El Ayuntamiento de Oviedo girará a la Iglesia el impuesto de las obras del Seminario
Rubén Rosón pide al arzobispo que determine qué partes del inmueble son susceptibles de cobrar el gravamen
El Ayuntamiento de Oviedo enviará en los próximos días una comunicación al Arzobispado en la que, en base a la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid el pasado 1 de enero, por la que el Consistorio de Getafe pudo cobrar el CIO (Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras) a una orden religiosa, le encomienda a «hacer un análisis de la situación fiscal en la que se encuentran las obras del Seminario Metropolitano» y «discernir» qué parte de las actuaciones que actualmente se están realizando en el inmueble «están sujetas a la tasa».
Precaución necesaria «al no estar todas las instalaciones dedicadas en su totalidad al culto o la vivienda de los religiosos». En los términos que maneja el concejal de Economía, Rubén Rosón, que emplazará al Arzobispo, Jesús Sanz Montes, a mantener una reunión «a disposición de la agenda» de monseñor, el edil hace extensiva su pretensión a «otros inmuebles de su propiedad que pudieran estar al margen de la fiscalidad municipal y regularizarlos».
El fin de la carta no es otro que cobrar el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuya base imponible es del 4% sobre el coste material de cualquier obra que precise licencia municipal. La primera fase de la reforma del Seminario Metropolitano comenzó el pasado día 5 y su coste asciende a 2,18 millones de euros. Consiste en transformar 6.200 metros cuadrados del ala que ocupaba hasta 2005 el colegio de La Asunción en una nueva residencia para seminaristas, más moderna, con capacidad para cincuenta personas. En la parte baja se habilitarán una sala de comunidad, otra de formación y una biblioteca, aunque una parte se destinará a ampliar el área alquilada a los cursos de preparación del MIR.
A esto último es a lo que se sujeta Economía para querer cobrar el impuesto al Seminario, por entender que alquilar aulas es una actividad económica que quedaría fuera de la exención que la propia ordenanza municipal 403 que regula el impuesto dictamina para «la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las Diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los Institutos de Vida Consagrada y sus provincias y sus casas».
Sacando escuadra y cartabón para delimitar qué partes del antiguo colegio de La Asunción son susceptibles de pagar el impuesto, el Ayuntamiento estaría obligado, asimismo, a aplicar una bonificación en la tasa. El Seminario goza de protección de categoría parcial 2 en el catálogo Urbanístico de Oviedo y, para inmuebles de estas características, la ordenanza contempla una rebaja del 20%. De hecho, el nivel de protección fue uno de los escollos que tuvo que salvar la Iglesia para la concesión del permiso de obra por parte de Urbanismo.
Desde el Seminario descartaron ayer hacer declaraciones acerca de las intenciones del Ayuntamiento pero, por otro lado, recordaron que la institución está a la espera de que la administración local dé respuesta oficial a un escrito presentado el pasado 12 de septiembre en el registro general del Consistorio con el que solicitaban la exención del pago del impuesto en base a la citada ordenanza fiscal 403.
Por su parte, el Arzobispado, que en parte financia las obras a través de una subvención ordinaria, se remitió a meses atrás eludiendo la polémica. Concretamente a enero cuando, a raíz de la sentencia del Contencioso madrileño, se activaron los planes de Economía para cobrar tasas e impuestos a la Iglesia. «El concejal repite una y otra vez lo mismo. No queremos polémicas», indicaron fuentes eclesiásticas. En su momento, Sanz Montes la eludió colocando a Wenceslao López como único interlocutor válido y afirmando que la Archidiócesis, según la legislación vigente, no mantiene ninguna actividad lucrativa.
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