¿Cómo influyen las políticas públicas en la desigualdad de ingresos? A esta pregunta han respondido el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económica) y la Fundación BBVA, y su conclusión es que lo hacen de forma muy determinante. Hasta el extremo de que las políticas de pensiones, prestaciones sociales, salud, educación e impuestos directos han conseguido en los años de la crisis reducir hasta en un 45,7% la desigualdad de ingresos que se genera en los mercados de trabajo y capital.
La segunda conclusión del estudio es que durante la crisis ha aumentado la importancia de las políticas públicas en la renta de los hogares españoles como consecuencia del retroceso de los ingresos proporcionados por los mercados y a pesar de los ajustes fiscales que han tenido lugar. Sin embargo, sostienen los autores del estudio, ese aumento del papel compensador de las políticas no ha evitado la caída de la renta disponible ajustada de las familias -la resultante una vez computadas todas las actuaciones públicas- ni el incremento de la desigualdad.
La tercera de las conclusiones es que el deterioro del mercado laboral es el principal factor generador de desigualdades en España. La mayor desigualdad en la distribución de la renta que se observa a partir de 2008 se deriva del sustancial empeoramiento de los ingresos y la falta de oportunidades de empleo que ha acompañado a la crisis económica. El trabajo ha sido dirigido porFrancisco Goerlich, catedrático de la Universidad de Valencia y profesor investigador del Ivie.
El estudio señala que las cifras de la evolución de la desigualdad de los rendimientos brutos del trabajo -medida por el índice de Gini, cuyo valor es 100 cuando la desigualdad es máxima y 0 cuando la igualdad es completa- muestran tendencias diversas según el colectivo de trabajadores considerado. La distribución salarial es cada vez más homogénea en estos años si se comparan solo los ingresos de los asalariados a tiempo completo, “porque la crisis expulsó del mercado a una proporción mayor de empleados con bajos salarios”. En cambio, la heterogeneidad aumenta cuando se incluyen en la comparación los asalariados a tiempo parcial y, sobre todo, los autónomos, un colectivo entre cuyos miembros hay una gran disparidad de ingresos.
Una de las consecuencias de esos cambios en la distribución de la renta de mercado es que ha ganado peso la población de los hogares situados en laparte baja de la distribución de la renta “a costa de los ubicados en el centro de la misma”. Hace una década, el 59% de la población pertenecía a familias situadas en niveles de renta intermedios -entre el 75% y el 200% de la renta mediana- frente al 31% de los situados por debajo del 75% de la mediana. El 10% restante se situaba en los niveles de ingresos superiores al doble de la mediana, y ese porcentaje apenas ha cambiado, habiéndose reducido un 0,7%.
Hundimiento de las clases medias
En cambio, el porcentaje correspondiente al grupo intermedio se ha reducido significativamente, hasta el 52%, mientras que el de los situados en los niveles bajos “ha aumentado hasta el 39%”. Así pues, “cerca de tres millones de personas se han desplazado de la zona central a la parte baja de la distribución de la renta y han pasado de verse como clases medias participantes del progreso a sentirse vulnerables a las consecuencias de situaciones difíciles, como es la actual crisis económica”.
El porcentaje correspondiente al grupo intermedio se ha reducido significativamente, hasta el 52%
Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2014, referida a datos de ingresos de 2013, el índice de Gini de la renta de mercado es de 53,2 puntos para el conjunto de los hogares, el de la renta disponible de 35,4, y el de la renta disponible ajustada de 28,9; es decir, “la desigualdad experimenta una reducción del 45,7% por efecto de las políticas desarrolladas”.
Según estos resultados, los efectos redistributivos de las políticas públicas se producen mucho más por el lado de los gastos (transferencias monetarias y servicios públicos gratuitos) que por el de los ingresos (impuestos directos). En concreto, la mayor reducción de la desigualdad se debe al sistema de pensiones (representan en 2013 el 46% del efecto total), porque suponen un volumen de gasto muy elevado y ofrecen ingresos a muchos hogares cuyos miembros no tienen actividad laboral.
La segunda política de gasto en importancia es la de servicios públicos, que contribuye en un 27% (15% sanidad y 12% educación) a la reducción de la desigualdad que realiza el sector público. La contribución de las prestaciones por desempleo y resto de prestaciones sociales representa el 19%. El sistema fiscal, por su parte, tiene un efecto redistributivo modesto (un 8% del efecto total de las políticas públicas en 2013, tras ir perdiendo peso).
El gasto público ha ganado importancia en los ingresos de las familias durante la crisis como consecuencia de la caída de las rentas de mercado y a pesar de los ajustes de algunos de sus componentes -educación y sanidad, pero no el gasto de protección social-.
El sistema fiscal, por su parte, tiene un efecto redistributivo modesto (un 8% del efecto total de las políticas públicas en 2013, tras ir perdiendo peso)
Si se divide la población en cinco grupos de igual tamaño (quintiles) según sus ingresos per cápita (considerando tanto los derivados del mercado como los de todas las actuaciones públicas, incluyendo los servicios que son gratuitos), se observa que los ingresos totales del quintil más pobre representan actualmente el 41% de la media; en ese escalón, el 72% de los ingresos de los hogares no provienen del mercado sino de las actuaciones públicas.
En cambio, en el quintil más rico el peso de los ingresos que provienen de fuentes públicas se reduce al 10%. Los ingresos totales de todos los grupos han retrocedido durante la crisis y que en todos ellos el sector público ha ganado peso significativamente, como consecuencia sobre todo del incremento del número de pensionistas y perceptores de subsidios.
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