sus flujos –y de sus stocks– apremiará reestructuraciones en la geografía económica.
Por otra parte, las medidas aplicadas en la Gran Recesión por la Comisión Europea, el FMI y el BCE han tenido unas consecuencias básicas en la Unión Europea: el recorte del gasto público, el rescate de entidades financieras, el aumento del paro, la caída de la demanda agregada y la deflación. Los déficits públicos se han corregido parcialmente; no así la deuda pública, que sigue en aumento precisamente para enjuagar los primeros. Estas recetas, de una severísima austeridad, no están impulsando un crecimiento económico sostenido; al contrario: este proceso está siendo muy frágil, habida cuenta que a los problemas existentes en las economías privadas –incertidumbre, falta de crédito, quiebras, crisis de inventarios, necesidad de capital circulante, inversión anémica–, se le añade la demonización de la economía pública, presentada como la causante de los desequilibrios económicos, despilfarradora e ineficiente, de manera que la solución radica en adelgazarla o en generar formas de privatización de los servicios esenciales (sanidad, transporte, energía). Es así como la Gran Recesión, que se inicia en la esfera privada, se acaba trasladando a la pública con un objetivo esencial: el desmantelamiento del Estado del Bienestar, observado como una fuente de gasto –y no de inversión– que apenas genera beneficios. Recortar se ha convertido en el verbo más conjugado por los políticos y los economistas, como una especie de icono cuya consecución final pondrá los fundamentos para una recuperación efectiva del crecimiento económico. No existen datos empíricos que avalen tal planteamiento; pero no parece importar: el mensaje de que se ha hecho necesario ajustar la economía pública, ligado a la idea de que se ha vivido con excesos, son la justificación perfecta que, además, cuenta con el beneplácito delmainstream académico. Ahora bien, en la Gran Recesión:
- La intervención de los gobiernos frenó la caída de los grandes bancos.
- Pero dado que las deudas no se cancelaron, enormes masas de capital ficticio siguen estando respaldadas por promesas de pago futuro muy dudosas. El problema no está resuelto.
- El dinero va a comprar oro y deuda pública. El capital busca acomodo en nichos seguros, pero de baja rentabilidad, alejados de la economía productiva: persigue afianzar la masa de ganancia.
- El empeño de los gobiernos por evitar quiebras ha eludido una depresión mayor, pero los problemas están postergados.
- No han sido suficientes los esfuerzos para que se recupere la rentabilidad y se relance la acumulación, que debería pasar por una destrucción de capital.
Por consiguiente, la realidad económica es tozuda. De entrada, las políticas que se han adoptado han diferido: en Estados Unidos, la actuación de las instituciones públicas ha sido más decidida que en la Unión Europea, dominada por un diseño en el que la potencia germánica ha marcado, sin fisuras, la hoja de ruta. Esta óptica de una dividida eurozona entre un norte rico, ahorrador, industrial y exportador y un sur menos desarrollado, gastador y terciario, se ha consolidado en la Gran Recesión, a causa de las medidas económicas desarrolladas. Se ha perpetrado un engaño deliberado, nada inconsciente: que la salida a la crisis descansaba sobre la capacidad de exportar, y ésta, a partir de una economía competitiva que necesitaba, a su vez, de costes más bajos. La patraña se ha divulgado desde cátedras, platós de televisión, emisoras de radio y tabloides reconocidos, a parte de las plataformas políticas: exporte usted más, y verá como sus problemas se resolverán. Es el modelo alemán de crecimiento que, como el sentido común aconseja, es imposible de ser emulado por todo el mundo. Es así como se ha elaborado una teoría de la devaluación interna –por la vía de rebajar los costes laborales unitarios–, toda vez que en el marco europeo no pueden darse devaluaciones nacionales monetarias. El engranaje es simple, pero de una profundidad mayúscula, sobre dos ejes básicos: los recortes salariales en la Unión Europea deben allanar la competitividad en una globalización muy concurrida, con líderes económicamente agresivos –China, Estados Unidos, Alemania, sobre todo–; y los ajustes draconianos en las economías públicas mezclan deliberadamente inversiones y gastos, si bien la idea que se vende es racionalizar el sector público frente al presunto despropósito de desequilibrios excesivos. El resultado es el incremento del paro, el desplome de los salarios y, a la vez, la mayor participación de los excedentes empresariales en la formación de la renta, mientras la masa salarial pierde enteros. Dicho de otro modo mucho más directo: la explotación laboral crece, en un contexto en el que la tasa de beneficio se ha estancado. La estrategia se ha sustentado en dos pilares básicos:
- La ideología: desde el momento que resulta difícil justificar el recorte del sector público en las economías de la periferia europea, en las que el peso del gasto público sobre el PIB sigue estando por debajo de la media comunitaria. Esto mueve a pensar que existen preceptos ideológicos que amparan las medidas drásticas de austeridad, esa persecución en cuadrar las cuentas públicas aunque ello comporte pauperizar servicios básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. La batería de actuaciones, tintadas de una ideología economicista –en el peor sentido de la acepción–, ha supuesto precarizar el mercado de trabajo, aumentar la desocupación entre la población joven e incrementar la desigualdad social. Sin embargo, la ideología sigue su cruzada: se dice que esas medidas son las únicas posibles y que no hay margen para otras posibilidades. Todo sin tener en consideración el ciclo económico. El pensamiento único se instala, con más intensidad, en el campo de la economía, e instituciones académicas contribuyen a su apuntalamiento y divulgación. Se nos remite a un futuro incierto de dudoso bienestar desde un presente cierto de malestar constante, sin acciones para encararlo.
- Una política económica regresiva: centrada en exclusiva en “sanear” las cuentas públicas, con tijeretazos gruesos en partidas sensibles, ya enunciadas. Al mismo tiempo, esta pretensión se complementa con anunciadas rebajas de impuestos que se sustituyen por un incremento tangible de la presión fiscal: en esencia, la tributación indirecta. En los casos europeos, los requerimientos de las autoridades comunitarias infieren menores inversiones públicas, en aras de equilibrar los presupuestos y no activar más los déficits, de forma que el escenario económico es evidente: a la parquedad inversora privada se añade, en paralelo, la raquítica inversión pública. En efecto, la desigualdad crece. El crecimiento económico ha beneficiado sobre todo a un estrato social cada vez más reducido. Este planteamiento no es ideológico, sino empírico. Las investigaciones recientes, que incorporan una potente base de Historia Económica (en especial, las aportaciones de Piketty), concluyen de manera solvente que la desigualdad ha aumentado entre 1982 y 2014, bajo los preceptos del paradigma neoliberal. La utilización de otras fuentes estadísticas –relacionadas con la productividad del capital–, van en la misma dirección: el aumento de la desigualdad se correlaciona con una caída de la productividad del capital, un avance en la productividad del trabajo, el incremento de la desocupación y, a su vez, la constatación de dos procesos inversos: la caída de la tasa de ganancia y, con seguridad, el crecimiento de la masa de ganancia. Esto es lo que posibilita seguir con el modelo económico, en un escenario en el que no se acaban de concretar con claridad nuevos nichos de inversión productiva. Las economías más desarrolladas presentan ahora un rasgo definitorio: se han terciarizado. Esto complica todavía más el análisis de la salida de la Gran Recesión. Los economistas se han enfrentado a graves crisis económicas en el pasado, y han tenido que aprender sin experiencias previas (el caso de la crisis energética de los años 1970 es ilustrativo: la estanflación nunca se había producido, de forma que esto representó un reto para académicos y políticos). Pero un nexo común definía las estructuras económicas durante las grandes crisis de 1873, 1929, 1973 y 1979: eran industriales, claramente. La Gran Recesión supone la primera crisis grave que asalta economías de servicios, en los que no siempre existen homogeneizaciones y en donde la mercancía es ausente. Los posibles nichos de inversión tendrán aquí un protagonismo esencial, y no siempre estarán relacionados con cambios en las pautas tecnológicas: la intensidad laboral persistirá, y lo que sería razonable es que ésta se canalizara hacia actividades que tienen una relación directa con el mantenimiento de los resortes básicos del Estado del Bienestar. En tal aspecto, los procesos de educación deberían resultar cruciales, sobre todo en el área de la formación profesional: sanitarios, asistentes, monitores, cuidadores, trabajos que no requieren necesariamente estudios universitarios, cuya aplicabilidad se vincula a relaciones con la infancia –escuelas primarias, por ejemplo– y con la vejez –residencias gerontológicas– y que suponen una mayor intensidad de la fuerza de trabajo. A la par, otros factores deben ser tenidos en cuenta de cara a una nueva política económica que supere las estrecheces y los bloqueos de la actual:
- Pero todo esto debe ser factible si el empresariado participa, y lo hace con criterios no especulativos: he aquí un aspecto microeconómico que los grandes modelos macroeconómicos tienden a ignorar. Los empresarios actúan bajo la lógica del beneficio, y es normal. Pero también debe decirse sin tapujos que buena parte de ellos no se plantean más retos que los que les facilite el amparo del sector público. Joseph Schumpeter puede pasearse con parte de estos capitanes económicos; pero seguro que no se encontraría cómodo con muchos de ellos. Máxime cuando algunas de sus pretensiones radican en obtener subvenciones públicas u otras regalías, y eso les permite mantener negocios y romper así con un principio teológico liberal: el desarrollo del mercado sin distorsiones. Porque los empresarios saben algo que los economistas convencionales –que son legión– se entestan en ignorar, absortos por su religión: que ese mercado no funciona en competencia perfecta, que las presiones y las influencias son esenciales y que los puntos de equilibrio no se construyen más que con manos bien visibles. Privatizar, desregular, relajar impuestos, flexibilizar las normativas laborales, todas las peticiones empresariales se concentran en acotar sus costes laborales unitarios; todos los discursos pueden ser, incluso, políticamente muy correctos, como por ejemplo la inquietud por la investigación y la innovación, la formación de los jóvenes, la preocupación por el desempleo, elementos que, no obstante, raramente se trasladan a las cuentas de explotación de las empresas. En la Europa del sur, la premisa es clara: se busca el menor coste laboral, independientemente de la formación del trabajador. Ese es el objetivo. Y la Gran Recesión lo está rubricando.
- En tal aspecto, algunos de los indicadores como la productividad del capital y la tasa de ganancia, hacen pensar en la visibilidad de inversiones productivas a corto plazo, que resulten atractivas para las empresas. Las transformaciones tecnológicas o tecno-económicas han ido emparejadas a posibilidades inversoras que permitían remontar las caídas en la productividad del capital por la vía del progreso técnico, de manera que se sentaban las bases para una nueva fase de acumulación. Yo no veo esto en la economía actual. Las salidas parecen inexistentes, si se analizan desde la óptica productiva. Se nos pueden ocurrir muchas opciones: energías renovables, nanotecnología, ingenierías genéticas y ambientales; pero la realidad es que los capitales fluyen hacia negocios especulativos y se encuentran más cómodos en los vericuetos de las finanzas: aquí algunas operaciones pueden ser arriesgadas, pero su retorno es rápido y los procesos de amortización son igualmente expeditivos. Por tanto, en la fase económica en la que se ha producido la Gran Recesión no auscultamos tampoco liderazgos productivos. Los grandes crecimientos económicos se están generando en países emergentes, y a partir de la producción de commodities cuyos procesos se han des-localizado por empresas occidentales, de forma que no estamos ante sectores nuevos, como sí aconteció en otros cambios históricos relacionados con revoluciones tecnológicas. Las TIC tienen sin duda una función esencial en el campo inversor, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Pero no son una panacea que vaya a resolver los graves problemas de los mercados laborales en Europa y, en menor grado, en Estados Unidos.
- Con estas premisas, una vez más el sentido común nos hace entender que va a ser muy difícil recuperar la economía: lo que se defiende en la Unión Europea está ralentizando la actividad, y penaliza la recuperación de la demanda. Además, se agudizan los desequilibrios sociales.
- Urgen políticas más inflacionistas en el norte de la Unión, que abran diferenciales salariales entre la Europa más avanzada y la periférica, con el objetivo de evitar una competencia vía salarios. Esta idea infiere la necesidad elemental de que los sueldos suban hasta el punto de que la inflación duplique prácticamente la establecida en el Tratado de Maastricht. Será, a su vez, una garantía para estimular la demanda interior en esas naciones.
- Mayor esfuerzo de inversión pública, con un incremento de la participación de los Estados en el presupuesto comunitario y el concurso del Banco Europeo de Inversiones. En unas coordenadas de atonía en la inversión privada, la pública debe ejercer de palanca de crecimiento, habida cuenta que los multiplicadores nuevamente calculados por el FMI –entre 0,9 e incluso 2,2– pueden hasta cuadriplicar los más austeros –0,5 según un erróneo trabajo del propio FMI, reconocido por su economista jefe–. Esta equivocación monumental ha santificado las políticas de austeridad, que siguen sin entender las correcciones ya advertidas. Es decir: más inversión pública supone más capacidad económica, más crédito, más actividad, más contratación y más empleo.
- Debe repensarse la fiscalidad, para hacerla más progresiva. La caída de ingresos y no el despilfarro generalizado del gasto, ha sido la causa central que ha desequilibrado las cuentas públicas. A pesar de la insistencia de muchos economistas –con datos irrefutables en la mano–, el mainstream ha seguido, impertérrito, en su obstinación casi enfermiza: la culpa es de los malgastadores de los gobiernos, que han dilapidado recursos públicos en cosas tan poco edificantes como hospitales, escuelas, investigación y prestaciones sociales. Estos son los jirones arrancados a la economía pública. Y resarcirlos impone aplicar medidas tributarias a las rentas privilegiadas con la incorporación, además, de dos aspectos esenciales: la fiscalidad ecológica –en la línea de lo que se viene desarrollando en muchos países europeos, principalmente nórdicos–, con la adopción igualmente de figuras fiscales con finalidades estrictamente recaudatorias –más que disuasorias: por ejemplo, las tasas sobre pernoctaciones turísticas–; y la persecución implacable del fraude de altos vuelos, a partir de la eliminación del secreto bancario y de la mayor comunicación inter-bancaria en relación a operaciones y cuentas.
A mi juicio, la Gran Recesión se enmarca en una crisis sistémica, toda vez que supone una clara tendencia en un cambio de liderazgo, el cuestionamiento de los espacios económicos existentes –como la propia Unión Europea–, la pérdida transitoria de capacidad del capitalismo para rehacerse de forma sostenida –con retrocesos en los beneficios– y la incertidumbre –financiera y de objetivos– en la estrategia inversora. Pero el capitalismo, como sistema, no está en fase terminal –como se asevera desde algunos postulados sociológicos, antaño ligados con las tesis de la dependencia– ni se aprecia que nadie vaya a refundarlo –como sugirió un alto mandatario europeo–. El sistema funcionará si aumenta su masa de ganancias, aunque la tasa de beneficios caiga. El final de la Guerra Fría y de la política de bloques ha dado alas al capitalismo en una dirección clara: su ideología lo impregna todo, su lenguaje ha contaminado buena parte de las fuerzas de izquierdas y sus esquemas han sido aprehendidos por muchos intelectuales progresistas. Pero, además, la Gran Recesión está demostrando que los planes del conservadurismo político son volver a una inercia histórica: la que consagraba la desigualdad. Bajar salarios, despedir trabajadores, recortar servicios, adelgazar prestaciones, tienen, a mi entender, un objetivo: instalar el temor y engrosar aquel “ejército de reserva” marxiano que permite, precisamente, mantener los costes laborales a raya y dominar las negociaciones laborales. Hablaba de inercia porque, si se observan las investigaciones más recientes en Historia Económica, desde el siglo XVIII tan sólo en el período 1950-1980 hemos asistido a una fase de mayor igualdad en las rentas, de una equidad más visible. ¿Son, esos años, una anomalía histórica? Los rasgos distintivos del Estado del Bienestar tienen fechas próximas, en el tiempo histórico. La población las ha asumido como estables, imperecederas. La Gran Recesión está demostrando que eso no necesariamente va a ser así, y que las fuerzas de la regresión van a utilizar todos los instrumentos disponibles (entre los que la ideología vuelve a ser determinante) para justificar su derribo y volver a un pasado relativamente cercano. De la respuesta ciudadana, política, social y electoral, dependerá que esto no se cumpla.
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