Alcoa acusa al Gobierno de no hacer nada por frenar sus pérdidas en Avilés
Las cuantifica en ocho millones este mes y justifica su plantón en Industria porque esas reuniones tienen «un fin político» y no constructivo
Las críticas a Alcoa de la reunión del pasado miércoles en el Ministerio de Industria, en la que las administraciones (central, autonómicas y locales) y los sindicatos cargaron contra la compañía por darles plantón y su «falta de voluntad negociadora» sobre el cierre de las plantas de Avilés y La Coruña, tuvo ayer su respuesta por parte de la empresa. El presidente de la multinacional en España, el asturiano Rubén Bartolomé, justificó su ausencia en la mesa tripartita porque esta «únicamente tiene un fin político y nada constructivo» y, por lo tanto, no siente la necesidad de que el grupo acuda a esas reuniones. Así se lo trasladó al comité de empresa de la factoría de Avilés en la cuarta reunión del periodo de consultas, a la que, una vez más, no acudieron los representantes de la factoría gallega, mientras que los asturianos volvieron a negarse a negociar despidos.
Pero la empresa fue más allá en su argumentario. Según aseguró Bartolomé, a pesar de que nadie de Alcoa aparece por las reuniones del Ministerio de Industria, la multinacional mantiene relaciones «abiertas y fluidas» con todos los actores implicados y, por tanto, no necesitan acudir a otros foros, ya que «priorizan la mesa negociadora con los trabajadores». De hecho, criticó que el Gobierno sea perfectamente consciente de sus necesidades y no haga absolutamente nada para revertir las pérdidas en las plantas, que solo en la de Avilés cuantifican en ocho millones durante este mes.
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El comité de empresa de la planta de Avilés insistió, como lo había hecho la mesa tripartita el día anterior, en «la mala fe» de la multinacional, que sigue sin querer retirar el ERE de extinción para intentar buscar una salida que permita mantener la actividad y los empleos, mientras que la compañía cargó contra el comité de la factoría gallega por no acudir a las reuniones y que no se haya podido formar la comisión representantiva de los trabajadores.
Este mismo razonamiento es el que emplea Alcoa en su respuesta al oficio de la Dirección General de Trabajo del pasado 14 de diciembre, en el que el organismo público acusaba al grupo americano de no actuar de «buena fe» en el ERE y cuestionaba que tuviera «verdadera voluntad negociadora». En un escrito presentado ayer por la multinacional y firmado por Rubén Bartolomé, este culpa al comité gallego de que no haya negociación. «El hecho de que las reuniones no se estén produciendo es imputable únicamente a la parte social, de quien en su caso debe predicarse la presunta ausencia de voluntad negociadora que meciona el oficio», señala el presidente de Alcoa en España.
Fuentes de la compañía consultadas por este periódico, lamentaron ayer la ausencia de los representantes gallegos y llamaron «a su responsabilidad», porque «esta dilación solo perjudica a todos los trabajadores afectados». Además, también subrayaron que mantiene «canales abiertos» con las instituciones y los sindicatos, a los que «agradecen» su interés.
En la respuesta a la Dirección General de Trabajo, al igual que trasladó al comité de empresa asturiano, el presidente de Alcoa insistió en que la compañía está dispuesta a ampliar el periodo de consultas 30 días, o incluso más, pero únicamente si se designa la comisión negociadora, es decir, que acuda el comité de La Coruña. Solo entonces planteará propuestas y alternativas que ya aseguró tener, un aspecto muy criticado por el presidente del comité asturiano, José Manuel Gómez de la Uz, que se pregunta por qué si barajan opciones no las ponen encima de la mesa.
De hecho, la compañía se niega en rotundo a retirar el ERE, como pidieron de nuevo los representantes de los trabajadores asturianos, para comenzar un periodo amplio de negociación y búsqueda de soluciones. Según la multinacional, este expediente es «firme e inamovible» y lo único que ofrece es, precisamente, ampliar el periodo de consultas. y estudiar cualquier propuesta de compra siempre que sea «sólida», «viable» y respete los derechos de los trabajadores, aunque asegura no tener «una propuesta concreta».
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