El primer macrojuicio contra la corrupción en Asturias comienza con duras críticas a la instrucción
Las defensas del caso Marea piden la nulidad de las escuchas policiales que llevaron a encausar al exconsejero de Educación // Reclaman el testimonio de la esposa del expresidente Areces por su gestión del Instituto Adolfo Posada
LUIS ORDÓÑEZ
@LORDOLORDOR
LUNES 04 DE ABRIL DE 2016
Después de seis años de instrucción, la sala número 3 de la Audiencia de Asturias comenzó la vista oral del caso Marea, el mayor caso de corrupción reciente investigado en el Principado, una trama que presuntamente desvió una cantidad de dinero que ronda entre 6 y 9 millones de euros de los contratos firmados por la Administración autonómica para la adquisición, fundamentalmente, de mobiliario escolar con dos empresas señaladas: Igrafo y Almacenes Pumarín. La investigación comenzó tras las primeras pesquisas policiales por presuntas irregularidades cometidas por la funcionaria Marta Renedo --en la Consejería de Cultura-- pero las escuchas telefónicas terminaron por implicar al exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y su directora general María Jesús Otero. Ambos están acusados de favorecer a las empresas investigadas, en el caso de Otero a cambio de sobornos y regalos de gran cuantía, y en el de Riopedre para favorecer a su hijo, que pasaba un mal momento económico. Aunque todos ellos, los trece procesados, comparecieron este lunes todos juntos por primera vez ante el tribunal, la abogada de Otero, Ana Muñiz, insistió reiteradamente en que los responsables de la Consejería y la funcionaria no se conocían hasta que coincidieron en la instrucción, y que sus casos deberían abordarse en dos procesos diferentes.
En la dilatadísima instrucción participaron dos jueces, primero la magistrada Ana López Pandiella, en Gijón; y posteriormente en Oviedo el juez Ángel Sorando. Ambos fueron duramente criticados por los distintos abogados de la defensa en esta primera sesión del juicio oral, acusándolos de saltarse varios procedimientos --casi todos los letrados han solicitado que se anulen las escuchas sobre las que se basa buena parte de la investigación-- y de excesivo protagonismo mediático. El caso Marea es el primer juicio celebrado en Asturias en el que se ofrecerá una señal audiovisual para seguir el proceso, ha despertado gran expectación en los medios --lo que ha provocado también las quejas del abogado de Víctor Muñiz (Igrafo), quien cuestionó hasta qué punto el derecho a la información se superpone al de la defensa-- y también una intermitente tormenta política. El caso Marea, su investigación, nació en pleno auge del casquismo con Foro llegando a la presidencia del Principado en la primera debacle electoral del socialismo en los primeros años de la crisis y llega a su final con un parlamento muy dividido en el que cualquier indicio de corrupción es 'casus belli' para los partidos. Los abogados se han lamentado de que "el circo político", en palabras de Ana Muñiz, haya contaminado, en su opinión, el trabajo de los letrados. Varios creen que hubiera podido alcanzarse un acuerdo entre las partes tiempo atrás. La actual administración socialista, acechada en una Junta General muy dividida, considera un anatema la posibilidad de ese pacto, que ya ha saltado al debate político en más de una ocasión y se ha negado a ello hasta el final.
Quizá para tratar de hacer ver que no habían remoloneado con la exigencia de responsabilidades económicas, la representación del Principado presentó poco días antes de que abriera el juicio oral un informe en el que ampliaba a casi un centenar de centros los casos de colegios e institutos en los que se había pagado a las empresas investigadas por material que nunca se había recibido. Una prueba documental que incluía declaraciones de 87 directores de centros educativos hasta sumar una cantidad defraudada que superaba los 4 millones de euros. Tanto la Fiscalía como los abogados de los distintos acusados manifestaron su negativa a aceptar esta prueba con fuertes críticas, además, al Principado por no haberlas aportado en los seis años de instrucción. El presidente del tribunal, el juez Javier Domínguez Begega aceptó sus argumentos y rechazó el informe. Después dio paso a que los letrados de la defensa presentaran sus cuestiones previas.
Nulidad de escuchas
Con distintas variaciones, cada abogado expuso motivos diferentes, unos durante más de una hora y otros en apenas unos minutos, las defensas esbozaron las primeras líneas de su ataque a la acusación con dos grandes argumentos: el primero, que las irregularidades investigadas son sólo una parte menor de una gestión "caótica" en la administración autonómica, en la que los expedientes de comprar de material son a menudo modificadas por los directores de los centros educativos por lo que realmente no es posible saber si ha habido fraude; y la otra, un durísimo ataque a la instrucción, tanto de Pandiella como de Sorando, en la que aprecian que no se han respetado los derechos de sus detenidos, estiman que las escuchas policiales no tienen suficiente soporte legal y que deben ser anuladas.
El primero en tomar la palabra fue el abogado de Marta Renedo, José Carlos García Hernández, quien reclamó que no se tuvieran en cuenta las intervenciones telefónicas de su defendida, llegando a citar el caso de la destitución del exjuez Baltasar Garzón, ya que, según aseguró, fueron grabadas conversaciones de Renedo con su abogado de entonces hablando de la causa, afirmó que muchas de las grabaciones correspondían a charlas personales que no se habían cotejado durante la instrucción y que le había dado "pudor" escuchar y también puso en duda que se hubiera custodiado debidamente el ordenador de la funcionaria en el que se encontraron pruebas en su contra. Llegó a poner en duda que los instructores hubieran podido autorizar las grabaciones del teléfono de Riopedre siendo consejero en ejercicio ya que, al ser aforado, señaló que el caso hubiera tenido que pasar al Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Por eso reiteró su petición de declarar la nulidad de las escuchas, "si esto se permite yo dejo la toga o me voy de este país porque no se puede consentir".
El abogado de Víctor Muñiz, el empresario de Igrafo, llegó a calificar de "máquina expendedora de autorizaciones" a la jueza Pandiella, señalando como otros letrados de la defensa que las grabaciones policiales fueron, en su opinión, arbitrarias y que basaron sus investigaciones en intuiciones. Muñiz reclamó en todo caso, la comparecencia como testigo de Dolores Saavedra, esposa del expresidente Areces y en su día directora del Instituto Adolfo Posada ya que, según afirmó, del informe remitido por el Principado se deduce un "fraude catedralicio" en la adquisición de mobiliario para ese centro. La representación del Principado reclamó por su parte que comparezca como testigo el hijo de José Luis Iglesias Riopedre. Ambas peticiones deberán ser tomadas en cuenta o no por el tribunal en los próximos días.
Ana Muñiz, en representación de Otero, insistió en que su defendida no tiene ninguna relación con Renedo, que debería ser parte de un proceso diferente; y, a la salida de la primera sesión, criticó la intromisión que, en su opinión, ha tenido el debate político en el caso, cargando con dureza contra el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez "porque ya dice de cuánto va ser la sentencia". Por su parte, el abogado de Riopedre, Sergio Herrero se sumó a la petición de nulidad de las escuchas, también solicitó la del registro del domicilio de su defendido y criticó la forma en la que fue detenido durante la fase de instrucción --Riopedre pasó 41 días en prisión preventiva-- ya que, según aseguro, la jueza Pandiella no le informó de los hechos concretos sobre los que se le acusaba, hasta tal punto, afirmó, que renunció a su derecho a no declarar para ver si a través del interrogatorio podía conocer qué actos eran los que respondían a la investigación.
Largas penas
Para los exresponsables de la cúpula de Educación, se reclaman duras penas. El fiscal pide para Otero once años y medio de prisión por prevaricación, fraude y exacciones fiscales, malversación de caudales públicos y cohecho, así como una multa de 2,5 millones de euros, cantidad que habría recibido "como mínimo" de los gerentes de Igrafo y Almacenes Pumarín por amañar contratos. Iglesias Riopedre afronta por los mismos delitos diez años y medio de cárcel y una multa de 400.000 euros, mientras que Marta Renedo puede ser condenada hasta diez años de prisión y multa de 480.000 euros por un delito continuado de falsificación de documento oficial en concurso con otro de malversación de caudales públicos, y otro continuado de cohecho.
Tras los primeros alegatos de la defensa llegará el turno de las declaraciones. La primera llamada a declarar será la funcionaria Marta Renedo Avilés, cuyas iniciales le han dado nombre al caso. Mañana martes se iniciará la segunda jornada del juicio oral, sólo el segundo paso en un largo camino. Se han programado 37 sesiones en el primer macrojuicio por corrupción que se celebra en Asturias.
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