sábado, 4 de junio de 2016

Falciani/Botín....Santander.

La investigación judicial sobre la lista Falciani ha trascendido los límites del banco de origen británico HSBC, epicentro del escándalo, para acabar salpicando al Santander. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordenó este viernes el registro de los cuarteles generales en Boadilla del Monte de la mayor entidad financiera española para tratar de averiguar si colaboró en el blanqueo de los fondos que se alojaban en la filial de Ginebra (Suiza) del HSBC y que salieron a la luz en 2010 gracias a una filtración masiva del informático monegasco Hervé Falciani.
Según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso, las pesquisas no se centran en las presuntas irregularidades cometidas por los clientes que figuraban en la lista Falciani sino en el funcionamiento de las operaciones que habrían permitido el retorno de ese dinero al circuito legal. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados del caso requirieron información sobre cuentas del Santander que habrían alojado fondos procedentes del HSBC y también solicitaron documentos a la entidad sobre los movimientos que realizó para que el dinero de Suiza desembarcara en territorio nacional.
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La investigación gira sobre un posible delito de blanqueo de capitales procedentes de un delito previo contra la Hacienda Pública. Los datos más recientes de la lista Falciani corresponden al ejercicio 2007, por lo que ya se habrían superado los cinco años de prescripción del delito fiscal que podría imputarse por la ocultación de esos fondos. Sin embargo, el blanqueo de capitales no habría prescrito si, tras el afloramiento del dinero, se siguieron encadenando operaciones encaminadas a eludir la acción de la Agencia Tributaria o, simplemente, a mantenerlo en propiedad. Esa es la motivación jurídica que habría permitido la apertura de esta pieza secreta.

Procedimiento en una fase inicial

Los agentes de la UCO llegaron a la sede central del Santander a primera hora de este viernes y abandonaron las instalaciones a media tarde. Según fuentes cercanas al caso, las averiguaciones se encuentran en una fase inicial y aún no se ha determinado con exactitud el papel que la entidad pudo desempeñar en el lavado de los fondos opacos. Los documentos recabados por orden judicial servirán precisamente para avanzar en la asignación de responsabilidades.
Las pesquisas también se dirigen contra HSBC aunque, en 2013, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado concluyeron que sus máximos responsables no podían ser investigados por la Justicia española por falta de jurisdicción. El banco de origen británico solo tiene en estos momentos en España una división de banca corporativa e inversión localizada en el centro financiero de Madrid.
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. (EFE)
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. (EFE)
Fuentes cercanas al caso han precisado que la investigación no se dirige contra la familia Botín. Los principales accionistas del Santander tuvieron que pagar 200 millones de euros a Hacienda tras la filtración de la lista Falciani. La base de datos del HSBC reveló que los Botín habían ocultado en Suiza durante décadas un patrimonio de más de 2.000 millones de euros. Su situación quedó regularizada tras el pago de la multa.
Fuentes cercanas al caso han precisado que no se contempla por ahora la existencia de dinero que haya tenido su origen en otro tipo de prácticas delictivas
Las mismas fuentes aseguran que las pesquisas de la UCO están relacionadas únicamente con el supuesto blanqueo de fondos procedentes de un delito contra la Hacienda pública. No se contempla por ahora la existencia de dinero que haya tenido su origen en otro tipo de prácticas delictivas, como narcotráfico o corrupción.

Remisión de 40 causas a juzgados locales

En paralelo a la investigación que instruye bajo secreto de sumario, la Audiencia Nacional remitió este viernes a juzgados locales los procedimientos que abrió en 2013 contra 40 clientes o grupos familiares que tenían fondos en el HSBC para investigarlos por separado por delito fiscal y blanqueo de capitales. Estos procesos se centran en el presunto fraude que habrían cometido en el ejercicio 2007 los clientes que se negaron a llegar un acuerdo con Hacienda. Los hechos de los años 2005 y 2006 ya fueron remitidos en su día a los juzgados locales y se encuentran en diferentes fases. Las primeras condenas ya han empezado a producirse. Como reveló El Confidencial el pasado febrero, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó en diciembre la condena al empresario melillense Jacob Benzaquen Belilty a siete años de cárcel por haber ocultado en el HSBC más de nueve millones de euros.
Los miles de nombres que aparecían en la lista Falciani ocultaban un total de 78.000 millones de euros. En torno a 3.000 clientes tenían algún tipo de vinculación con España, bien por su nacionalidad o por las direcciones que dejaron en el HSBC.

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