Tormenta perfecta. La familia Pujol, una operación inmobiliaria del Banco Santander y paraísos fiscales de por medio. Este cóctel sospechoso que ahora investiga la Audiencia Nacional hace siete años que ya fue escrutado por el Banco de España y la Dirección General de Transacciones Exteriores. La inversión de 2.040 millones intermediada por Drago Capital, la firma de gestión fundada por Luis Iglesias y Oleguer Pujol, necesitó los parabienes del supervisor bancario español, que requirió la identidad final de los fondistas de la compañía de seguros británica Pearl Group (ahora Phoenix Group), que cotiza en bolsa, y del fondo de inversión Sun Capital, en aquel momento accionista de la aseguradora.
El celo fiscalizador del Banco de España tenía una razón de ser muy clara. La venta de las 1.152 oficinas por parte del Banco Santander bajo el formato desale and lease back (venta y posterior alquiler al mismo propietario) representaba la primera gran operación de este tipo en nuestro país protagonizada por una entidad financiera. Con el paso del tiempo, serían otros, como BBVA, Banco Sabadell, Bankia… quienes recurrieron al mismo modelo. Entonces, el supervisor bancario quería tener certeza de que el banco presidido por Emilio Botín por un lado hacía caja con la venta de unos activos y por otro lado no participaba en la financiación a los compradores.
Además del visto bueno final del supervisor bancario español, la operación contó con financiación de un pool bancario que también realizó un trabajo de due dilligence sobre la solvencia de los compradores (Pearl Group y SunCap)Esa transacción ahora bajo sospecha, que formó parte del proceso de venta de inmuebles organizada por el Banco Santander, aglutinó a otros muchos agentes del sector financiero y jurídico. Además del visto bueno final del supervisor bancario español, la operación contó con financiación de un pool bancario que también realizó un trabajo de due dilligence sobre la solvencia de los compradores (Pearl Group y SunCap), a los que prestaron un total de 1.600 millones de euros (escritura de financiación en el registro de la propiedad) entre BNP Paribas, Allied Irish Bank, La Caixa, Bank of Scotland, Societe Generale, Erste Bank, Raifeissen Bank y Bayerische Landesbank.
Las garantías del préstamo principal fueron las rentas de los alquileres al propio Banco Santander durante los próximos 40 años, además de las sucursales del banco, más allá de que el vehículo utilizado para canalizar la inversión fuera la instrumental Samus, creada ad hoc para tal efecto. El tramo de la financiación con menos coberturas ascendía a 300 millones, mientras que el importe restante fue aportado por Pearl Group y Sun Capital, dejando a Drago Capital una participación minoritaria del 0,5%, una práctica habitual de los inversores institucionales con sus asesores, a los que obligan a vincularse a la inversión más allá del servicio de gestión de los activos que prestan.
Varios policías, en la residencia de Oleguer Pujol. (Efe)Varios policías, en la residencia de Oleguer Pujol. (Efe)
El flanco jurídico de la operación estuvo cubierto por Clifford Chance como asesor del Banco Santander; Ashurst por parte de Pearl Group y Sun Capital; y Linklaters en el lado de los bancos financiadores. Y todos ellos tuvieron que atender a los requerimientos de información exigidos por el Banco de España para aprobar la operación. Además, para su ejecución, la firma de la inversión millonaria pasó por la notaría Serrano 30, propiedad del notario Antonio Morenés, a la sazón hermano del actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, que cobró una minuta por ese servicio, hasta entonces la mayor operación desale and leaseback realizada (1.152 fichas registrales), de un millón de euros.
A pesar de las referencias previas existentes, la Audiencia Nacional procedió el jueves pasado a la detención de Oleguer Pujol y Luis Iglesias, acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales y estafa, antes de acceder a sus domicilios y oficinas en busca de documentación que vincule las operaciones realizadas a través de Drago Capital con el patrimonio oculto de la familia Pujol. Estas pesquisas, sin embargo, llevan más de año y medio en marcha, tiempo durante el que se ha requerido información de la operación de las oficinas del Banco Santander a todos los implicados en su ejecución, sin que se hubiera sustanciado en alguna acusación en firme hasta el pasado jueves de autos.