El acuerdo del Brexit no contenta a nadie en Reino Unido, ¿por qué?
El documento firmado entre Bruselas y Londres ha causado un efecto inesperado: no contenta a nadie en Reino Unido. Los partidarios del Brexit dicen que hace del país un "estado vasallo" de la UE, mientras que los partidarios de Europa reconocen que es malo para los británicos. Irlanda, de nuevo, centra todo el debate.
El acuerdo firmado el pasado martes entre Bruselas y Londres es un acuerdo de mínimos que ha permitido dar un paso adelante en la salida de Reino Unido de la la Unión Europea. Sin embargo, ha tenido un efecto letal en Reino Unido. Nadie está contento con el acuerdo. Theresa May ha asegurado que lo ha aceptado "por el interés nacional", pero la realidad es que ni proeuropeos ni euroescépticos están contentos con la posición de salida.
Éstos son los puntos esenciales del acuerdo.
Periodo transitorio. El Brexit tendrá lugar oficialmente el 29 de marzo de 2019, pero el documento incluye un acuerdo transitorio que evita el llamado "efecto acantilado" y que se prolongará hasta diciembre de 2020. Sin embargo, se indica que este periodo se podrá extender, un punto que ha sido bien recibido por los analistas. "La posibilidad de extenderlo hace el proceso más gradual", dice Barclays en una nota a sus clientes. Con este periodo se pretendía evitar que las empresas y los ciudadanos se levantaran el próximo 1 de abril en un país sometido al caos, donde ya no funcionarían las leyes europeas, pero donde no habrá dado tiempo a crear una nueva legislación para regir el país. Durante este periodo extra de tiempo, las leyes europeas seguirán vigentes, algo que no ha gustado a los partidarios del Brexit duro, que pretendían romper con la UE desde el momento cero. Reino Unido seguirá siendo parte del mercado único y de la unión aduanera durante este tiempo.
Derechos de los ciudadanos. Una buena parte del acuerdo, que cuenta con cerca de 600 páginas, está decicado a qué pasará con la inmigración una vez Reino Unido esté fuera de la UE. El acuerdo firmado entre Londres y Bruselas protege los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en Reino Unido y los de los británicos que residen en países de la Unión Europea, principalmente España y Francia. Esta protección llega hasta el final del periodo transitorio. El acuerdo permite a los residentes y a sus familias seguir viviendo, trabajando y estudiando como hasta ahora hasta finales de 2020. Quienes tengan la residencia permanente antes de esa fecha podrán seguir viviendo en Reino Unido, y aquéllos que permanezcan más de cinco años, podrán quedarse de forma permanente.
Sin embargo, una vez que el periodo transitorio finalice, el acuerdo estipula que Reino Unido podrá requerir a los comunitarios un documento que acredite su residencia. El acuerdo especifica que la aplicación para lograr este status será "corta, simple y amigable". Esto también aplica a los ciudadanos británicos que viven en otros países de la UE. El documento indica que un país puede pedir a la gente que "de forma voluntaria" empiece a aplicar dicho documento para lograr el estatus de residente. Por último, el acuerdo indica que Reino Unido y la UE deben lograr soluciones para entradas y salidas cortas de un país por motivos de trabajo; una zona sin exigencia de visa para viajes cortos o vacaciones; y cooperación a la hora de combatir la inmigración ilegal.
Irlanda del Norte. El punto esencial del tratado es qué solución dar a la región de Irlanda del Norte con el fin de sostener el proceso de paz y de evitar una frontera dura que divida la isla de Irlanda en dos partes. Años de conflicto, terrorismo y cientos de víctimas exigen que Irlanda no vuelva a la situación en la que vivía antes de los Acuerdos de Viernes Santo, que sellaron la paz definitiva. El documento incluye protecciones de los derechos de los ciudadanos, cooperación en materia de seguridad y el mantenimiento del área común de viajes entre Irlanda y Reino Unido y que garantiza el libre movimiento entre los dos países. Pero lo más relevante, sin embargo, es la garantía de que existiría una unión aduanera que permitirá que no sea necesario levantar una nueva frontera física y que evitará los controles en el Mar de Irlanda. Ésta era una de las líneas rojas marcadas por el Gobierno de Theresa May. La libre circulación de bienes en la isla de Irlanda seguirá en vigor hasta que otro acuerdo entre la UE y Reino Unido los reemplace.
Acuerdo financiero. La campaña del Brexit también enfatizó que Reino Unido ahorraría millones de libras a la semana una vez fuera de la UE. Sin embargo, las ataduras financieras de los británicos con sus socios europeos durarán más de lo previsto. Según el acuerdo, Reino Unido cumplirá todos sus compromisos financieros con Bruselas con el fin de que su marcha no cueste dinero al resto de socios. El Tesoro británico calcula que salir de la UE supondrá un desembolso de entre 40.000 millones y 50.000 millones de euros. Otras instituciones son menos optimistas y cifran en 60.000 millones el pago que queda por hacer a los británcios. Reino Unido contribuirá al Presupuesto de la UE en 2019 y 2020 como si siguiera en el bloque. Después, "aportará su parte a la financiación" de las responsabilidades pendientes de la UE hasta que venzan. La mayoría de las contribuciones se harán en 2025, aunque algunos pagos podrían continuar hasta 2064.
Gobernanza. El acuerdo incluye también los mecanismos institucionales que permitirán la puesta en marcha de todas las medidas contempladas en el acuerdo. Estas incluyen la creación de un comité conjunto que lidiará con las posibles disputas entre ambas partes, con una opción de que cada una -Londres o Bruselas- pueda pedir un arbitraje en caso de conflicto. Aún así, se reconoce la supremacía de la Corte Europea de Justicia en casos de conflictos que involucren leyes europeas. Acabar con la supremacía de las leyes europeas era también un asunto prioritario para los defensores del Brexit.
El acuerdo busca un divorcio suave que no afecte a la cooperación entre Reino Unido y la UE. Entre los aspectos que se tratan está la colaboración policial y judicial, así como compartir información sensible relativa a Defensa o espionaje. También se habla de la necesidad de proteger la propiedad intelectual y la forma en que Reino Unido saldrá de Euratom, la agencia que regula la industria nuclear y el trasporte de materiales radioactivos.
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